El domingo 4 de octubre, Brasil elige entre dos modelos de país que, según las últimas encuestas, se medirían en una muy ajustada segunda vuelta. Lula da Silva busca un cuarto mandato con un Estado que se asume regulador y una política exterior que hizo de la autonomía su bandera. Flávio Bolsonaro, heredero electoral de un padre condenado por intento de golpe, entre otros delitos, propone un Estado mínimo y una sintonía automática con Washington.

Esas distancias se vuelven difusas cuando la lupa se posa sobre los planes que tienen en materia de inteligencia artificial los candidatos a conducir la primera economía de la región. Ambos quieren un Brasil convertido en polo de infraestructura, ambos con un modelo regulatorio prestado: Lula acompaña un proyecto calcado de la ley europea y Flávio prefiere una regulación mínima. Ninguno discute el lugar que el país ocupa en la cadena, que es el de quien exporta energía e importa tecnología.

El consenso tiene la forma de esas naves sin ventanas, refrigeradas día y noche, donde se apilan miles de servidores. Lula promete expandirlas con salvaguardas socioambientales y cómputo soberano, en tanto Flávio quiere hacer del país un polo global de centros de datos con energía abaratada a fuerza de rebajas tributarias. Uno condiciona y el otro desgrava, pero ambos parten de una premisa discutible: que la ventaja de Brasil en la economía de la IA reside en su electricidad, su agua y su territorio, antes que en sus ingenieros, sus universidades o sus datos. 

El gobierno de Lula ya consagró ese acuerdo. La Ley 15.504 libera de impuestos federales los equipos de los data centers a cambio de reservar el 10% de su capacidad al mercado interno, invertir en investigación, cuidar el agua y usar energía renovable “o de baja emisión”, una fórmula cuya definición sigue pendiente y divide al propio gabinete. Lo que la ley dejó abierto lo cerrará quien gobierne: con Lula, el desafío será que las contrapartidas no se diluyan en la reglamentación; con Flávio, el riesgo es que dejen de exigirse.

En materia de regulación ocurre algo distinto. Brasil no tiene una ley de IA: el marco que la crearía fue aprobado por el Senado en diciembre de 2024 y desde entonces aguarda un dictamen en la Cámara de Diputados, con un proyecto del gobierno anexado y un tratamiento aplazado hasta después de las elecciones. Lula quiere completarlo; Flávio reclama reglas que no espanten la inversión. Como el domingo se renuevan toda la Cámara y dos tercios del Senado, el nuevo Congreso pesará tanto como el presidente a la hora de decidir si la ley avanza, se reescribe o vuelve a dormir.

El problema, con todo, no es solo la demora sino el molde. El proyecto calca la arquitectura de la ley europea, con su clasificación por niveles de riesgo y sus multas millonarias, una norma pensada para un bloque que consume y regula aplicaciones, no para un país que aspira a alojar la infraestructura física de la IA ni para una democracia cuya campaña ya se libra a golpe de contenido sintético.

No es casual que esta discusión, desde ya que con baja intensidad, llegue a las urnas. Desde el arancelazo que Estados Unidos impuso a Brasil en 2025, Lula hizo de la soberanía el eje de su estrategia y trasladó a la agenda doméstica problemas que el mundo suele discutir en foros multilaterales. El 22 de septiembre recorrió el camino inverso y llevó la campaña a Naciones Unidas, donde habló a la vez de las elecciones, así como de la omisión histórica que sería no regular la IA.

Durante esos días, la pregunta sobre quién gobierna la inteligencia artificial recibió otras tres respuestas. Minutos después de Lula, y desde el mismo atril, Trump rechazó cualquier esquema global para controlar esta tecnología. Al día siguiente, los jefes de Anthropic y OpenAI, entre otros, advirtieron al Consejo de Seguridad que decisiones de esa magnitud no pueden tomarse solo en San Francisco. Y una semana más tarde, el presidente estadounidense selló con ellos un acuerdo voluntario, “moralmente vinculante” según su propia definición, con el que una superpotencia encargó a su industria la tarea de ponerse sus propios límites.

Conviene leer esa secuencia sin ingenuidad. Las preocupaciones de seguridad son reales, y la desaceleración que piden los laboratorios es por ahora más una declaración de intenciones que un freno. Pero la discusión refleja también la intensa competencia comercial entre las empresas líderes y la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. Cualquier posición que adopte América Latina difícilmente pese en la trayectoria de la IA de frontera. Lo que la región sí puede llevar al debate es la perspectiva de quienes deben administrar las consecuencias de una tecnología cuyo desarrollo no controlan.

De ahí la necesidad de un mecanismo regional que permita superar el problema de capacidad e infraestructura que la IA exige, complementando las estrategias nacionales allí donde coordinar agrega valor: cómputo y energía, interoperabilidad de datos, regulación y capacidades compartidas de evaluación y auditoría. Una escala mayor permitiría además subirse al tren de la IA con algo más que electricidad y capturar una porción mayor de la inversión y de la cadena de valor. Brasil, por tamaño, es el candidato natural a convocarlo.

Gane quien gane, los data centers se van a construir. Lo que empieza a definirse este domingo, y casi con seguridad se resolverá el 25 de octubre, es si Brasil seguirá ocupando el lugar de quien pone la energía y recibe las reglas, o si usará su tamaño para escribirlas junto a sus vecinos. La autoridad para proponerlas a la región, como la de reclamarlas en Nueva York, empieza por tenerlas en casa.

 

Vivimos en una época en la que Tetris denuncia a la Casa Blanca y la noticia, lejos de parecer inventada, ni siquiera genera revuelo. La compañía Tetris, propietaria de los derechos del clásico videojuego, demandó a la administración Trump por un clon del juego titulado Build the Wall, donde el jugador debe impedir que extraterrestres y zombis crucen la frontera con México. El juego forma parte de Arcade, una sección publicada en el sitio oficial de la Casa Blanca que reúne cinco videojuegos sencillos para promover las políticas de la administración.

Es tentador leer el episodio como una anécdota más de la ofensiva cultural del trumpismo. Pero hay algo más. Cuando una empresa de videojuegos es la que le exige cuentas al gobierno de los Estados Unidos, y cuando ese gesto pasa casi inadvertido, algo se corrió de lugar en la comunicación de los Estados democráticos.

Hubo una época en que las guerras se anunciaban con lentitud. Un general de uniforme, la Sala de Situaciones de la Casa Blanca, un asesor de seguridad leyendo un parte oficial ante la prensa. La solemnidad, en ese ritual, no era decoración: era el modo en que un Estado le pedía a su sociedad que tomara en serio lo que estaba a punto de hacer. Fue durante décadas la gramática con la que el Estado más poderoso del mundo comunicó el uso de la fuerza letal.

En marzo de 2026, la Casa Blanca cambió esa gramática. Difundió un video titulado Justicia, a la manera americana para comunicar el bombardeo a Irán, ya con el ayatollah Jamenei asesinado. El video intercala fragmentos de Gladiador, Corazón Valiente y Deadpool con imágenes reales de drones sobre Teherán. Una voz en off proclama una “victoria impecable”. No hubo conferencia de prensa. No hubo parte oficial. Hubo edit.

Ben Stiller pidió que la Casa Blanca eliminara el clip de su película del video. Meses antes, Sabrina Carpenter había solicitado que sacaran su canción de un video oficial que promocionaba deportaciones del ICE. Olivia Rodrigo hizo lo propio poco después.

El patrón que estos episodios delatan no es el de una disputa por derechos de autor. Es que quienes se animan a marcarle límites a la Casa Blanca hoy son actores, cantantes y empresas de videojuegos. Y que el Estado más poderoso del mundo está comunicando su violencia y sus políticas más agresivas con la gramática de un fandom.

Hay un giro en marcha, absurdo y escandaloso, al que nos estamos acostumbrando. En ese acostumbramiento está teniendo lugar uno de los cambios más profundos en la comunicación política del siglo XXI.

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que se pensó que las redes sociales iban a democratizar la política. Que su irrupción sería emancipatoria. Quince años después, esa promesa se lee distinto.

Las redes sociales y sus primeros (increíblemente) 15 años

Cuando las protestas que sacudieron Túnez en diciembre de 2010 se extendieron por el mundo árabe, la primera lectura fue tecnológica. Lejos de la referencia a otro período histórico, como el de la “primavera de los pueblos” de 1848, o de su especificidad árabe, el acontecimiento fue rápidamente catalogado como “la revolución de Facebook”: la prueba empírica de que las redes sociales tenían un efecto democratizante sobre la política. La primavera árabe era, ante todo, una revolución 2.0.

Quince años después, esa lectura parece no solo insuficiente sino sintomática: en 2010, todavía le atribuíamos a las redes sociales lo que queríamos que fueran, no lo que estaban siendo.

Para 2010 Facebook lideraba más del 50% del mercado con 500 millones de usuarios activos, seguido por YouTube, MySpace, Twitter y LinkedIn. Instagram, lanzada meses antes solo para iOS, tenía un millón de usuarios. TikTok no existía. El mercado de smartphones crecía fuerte con 296 millones de unidades vendidas, empujado por el iPhone 4. En definitiva, ibas a cenar y en la mesa no había celulares apoyados como guardianes de nuestra presencia. Todavía.

El salto a 2025 no es solo cuantitativo. Facebook sigue siendo líder pero ahora con más de 3.000 millones de usuarios; WhatsApp e Instagram tienen cifras similares. TikTok se acerca a los 2.000 millones e impone en el resto de las plataformas una lógica radicalmente diferente: ya no gobierna el orden social de las redes (a quién conocés, a quién seguís) sino un algoritmo de intereses. Cualquier persona puede volverse viral sin un solo seguidor previo. La arquitectura de la atención cambió, y con ella, la arquitectura del poder.

El politólogo Ian Bremmer define este momento como el de la “tecnopolaridad”: un orden global donde las grandes empresas tecnológicas controlan aspectos de la sociedad, la economía y la seguridad que durante siglos fueron monopolio del Estado. La escena más nítida de ese nuevo orden no ocurrió en una cumbre diplomática ni en un parlamento sino el 6 de enero de 2021, cuando seguidores de Donald Trump atacaron el Capitolio.

La respuesta fue inmediata aunque provino de donde nadie la esperaba. Facebook y Twitter suspendieron las cuentas de Trump. Amazon, Apple y Google eliminaron Parler, la red alternativa que sus seguidores habían usado para coordinar el ataque. PayPal y Stripe dejaron de procesar pagos para su campaña. Las instituciones, mientras tanto, respondieron con un segundo proceso de destitución que en alcance y velocidad no tuvo punto de comparación con la reacción de las big tech.

Esa escena estableció algo que la segunda administración Trump, más revanchista y violenta, proyecta en la actualidad: el poder no se ejerce solo desde las instituciones. También se construye y comunica desde las plataformas. Lo que nadie terminó de formular entonces es la pregunta que ese desplazamiento dejó abierta: si el poder migró a las plataformas, ¿qué pasa cuando un gobierno decide no solo usarlas sino gobernar para ellas? ¿Cuándo la comunicación de Estado empieza a optimizarse no para informar, sino para rendir bien en el algoritmo?

El algoritmo no premia la relevancia política. Premia la atención. Y la atención, en el ecosistema que TikTok universalizó, se gana con una sola moneda: el entretenimiento. 

En febrero de 2025, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó un video titulado ASMR: Vuelo de deportación de inmigrantes ilegales. El formato ASMR se popularizó en YouTube y TikTok con contenidos pensados para relajar: susurros al oído, lluvia sobre el bosque, dedos que amasan pan. En este caso, los sonidos aislados y micro-editados eran los de las cadenas, las esposas y los grilletes cerrándose sobre cuerpos detenidos. No fue una excepción ni un experimento. Estaba pensado para dar placer.

Informar para el algoritmo, entretener para la sociedad

La estrategia comunicacional de la Casa Blanca es híbrida, aunque las proporciones ya no engañan. Si bien mantiene vestigios de lo tradicional como ruedas de prensa, comunicados e incluso una App que ofrece recaps exclusivos de visitas de Estado, esos formatos funcionan cada vez más como decorado institucional. Lo que define a esta administración es otra cosa.

Videos con estética de película animada. Referencias a videojuegos. Clipeos en lugar de comunicados. Animé. La administración Trump parece haber decidido que su competencia no es solo contra otros políticos sino también contra TikTok, influencers, streamers y todo aquello que aparece en tu feed (ese que ya no elegís vos). 

Esa lógica se puede descomponer en un ciclo de cuatro fases que, con variaciones, se replica en administraciones afines. La comparación entre Estados Unidos y Argentina no es caprichosa. Tampoco es solo política: lo que une a Trump y a Milei no es un programa común, de hecho, sus lecturas del orden económico-comercial son en muchos puntos opuestas, sino una misma arquitectura comunicacional. Hablan distinto de la globalización, pero hablan igual al algoritmo. 

La arquitectura comunicacional precede a la afinidad política. Primero se parecen las cuentas, después se parecen los gobiernos.

Fase 1. Rebranding: el constructivismo, en Relaciones Internacionales, sostiene que cambiar el nombre de una institución no es un ajuste cosmético: es un acto que reconfigura su identidad socialmente construida, las normas que la rodean y las interacciones que genera. Renombrar no es describir. Es prescribir.

La administración Trump lo aplicó de forma literal al renombrar por orden ejecutiva el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra. El mensaje no estaba en el decreto: estaba en el nombre. El gobierno de Milei hizo lo propio con un rebranding integral de logos y sellos de todos los ministerios: mismo gesto, misma gramática. En ambos casos, la identidad visual del Estado dejó de ser administración y empezó a ser declaración.

Fase 2. Inundar la zona: El nombre es del ex estratega en jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon. La frase original es más cruda: “flood the zone with shit”. La táctica consiste en saturar el espacio público con tantas iniciativas simultáneas que los adversarios no puedan responder a ninguna en profundidad. Un decreto tras otro. Una controversia sobre la anterior. El objetivo no es ganar cada debate sino hacer imposible que exista un solo debate sostenido.

Trump ejecutó esta táctica con una disciplina casi industrial en sus primeras semanas de gestión. Milei la tradujo al ecosistema de X, donde la cantidad de horas invertidas en la plataforma por el propio presidente funciona como un generador permanente de ruido que desplaza cualquier agenda que no sea la suya.

Fase 3. Centralizar el relato: Cada administración tiene intereses específicos y todo el aparato de comunicación converge hacia ellos. El patrón es siempre el mismo: amplificar lo que confirma la narrativa central, minimizar o ignorar lo que la contradice.

La Casa Blanca inunda los canales oficiales con imágenes y videos del ahora llamado Departamento de Guerra mientras gestiona en silencio los reveses judiciales de su política arancelaria. En Argentina, la oposición funciona como variable explicativa universal de cualquier resultado negativo, mientras la gestión de áreas menos telegénicas como educación o ciencia transcurre en una invisibilidad estratégica: ¿Alguien le conoce la voz al secretario de Educación nacional?

Fase 4. La IA como espectacularización: Esta es la fase más nueva y, posiblemente, la más reveladora. Las imágenes sintéticas ya no se usan solo para ilustrar, se usan para construir narrativa. No documentan la realidad: la proponen.

Trump publicó una imagen generada por IA en la que aparece como Jesús. No fue un accidente ni una ironía: fue una declaración de identidad en el único lenguaje que el algoritmo procesa sin fricción. Milei usó recursos similares para representar a la oposición como ratas, una metáfora visual que en la historia política tiene antecedentes que no necesitan señalarse. En ambos casos, la IA no agrega información. Agrega intensidad emocional. Y en la economía de la atención, eso vale más. Lo que estamos viendo nacer no es una tecnología nueva al servicio de la política, sino una política nueva diseñada para una tecnología que, en el mejor de los casos, apenas comprendemos.

Este ciclo es efectivo, en parte, porque opera sobre un terreno que ya estaba preparado para recibirlo. La línea entre ser conocido y tener trayectoria, entre la fama y la legitimidad, nunca fue tan delgada.

Solo en América Latina, entre 2021 y 2025 se celebraron 20 elecciones presidenciales. En 16 de ellas ganaron partidos que no existían una década atrás. En Europa, entre 2000 y 2020, 18 partidos nuevos accedieron al poder presidencial. Once ya no existen. El patrón es consistente: surgen, gobiernan y desaparecen. Lo que los trajo no fue acumulación de capital político tradicional. Fue visibilidad, velocidad y la capacidad de hablar el idioma de las plataformas antes que sus adversarios.

Puede que no sean tan inteligentes y solo idiotas (no lo hace menos grave) 

Hay una incomodidad que vale nombrar. Quienes observamos todo esto con distancia crítica tenemos la tendencia, casi el reflejo, de querer encontrar un plan detrás de cada movimiento. Un diseño. Una inteligencia estratégica que opere por debajo del caos aparente.

Creo que lo hacemos porque sería más reconfortante. Porque “esto es doctrina aplicada con precisión” es una explicación más tolerable que la alternativa: que estamos ante el resultado directo de elegir, en el peor momento posible, a gente que sube un edit de Nintendo Wii para mostrar el bombardeo y asesinato de miles de personas. Compro la primera versión. Pero la segunda no la descarto.

Y lo que es más incómodo aún: que no sean tan estratégicos no lo hace menos grave. Lo hace diferente. Porque si esto no es un plan maestro sino la expresión natural de una época, entonces el problema no está solo arriba. También está abajo.

Existen señales de que toda esta comodidad digital tiene un costo que todavía no terminamos de calcular. En los países de la OCDE, las puntuaciones PISA, que miden lectura, matemáticas y ciencias en jóvenes de 15 años, alcanzaron su pico histórico alrededor de 2012. Desde entonces, la tendencia es descendente. Las causas son objeto de debate, pero lo que resulta más difícil de refutar es el patrón: con cada avance tecnológico, la dependencia de los dispositivos digitales se profundiza y nos cuesta más pensar, recordar o funcionar sin ellos.

No se trata de adicción en el sentido clínico, aunque JAMA Pediatrics, en un análisis reciente de más de 363.000 niños y adolescentes, encontró asociaciones persistentes entre tiempo en plataformas digitales y mayores riesgos de depresión, ansiedad y autolesiones. Se trata de algo más estructural: en el ecosistema digital, el modo por defecto es el de usuario pasivo. Consumís, reaccionás, scrolleás. El algoritmo te conoce mejor que vos y te ofrece exactamente lo que necesitás para no irte.

La pregunta que esto deja abierta vale más que cualquier métrica de engagement: ¿qué pasa cuando una cuenta presidencial opera con la lógica de un creador de contenido? Informar no es lo mismo que espectacularizar el poder. Gobernar no es lo mismo que competir por retención. Cuando el poder empieza a optimizar para likes, el mensaje deja de ser el mensaje. El formato lo reemplaza.

Lo paradójico es que entre tanto estímulo, lo que termina quedando son las acciones y los resultados. Las imágenes de Trump como Jesús se eclipsan ante los aranceles que distorsionaron la economía global. Las de un Milei fornido se miden contra las promesas incumplidas y los funcionarios ratificados ante evidentes casos de corrupción. La espectacularización del poder captura la atención. Pero la realidad, con su lentitud irritante, siempre termina imponiendo su propia narrativa.

El problema es el tiempo. El algoritmo opera en segundos; gobernar deja consecuencias que tardan años en aparecer. En ese intervalo, entre el video que se viraliza y el resultado que se sedimenta, se dirime algo que ningún edit puede editar: la confianza, la legitimidad, la posibilidad de que un gobierno siga siendo creíble.

Pero quizás esa es la pregunta equivocada. Quizás la pregunta no es si los gobiernos pueden seguir siendo creíbles. Es si todavía hay alguien dispuesto a creer en algo que no aparezca en su feed y sí, como plantea Robert Faller, lo que aceptamos políticamente está fundamentado en los recién adquiridos defectos de nuestro sentido de placer. 

En Bolivia, la inestabilidad no es un accidente de la historia: es su arquitectura. El palacio presidencial lleva el nombre de un incendio (el que opositores provocaron en 1875 lanzando antorchas desde la catedral vecina) como si el país hubiera decidido, desde entonces, gobernar sobre las brasas. Rodrigo Paz lleva siete meses en ese edificio. El fuego no tardó en encontrarlo.

Bolivia enfrenta su tercera semana consecutiva de movilizaciones. Veintidós puntos de bloqueo paralizan el país. La Paz permanece sitiada. Las imágenes recuerdan episodios que muchos bolivianos conocen bien: el cerco al altiplano, la ciudad tomada por la protesta, el gobierno negociando contra el reloj.

La caída que lo explica todo

Para entender por qué Bolivia está donde está, hay que salir del país y mirar el mapa energético regional de hace veinte años. En 2006, cuando Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, Bolivia era el segundo mayor reservorio de gas natural de América del Sur. Sus gasoductos abastecían a Brasil y Argentina bajo contratos de largo plazo. Las llamadas Evonomics convirtieron esa ventaja geológica en política social: entre 2000 y 2015, el PIB boliviano se multiplicó por cinco. Era un modelo con pies de gas.

El problema es que el gas se agotó antes que el modelo. La producción alcanzó su pico en 2014 y entró en declive sostenido. La inversión extranjera se retrajo y el Estado no logró diversificar su matriz productiva. La pandemia, la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la política monetaria en EE.UU. terminaron por cercar al modelo.

La escasez de combustible que Paz prometió resolver no era, en ese contexto, un problema de mala gestión. Era el síntoma más visible del agotamiento de un modelo construido sobre una renta que ya no existe.

El ciclo corto de las promesas

Su primera gran apuesta fue audaz, quizás demasiado. En diciembre, declaró la emergencia económica y anunció el fin del histórico subsidio: la gasolina subió un 86%, el diésel un 160%. Era, en el lenguaje de la tecnocracia, un shock de racionalización. En el lenguaje de la política boliviana, una declaración de guerra.

Duró veintiún días. El 12 de enero, rodeado de su gabinete, Paz anunció la derogación del decreto. Una integrante de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa lo resumió con precisión quirúrgica antes de que se firmara el acta de acuerdo: “Los ministros se están comprometiendo, pero quien promulga es el presidente. Aguantaremos dos días más”. Aguantaron. Y ganaron. Fue la primera gran derrota de Paz. No la última.

El mapa de un conflicto sin centro

Lo que ocurre hoy en Bolivia es más complejo que una disputa entre un gobierno reformista y una oposición organizada. El conflicto no tiene un solo centro: tiene varios, con agendas distintas que convergen tácticamente en el bloqueo pero divergen en sus demandas. Los maestros piden salarios. Los transportistas reclaman por la calidad del combustible. La Federación de Campesinos Túpac Katari instaló bloqueos indefinidos con un único objetivo: la renuncia del presidente.

En ese mosaico aparece también el evismo: los seguidores de Morales marcharon hacia la capital para rechazar la reforma constitucional que impulsa Paz y exigir el cese de los procesos judiciales contra su líder, quien permanece en su bastión cochabambino eludiendo una orden de captura pero que incluso, con un partido fracturado, despierta fantasmas para las clases medias tradicionales, de momento infundados, de un retorno al poder.

La promesa rota

La paradoja más incómoda de la presidencia de Paz no está en las calles bloqueadas sino en un detalle de su campaña. Se diferenció de su rival en el balotaje con una promesa de alto voltaje simbólico: no iría al FMI. En Bolivia, el Fondo es sinónimo, en la memoria colectiva, de ajuste y pérdida de soberanía.

Según Bloomberg, la última ronda de conversaciones con el organismo gira en torno a un préstamo cuyas condiciones incluirían ajuste cambiario y posibles devaluaciones. El problema es que el FMI tiene razón en el diagnóstico, y esa razón técnica, en el contexto boliviano, es dinamita política.

El mandato imposible

Desde su independencia en 1825, Bolivia ha tenido más de ochenta y cinco gobiernos, treinta y ocho de ellos de facto. Esa estadística refleja una tensión constitutiva entre la demanda social y la capacidad estatal, entre la expectativa de transformación y la inercia de las estructuras.

Rodrigo Paz fue elegido para hacer lo que ningún gobierno anterior logró: cerrar el ciclo del MAS sin colapso social, modernizar la economía sin destruir las conquistas distributivas, atraer inversión sin entregar soberanía. Es, en términos estrictos, un mandato que parece imposible. No porque Paz sea incapaz, aún es pronto para saberlo, sino porque las condiciones estructurales hacen que cualquier reforma sea, simultáneamente, necesaria e intolerable.

Bolivia no necesita solo un gobierno diferente. Necesita un nuevo pacto social sobre qué país quiere ser después del gas. Ese pacto no se firma en el Palacio Quemado. Se construye, si se construye, en la negociación entre un Estado que ya no puede comprar la paz social y una sociedad que todavía espera que alguien lo intente.

Mientras tanto, los bloqueos siguen. La Paz permanece cercada. Y el palacio, como siempre, huele a humo.

* La nota fue originalmente publicada en Ámbito Financiero

 

Bolivia dio vuelta la página. El ciclo iniciado en 2006, liderado por Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS), parecería haber llegado a su fin, aunque siempre con el potencial que una historia llena de giros inesperados como la boliviana merece contemplar. 

Este 19 de octubre, el país deberá elegir entre dos figuras que provienen del pasado pero que hoy encarnan la promesa de futuro: Rodrigo Paz Pereira, heredero político de un linaje histórico, y Jorge Quiroga, tres veces candidato y expresidente de aquella Bolivia que para comienzos del siglo XXI transitaba una tumultuosa democracia.

Escribir sobre Bolivia sin que Evo se lleve los flashes es difícil. Su figura sigue siendo inevitable para entender el inicio y fin de un ciclo que bajo la idea del “milagro económico” supo combinar crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica y reducción de la pobreza, transformando la renta gasífera en prosperidad y refundando nada menos que una nación. 

Tras casi dos décadas, ese ciclo se agotó y el abismo es el temido horizonte que acecha a millones de bolivianos. El país atraviesa su peor crisis en décadas, marcada por una inflación anual de casi el 25%, en tanto existe escasez de combustible y algunos productos básicos, con el impacto que eso representa para el ánimo general de la población. 

Las elecciones de agosto ocurrieron y respondieron a esta realidad, marcando un punto de inflexión para la política boliviana, no solo llevando al estreno de la segunda vuelta presidencial desde que esta figura fue incluida en la nueva Constitución, sino además, con la desaparición del MAS del Senado y apenas un puñado de representantes en la cámara baja.

El nuevo mapa político boliviano 

En Bolivia, las elecciones generales lo cambian todo, renovando en un único llamado la totalidad de ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional y, lógicamente, la fórmula presidencial que el próximo 8 de noviembre asumirá funciones. 

Bajo este escenario, la sorpresa fue Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, que ganó la primera vuelta con el 32%. Lo siguió Jorge Quiroga, de Libre, con 26%. Samuel Doria Medina, favorito en las encuestas, quedó tercero y fuera del balotaje. En términos legislativos, la conclusión es que cualquiera de los dos candidatos que venza este octubre va a tener que construir acuerdos para garantizar gobernabilidad y eficacia en la compleja agenda que necesitará la futura gestión de gobierno.

El MAS, fracturado en al menos tres corrientes, quedó al borde de su desaparición. Con apenas un puñado de asambleístas, de las tres corrientes partidarias que de manera difusa dijeron presente en la elección, el único respaldo considerable fue el voto en nulo, convocado por Evo Morales tras ser inhabilitado a la reelección, que obtuvo un tercer puesto “simbólico”, con el 19%.

Ahora bien, nuevamente ante el esfuerzo de salir de Evo y el MAS, contar el presente y futuro de Bolivia supone entender quiénes son y qué proponen las figuras de Paz y Quiroga. 

Rodrigo Paz Pereira y un Estado “tranca” 

Rodrigo Paz combina apellido histórico y relato de renovación: es heredero político de un linaje republicano (Paz Zamora/Paz Estenssoro), pero se presenta como una alternativa moderada y no confrontativa frente al MAS. Su triunfo en la primera vuelta pareció obedecer a una oferta que sedujo a votantes cansados de la polarización: promesas de administración eficaz, lucha anticorrupción y una narrativa centrada en poner la política al servicio de la gente.

Su apoyo provino de electores urbanos moderados, empresarios medianos, capas medias afectadas por la crisis económica y regiones con mayor peso institucional. Captó también votos de sectores descontentos con la fragmentación del MAS y de votantes conservadores que prefieren estabilidad antes que rupturas ideológicas, como puede suponer su contrincante. 

Paz propone un estilo dialogante más que confrontativo. Su Agenda 50/50 apunta a descentralizar recursos y devolver protagonismo a gobiernos subnacionales; propone una “reforma multidimensional” que combina medidas de gestión pública, ajustes fiscales moderados y reformas institucionales (como la eliminación de la reelección, algo que ha traumatizado la escena política boliviana por muchos años). 

En el corto plazo, su prioridad está en estabilizar las finanzas públicas y restaurar señales de confianza para atraer inversión. Paz dispondrá de la mayoría simple en ambas cámaras, con 49 asambleístas sobre 130 y 16 de 36 senadores. Es probable pensar que sus aliados vendrán de fuerzas de centro como ese 19% del electorado de Doria Medina, además de gobernadores y partidos regionales que aspiren a una mayor autonomía fiscal. 

Jorge Quiroga: retorno, coaliciones y agenda tecnocrática

El ingeniero y economista Jorge Quiroga alcanzó por primera vez la Presidencia de Bolivia en 2001, cuando, siendo vicepresidente de la República, sustituyó por enfermedad al dictador Hugo Banzer, su mentor político. En sus meros 12 meses de ejercicio, ejecutó un plan de reactivación económica y ajuste fiscal que disfrutó de una tregua en la conflictividad social, pero con nulos resultados tangibles para la población. Curiosamente, durante su mandato, expulsó a Evo Morales de la Cámara de Diputados, quien, a raíz de este destierro, comenzó su crecimiento como líder político. 

Durante casi 20 años, Quiroga fue un férreo opositor de los gobiernos del MAS, tanto durante las presidencias discontinuas de Morales (derrocado en 2019) y Luis Arce (elegido en 2020); en el ínterin, trabajó muy brevemente para la administración de facto de Jeanine Áñez en el plano internacional.

Ofreciendo “darle propiedad a la gente” con la participación masiva de los ciudadanos en el accionariado de las empresas del Estado a través de títulos de valor transferibles, Quiroga ha enfatizado la necesidad de reactivar la economía; reducir el gasto público tirando de “motosierra, machete y tijera”; unificar el tipo de cambio del boliviano con la asistencia crediticia del FMI; acelerar la digitalización del Estado, profundizar las autonomías departamentales y descentralizar los servicios de salud y educación. 

Al igual que sobre comienzos de siglo bajo el ala de Banzer, Quiroga promete una estrategia de “cocaína cero”, respetando la hoja de coca tradicional. Además, se propone reactivar la industria del gas a través de la baja de impuestos a las nuevas exploraciones y clarificar el potencial del litio, mineral estratégico del que Bolivia dispone más que cualquier otro país del planeta en su gigantesco Salar de Uyuni. 

Hacia una nueva (aunque probablemente conocida) etapa

Solo entre Paz y Quiroga, se repartieron poco menos del 60% de los votos válidos emitidos en las elecciones generales, por lo que el redireccionamiento de los apoyos de quienes quedaron en el camino resulta fundamental para estimar un ganador para la Presidencia boliviana. 

Por ahora, Doria Medina, quien pareció acariciar la Presidencia y quedó tercero, expresó su respaldo a la candidatura de Rodrigo Paz, lo que, más allá de un potencial apoyo en las urnas, puede implicar una señal para un futuro acuerdo de gobernabilidad. Los otros dos candidatos que le siguieron, Andrónico Rodríguez y Manfred Reyes Villa, de momento, no resolvieron ningún apoyo público. Tampoco está claro qué hará Evo Morales desde su trinchera, arropado por ese voto nulo, síntoma de su incapacidad de delegar poder. 

La historia boliviana está llena de giros inesperados, pero también de regresos. En 2020, se vaticinaba el final del ciclo progresista y Arce terminó ganando con el 55%. Hoy, el futuro vuelve a estar en disputa y en manos de quienes hasta ayer eran el pasado, tiempo que, al menos de momento, hoy le cabe al MAS.

Daniel Maffey

Analista Internacional

Nunca un expresidente brasileño ni integrantes de las Fuerzas Armadas habían sido juzgados por un intento de golpe de Estado. Hasta ahora. La decisión inaugura un terreno inédito en la historia política brasileña y en la propia trayectoria de la democracia sudamericana.

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) alcanzó la mayoría que declara culpable a Jair Bolsonaro por cinco delitos contra el orden democrático: tentativa de golpe, abolición violenta del Estado de derecho, daño al patrimonio público, destrucción de bienes protegidos y pertenencia a una organización criminal armada. En conjunto, las acusaciones podrían traducirse en hasta 43 años de cárcel y serán determinadas por parte de los cinco ministros del Tribunal. 

El fallo no lo afecta en soledad. Siete de sus excolaboradores más cercanos, entre ellos ministros y militares de alto rango, fueron declarados responsables de delitos similares. La sentencia marca un antes y un después en el vínculo entre poder político y justicia en Brasil. Desde 2019, el STF estableció que una condena solo puede ejecutarse una vez agotados todos los recursos. Esa decisión fue vital para que ese mismo año Luiz Inácio Lula da Silva recuperara la libertad y reingresara al tablero electoral.

Bolsonaro, de 70 años, recibió la noticia desde su residencia en Brasilia, donde cumple arresto domiciliario por violar medidas cautelares. Su pasaporte fue confiscado, porta una tobillera electrónica y ya se encontraba inhabilitado para competir hasta 2030. El destino de su carrera política parece así sellado, aunque en un país marcado por giros abruptos y alianzas volátiles, el futuro nunca es lineal.

La coyuntura agrega un elemento paradójico: mientras Lula da Silva explora la posibilidad de presentarse a un cuarto mandato en 2026, la suerte judicial de Bolsonaro puede condicionar la coalición que sostiene a su gobierno. El expresidente conserva un núcleo duro de apoyos en sectores empresariales, militares y en los estados más ricos del país: São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, precisamente, aquellos que buscarán impulsar una amnistía sobre los recientemente condenados. 

La narrativa del victimismo, a la que Bolsonaro recurrió desde que se le prohibió competir, podría intensificarse si la prisión efectiva se concreta, con capacidad para avivar una polarización ya crónica. El 7 de septiembre último, Día de la Independencia, fue un recordatorio: las calles se poblaron de consignas tanto en defensa de la democracia como en apoyo a quien intentó socavarla.

Washington y Brasilia: dos rutas divergentes

La comparación con Estados Unidos resulta inevitable. Dos democracias presidencialistas consolidadas, con tradiciones electorales firmes, vieron a sus presidentes en funciones y aspirantes a la reelección cuestionar la legitimidad de las urnas incluso antes de los comicios. Ambos discursos desembocaron en episodios de violencia política: el asalto al Capitolio en enero de 2021 y la invasión de las sedes de los poderes en Brasilia en enero de 2023.

Sin embargo, los caminos judiciales fueron diametralmente distintos. En Estados Unidos, la Corte Suprema bloqueó la posibilidad de excluir a Donald Trump de las elecciones mediante la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, que prohíbe ejercer cargos a quienes participen en una insurrección. La decisión evitó pronunciarse sobre el fondo, si Trump fue o no responsable de una insurrección, y se concentró en la cuestión procedimental: solo el Congreso, no los tribunales estatales, puede aplicar esa cláusula.

Brasil, en cambio, cuenta con un marco legal como la Ficha Limpia, que inhabilita de manera automática a quienes han sido condenados por delitos graves. Allí donde el sistema estadounidense privilegia la decisión política del Congreso, el brasileño otorga al poder judicial un rol más incisivo en la regulación del acceso a cargos electivos.

La sentencia del STF no solo parece clausurar una etapa de la vida política de Bolsonaro, sino que también reabre el debate sobre el alcance de la justicia en regímenes democráticos. En Brasil, el poder judicial ha actuado como un actor político decisivo: encarcelando y luego permitiendo el regreso de Lula, luego al inhabilitar a Bolsonaro y ahora al marcar los límites de lo tolerable en una democracia amenazada.

En un continente atravesado por crisis institucionales recurrentes, el fallo del STF no solo clausura la etapa Bolsonaro sino que también lo trasciende, enviando un mensaje a toda la región. En tiempos de desinformación, discursos de odio y tentaciones autoritarias, la lección es inequívoca: ningún líder, por poderoso que sea, o haya sido, está por encima de la democracia ni de la ley.

 

Daniel Maffey

Analista Internacional (USAL-UTDT)