Bolivia dio vuelta la página. El ciclo iniciado en 2006, liderado por Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS), parecería haber llegado a su fin, aunque siempre con el potencial que una historia llena de giros inesperados como la boliviana merece contemplar. 

Este 19 de octubre, el país deberá elegir entre dos figuras que provienen del pasado pero que hoy encarnan la promesa de futuro: Rodrigo Paz Pereira, heredero político de un linaje histórico, y Jorge Quiroga, tres veces candidato y expresidente de aquella Bolivia que para comienzos del siglo XXI transitaba una tumultuosa democracia.

Escribir sobre Bolivia sin que Evo se lleve los flashes es difícil. Su figura sigue siendo inevitable para entender el inicio y fin de un ciclo que bajo la idea del “milagro económico” supo combinar crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica y reducción de la pobreza, transformando la renta gasífera en prosperidad y refundando nada menos que una nación. 

Tras casi dos décadas, ese ciclo se agotó y el abismo es el temido horizonte que acecha a millones de bolivianos. El país atraviesa su peor crisis en décadas, marcada por una inflación anual de casi el 25%, en tanto existe escasez de combustible y algunos productos básicos, con el impacto que eso representa para el ánimo general de la población. 

Las elecciones de agosto ocurrieron y respondieron a esta realidad, marcando un punto de inflexión para la política boliviana, no solo llevando al estreno de la segunda vuelta presidencial desde que esta figura fue incluida en la nueva Constitución, sino además, con la desaparición del MAS del Senado y apenas un puñado de representantes en la cámara baja.

El nuevo mapa político boliviano 

En Bolivia, las elecciones generales lo cambian todo, renovando en un único llamado la totalidad de ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional y, lógicamente, la fórmula presidencial que el próximo 8 de noviembre asumirá funciones. 

Bajo este escenario, la sorpresa fue Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, que ganó la primera vuelta con el 32%. Lo siguió Jorge Quiroga, de Libre, con 26%. Samuel Doria Medina, favorito en las encuestas, quedó tercero y fuera del balotaje. En términos legislativos, la conclusión es que cualquiera de los dos candidatos que venza este octubre va a tener que construir acuerdos para garantizar gobernabilidad y eficacia en la compleja agenda que necesitará la futura gestión de gobierno.

El MAS, fracturado en al menos tres corrientes, quedó al borde de su desaparición. Con apenas un puñado de asambleístas, de las tres corrientes partidarias que de manera difusa dijeron presente en la elección, el único respaldo considerable fue el voto en nulo, convocado por Evo Morales tras ser inhabilitado a la reelección, que obtuvo un tercer puesto “simbólico”, con el 19%.

Ahora bien, nuevamente ante el esfuerzo de salir de Evo y el MAS, contar el presente y futuro de Bolivia supone entender quiénes son y qué proponen las figuras de Paz y Quiroga. 

Rodrigo Paz Pereira y un Estado “tranca” 

Rodrigo Paz combina apellido histórico y relato de renovación: es heredero político de un linaje republicano (Paz Zamora/Paz Estenssoro), pero se presenta como una alternativa moderada y no confrontativa frente al MAS. Su triunfo en la primera vuelta pareció obedecer a una oferta que sedujo a votantes cansados de la polarización: promesas de administración eficaz, lucha anticorrupción y una narrativa centrada en poner la política al servicio de la gente.

Su apoyo provino de electores urbanos moderados, empresarios medianos, capas medias afectadas por la crisis económica y regiones con mayor peso institucional. Captó también votos de sectores descontentos con la fragmentación del MAS y de votantes conservadores que prefieren estabilidad antes que rupturas ideológicas, como puede suponer su contrincante. 

Paz propone un estilo dialogante más que confrontativo. Su Agenda 50/50 apunta a descentralizar recursos y devolver protagonismo a gobiernos subnacionales; propone una “reforma multidimensional” que combina medidas de gestión pública, ajustes fiscales moderados y reformas institucionales (como la eliminación de la reelección, algo que ha traumatizado la escena política boliviana por muchos años). 

En el corto plazo, su prioridad está en estabilizar las finanzas públicas y restaurar señales de confianza para atraer inversión. Paz dispondrá de la mayoría simple en ambas cámaras, con 49 asambleístas sobre 130 y 16 de 36 senadores. Es probable pensar que sus aliados vendrán de fuerzas de centro como ese 19% del electorado de Doria Medina, además de gobernadores y partidos regionales que aspiren a una mayor autonomía fiscal. 

Jorge Quiroga: retorno, coaliciones y agenda tecnocrática

El ingeniero y economista Jorge Quiroga alcanzó por primera vez la Presidencia de Bolivia en 2001, cuando, siendo vicepresidente de la República, sustituyó por enfermedad al dictador Hugo Banzer, su mentor político. En sus meros 12 meses de ejercicio, ejecutó un plan de reactivación económica y ajuste fiscal que disfrutó de una tregua en la conflictividad social, pero con nulos resultados tangibles para la población. Curiosamente, durante su mandato, expulsó a Evo Morales de la Cámara de Diputados, quien, a raíz de este destierro, comenzó su crecimiento como líder político. 

Durante casi 20 años, Quiroga fue un férreo opositor de los gobiernos del MAS, tanto durante las presidencias discontinuas de Morales (derrocado en 2019) y Luis Arce (elegido en 2020); en el ínterin, trabajó muy brevemente para la administración de facto de Jeanine Áñez en el plano internacional.

Ofreciendo “darle propiedad a la gente” con la participación masiva de los ciudadanos en el accionariado de las empresas del Estado a través de títulos de valor transferibles, Quiroga ha enfatizado la necesidad de reactivar la economía; reducir el gasto público tirando de “motosierra, machete y tijera”; unificar el tipo de cambio del boliviano con la asistencia crediticia del FMI; acelerar la digitalización del Estado, profundizar las autonomías departamentales y descentralizar los servicios de salud y educación. 

Al igual que sobre comienzos de siglo bajo el ala de Banzer, Quiroga promete una estrategia de “cocaína cero”, respetando la hoja de coca tradicional. Además, se propone reactivar la industria del gas a través de la baja de impuestos a las nuevas exploraciones y clarificar el potencial del litio, mineral estratégico del que Bolivia dispone más que cualquier otro país del planeta en su gigantesco Salar de Uyuni. 

Hacia una nueva (aunque probablemente conocida) etapa

Solo entre Paz y Quiroga, se repartieron poco menos del 60% de los votos válidos emitidos en las elecciones generales, por lo que el redireccionamiento de los apoyos de quienes quedaron en el camino resulta fundamental para estimar un ganador para la Presidencia boliviana. 

Por ahora, Doria Medina, quien pareció acariciar la Presidencia y quedó tercero, expresó su respaldo a la candidatura de Rodrigo Paz, lo que, más allá de un potencial apoyo en las urnas, puede implicar una señal para un futuro acuerdo de gobernabilidad. Los otros dos candidatos que le siguieron, Andrónico Rodríguez y Manfred Reyes Villa, de momento, no resolvieron ningún apoyo público. Tampoco está claro qué hará Evo Morales desde su trinchera, arropado por ese voto nulo, síntoma de su incapacidad de delegar poder. 

La historia boliviana está llena de giros inesperados, pero también de regresos. En 2020, se vaticinaba el final del ciclo progresista y Arce terminó ganando con el 55%. Hoy, el futuro vuelve a estar en disputa y en manos de quienes hasta ayer eran el pasado, tiempo que, al menos de momento, hoy le cabe al MAS.

Daniel Maffey

Analista Internacional

Nunca un expresidente brasileño ni integrantes de las Fuerzas Armadas habían sido juzgados por un intento de golpe de Estado. Hasta ahora. La decisión inaugura un terreno inédito en la historia política brasileña y en la propia trayectoria de la democracia sudamericana.

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) alcanzó la mayoría que declara culpable a Jair Bolsonaro por cinco delitos contra el orden democrático: tentativa de golpe, abolición violenta del Estado de derecho, daño al patrimonio público, destrucción de bienes protegidos y pertenencia a una organización criminal armada. En conjunto, las acusaciones podrían traducirse en hasta 43 años de cárcel y serán determinadas por parte de los cinco ministros del Tribunal. 

El fallo no lo afecta en soledad. Siete de sus excolaboradores más cercanos, entre ellos ministros y militares de alto rango, fueron declarados responsables de delitos similares. La sentencia marca un antes y un después en el vínculo entre poder político y justicia en Brasil. Desde 2019, el STF estableció que una condena solo puede ejecutarse una vez agotados todos los recursos. Esa decisión fue vital para que ese mismo año Luiz Inácio Lula da Silva recuperara la libertad y reingresara al tablero electoral.

Bolsonaro, de 70 años, recibió la noticia desde su residencia en Brasilia, donde cumple arresto domiciliario por violar medidas cautelares. Su pasaporte fue confiscado, porta una tobillera electrónica y ya se encontraba inhabilitado para competir hasta 2030. El destino de su carrera política parece así sellado, aunque en un país marcado por giros abruptos y alianzas volátiles, el futuro nunca es lineal.

La coyuntura agrega un elemento paradójico: mientras Lula da Silva explora la posibilidad de presentarse a un cuarto mandato en 2026, la suerte judicial de Bolsonaro puede condicionar la coalición que sostiene a su gobierno. El expresidente conserva un núcleo duro de apoyos en sectores empresariales, militares y en los estados más ricos del país: São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, precisamente, aquellos que buscarán impulsar una amnistía sobre los recientemente condenados. 

La narrativa del victimismo, a la que Bolsonaro recurrió desde que se le prohibió competir, podría intensificarse si la prisión efectiva se concreta, con capacidad para avivar una polarización ya crónica. El 7 de septiembre último, Día de la Independencia, fue un recordatorio: las calles se poblaron de consignas tanto en defensa de la democracia como en apoyo a quien intentó socavarla.

Washington y Brasilia: dos rutas divergentes

La comparación con Estados Unidos resulta inevitable. Dos democracias presidencialistas consolidadas, con tradiciones electorales firmes, vieron a sus presidentes en funciones y aspirantes a la reelección cuestionar la legitimidad de las urnas incluso antes de los comicios. Ambos discursos desembocaron en episodios de violencia política: el asalto al Capitolio en enero de 2021 y la invasión de las sedes de los poderes en Brasilia en enero de 2023.

Sin embargo, los caminos judiciales fueron diametralmente distintos. En Estados Unidos, la Corte Suprema bloqueó la posibilidad de excluir a Donald Trump de las elecciones mediante la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, que prohíbe ejercer cargos a quienes participen en una insurrección. La decisión evitó pronunciarse sobre el fondo, si Trump fue o no responsable de una insurrección, y se concentró en la cuestión procedimental: solo el Congreso, no los tribunales estatales, puede aplicar esa cláusula.

Brasil, en cambio, cuenta con un marco legal como la Ficha Limpia, que inhabilita de manera automática a quienes han sido condenados por delitos graves. Allí donde el sistema estadounidense privilegia la decisión política del Congreso, el brasileño otorga al poder judicial un rol más incisivo en la regulación del acceso a cargos electivos.

La sentencia del STF no solo parece clausurar una etapa de la vida política de Bolsonaro, sino que también reabre el debate sobre el alcance de la justicia en regímenes democráticos. En Brasil, el poder judicial ha actuado como un actor político decisivo: encarcelando y luego permitiendo el regreso de Lula, luego al inhabilitar a Bolsonaro y ahora al marcar los límites de lo tolerable en una democracia amenazada.

En un continente atravesado por crisis institucionales recurrentes, el fallo del STF no solo clausura la etapa Bolsonaro sino que también lo trasciende, enviando un mensaje a toda la región. En tiempos de desinformación, discursos de odio y tentaciones autoritarias, la lección es inequívoca: ningún líder, por poderoso que sea, o haya sido, está por encima de la democracia ni de la ley.

 

Daniel Maffey

Analista Internacional (USAL-UTDT)

 

En política, las estadísticas ayudan a capturar momentos, a convertir realidades estructurales en imágenes contundentes. Los presidentes procesados en Perú, los tiroteos masivos en Estados Unidos, los candidatos asesinados en las campañas mexicanas. Una idea, un número, una advertencia. 

Sumemos entonces, los  periodistas insultados públicamente por el presidente en la Argentina y los riesgos que esto supone nada menos que para la libertad de expresión en el país. 

Entre la antipolítica y la indiferencia, desde que Javier Milei asumió el poder en diciembre de 2023, su gobierno ha mostrado una deriva autoritaria cada vez más evidente. Así lo registra el Instituto V-Dem, uno de los principales centros de análisis sobre calidad democrática en el mundo, que ha alertado sobre el proceso de “autocratización” que atraviesa el país sudamericano.

Las cifras acompañan esa evaluación. Amnistía Internacional ha documentado que el presidente Milei ha insultado públicamente al menos a 41 periodistas desde que asumió el cargo. El Informe de Libertad de Expresión nacional, evidenció un deterioro sin precedentes en las condiciones para el ejercicio del periodismo: al cumplirse los primeros 100 días de gobierno, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que el 40% de los ataques contra periodistas provenían de Milei y sus funcionarios. Nunca antes en democracia se había registrado semejante hostigamiento desde la jefatura del Estado.

Buena parte de estas embestidas se producen a través de X, donde el mandatario se expresa con virulencia y códigos propios. Allí ha popularizado siglas como NOLSALP (“no odiamos lo suficiente a los periodistas”) o referencias crípticas como “PN°10(E)”, en alusión a la décima plaga de Egipto. No es necesario decodificar del todo estas expresiones para entender su función: construir un relato de enemigo interno y legitimar la agresión.

No se trata de un fenómeno aislado. Esta lógica es compartida por líderes de ultraderecha en distintos países. El propio Elon Musk ha hecho suya la consigna “No odias lo suficiente a los medios tradicionales”, y Donald Trump cimentó buena parte de su identidad política en la deslegitimación constante de la prensa. “Fake news” se convirtió en su estandarte.

Lo que parece una reacción emocional o impulsiva es, en realidad, una estrategia estructurada: una ofensiva deliberada contra la libertad de expresión, incluso dentro de sistemas democráticos. Así lo expone A.G. Sulzberger, director del New York Times, en su ensayo publicado en The Washington Post, donde advierte que la guerra contra la prensa ya no es patrimonio exclusivo de regímenes autoritarios como China o Arabia Saudí, sino una realidad también en países democráticos.

Quienes buscan hacer retroceder el periodismo independiente en democracias, tienen un plan de acción y algunos pasos a seguir: 

• Crear un clima favorable que promueva la desconfianza en el periodismo independiente y normalice el acoso a periodistas;
• Aumentar la cantidad de ataques contra periodistas y sus empleadores, alentando a otras partes del sector público y privado a sumarse a esta “batalla”;
• Manipular la autoridad legal de turno para penalizar logística y financieramente a periodistas y organizaciones de noticias independientes; 
• Utilizar los recursos del poder no sólo para castigar a periodistas independientes, sino también para compensar a quienes demuestran lealtad. 

El caso argentino cumple todos estos requisitos. El más reciente episodio involucra a la periodista Julia Mengolini, blanco de una campaña de acoso digital seguida de una denuncia formal por supuesta difamación, tras analizar públicamente la relación entre el presidente y su secretaria general.

Pensar que se trata de un problema exclusivo del gremio periodístico sería un grave error. Socavar la libertad de prensa afecta a toda la sociedad: invisibiliza la corrupción, oculta riesgos sanitarios, silencia abusos de poder y erosiona los cimientos de la democracia.

La persecución de Javier Milei a periodistas no es solo una muestra de intolerancia, sino también una estrategia comunicacional adaptada a una época donde las emociones pesan más que los argumentos. En este nuevo orden, polarizar es más rentable que convencer. Y, como en toda cruzada autoritaria, la prensa es apenas el primer blanco.

La pregunta no es si los periodistas o medios sobrevivirán. La verdadera cuestión es si la sociedad reaccionará a tiempo, o si cuando lo haga ya habrán sido arrasados muchos otros derechos.

Daniel Maffey 

Analista Internacional (USAL-UTDT)

Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, Benjamin Netanyahu prometió que Israel cambiaría Medio Oriente para siempre. Lo que en su momento pudo parecer una proclama más en medio de la retórica bélica del primer ministro ha tomado forma en los casi dos años transcurridos desde entonces.

El fuego cruzado entre Israel e Irán no cesa; por el contrario, se intensifica. Y con él, reaparece una inquietud que el mundo parecía haber relegado: la amenaza nuclear. La humanidad vuelve a situarse peligrosamente cerca del abismo, a merced de un error de cálculo o de un acto de soberbia política que desencadene un escenario de consecuencias inimaginables.
El momento elegido por Israel no parece casual. Justo un día antes del ataque, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió que ya no puede garantizar que el programa nuclear iraní sea exclusivamente pacífico. Paralelamente, avanzaban negociaciones bilaterales entre Teherán y Washington para evitar la militarización del programa. El bombardeo israelí no solo mató a Ali Shamkhani, asesor clave del líder supremo Alí Jamenei e interlocutor directo en ese proceso, sino que socavó gravemente cualquier posibilidad inmediata de avance diplomático.

Netanyahu lleva décadas alertando sobre lo que considera la principal amenaza existencial para Israel: el régimen de Irán. Incluso desde el Congreso de Estados Unidos ha cuestionado abiertamente los enfoques diplomáticos hacia Teherán, como hizo durante la presidencia de Barack Obama, al denunciar el acuerdo nuclear como una vía libre hacia un “holocausto nuclear”. En su visión, solo el colapso del régimen de los ayatolás podría garantizar la seguridad de Israel frente a la amenaza atómica.

Esa lógica encuentra un precedente en el ataque israelí al reactor nuclear iraquí de Osirak en 1981. Netanyahu lo reivindica como un hito estratégico que frustró el programa atómico de Sadam Husein aunque en efecto lejos de desmantelarlo lo empujó hacia la clandestinidad, prolongando su desarrollo hasta que fuera desarticulado tras la Guerra del Golfo y la posterior caída del régimen iraquí.

Esta vez, la ofensiva israelí ha ido más allá de las instalaciones nucleares. Ha golpeado infraestructuras militares, defensas aéreas y a altos mandos del ejército iraní, arriesgándose a desatar una guerra regional que podría arrastrar también a Estados Unidos con las consecuencias que ello podría implicar.

¿Por qué ahora? En el plano interno, Netanyahu busca rehabilitar su imagen tras el ataque de Hamás en octubre de 2023, considerado el mayor fallo de seguridad en la historia de Israel. A nivel regional, la percepción es que Irán atraviesa un momento de extrema debilidad: Hamás, diezmado, pugna por su supervivencia política más que militar; Hezbolá ha perdido influencia en el tablero libanés; y los hutíes de Yemen, pese al acuerdo con Washington sobre la navegación en el mar Rojo, siguen siendo blanco de represalias israelíes. La economía iraní, golpeada por las sanciones, se suma al creciente descontento de su población, especialmente de mujeres, cada vez más alejadas del régimen.

Esta combinación de factores ha alimentado una percepción de impunidad estratégica. Al debilitar a los aliados de Teherán y exponer la fragilidad de su capacidad de represalia, Israel considera que puede atacar sin asumir un costo de relevancia política o militar inmediato. La respuesta iraní sería inevitable, pero limitada en escala y en impacto.

Una segunda hipótesis, más inquietante, contempla que Irán haya estado conteniéndose hasta ahora y, ante esta nueva escalada, decida romper su silencio. Una represalia de gran magnitud podría ir más allá de objetivos militares israelíes y alcanzar centros urbanos, bloquear el Estrecho de Ormuz o incluso apuntar a objetivos norteamericanos en la región.

El conflicto aún es demasiado reciente como para anticipar sus derivaciones, pero hay una certeza que se impone: Israel ha abierto una caja de Pandora. La peor y más plausible respuesta iraní sería abandonar de forma definitiva sus compromisos de no proliferación y lanzarse de lleno a la construcción de armamento nuclear.

Lo cierto es que a la fecha Irán continúa siendo parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y, como tal, aunque no lo haya cumplido, está obligado a declarar todos sus materiales e instalaciones y someterlos a inspección del OIEA. Aunque Israel sostiene que Irán posee ya uranio enriquecido suficiente para construir hasta nueve bombas, no hay pruebas concluyentes de que haya alcanzado la pureza necesaria ni tomado la decisión política de fabricar armas atómicas. Eso es lo que está en discusión.

Contener esta deriva será el verdadero desafío para Washington y Tel Aviv. Si fracasan, la ofensiva israelí no solo no evitará un Irán nuclear, sino que podría precipitarlo. Parece ser el resultado esperable ante un sistema multilateral desdibujado, en el que los llamados a la moderación pierden peso frente a discursos que coquetean con el uso de armas de destrucción masiva.

La salida más viable para evitar que Irán cruce el umbral nuclear pasaría por reimpulsar un acuerdo diplomático. Paradójicamente, ese camino debería transitarse con un Trump que ya calificó el pacto alcanzado bajo la presidencia de Obama como “el peor acuerdo de la historia”, y con una República Islámica profundamente golpeada y humillada. Sin embargo, vale señalar que aunque las relaciones estén fuertemente dañadas, no están muertas.

Israel podría haber ganado tiempo pero no está claro que ese margen sirva para evitar lo inevitable. Más bien podría haber sellado su destino. La incógnita ya no es si Irán tiene la capacidad técnica de fabricar armas atómicas, sino si decidirá hacerlo. En ese caso, ningún ataque preventivo será suficiente para contener las consecuencias. Restará saber, entonces, si el genio ha salido finalmente de la botella. Y si, una vez fuera, habrá alguien capaz de volver a encerrarlo.

La nota fue originalmente publicada en Ámbito Financiero

Daniel Maffey 

Analista Internacional (USAL-UTDT)

En el último lustro, la oferta electoral de las potencias centrales parece condensarse en la contraposición de modelos que, aunque muchas veces difusos en lo programático, presentan una constante: la irrupción de una alternativa radical, de ultra o extrema derecha, que busca reconfigurar gran parte de lo hasta ahora conocido. Alemania, primera economía de Europa, no es ajena a estos tiempos.

Si bien estos partidos no son una novedad en la vida política (al menos no en la europea), lo singular del proceso es su evolución de actores marginales a protagonistas del sistema político. Las elecciones federales, que definirán la composición del Bundestag y el próximo Gobierno, tienen en Alternativa para Alemania (AfD) no solo al primer partido de extrema derecha con representación parlamentaria desde la Segunda Guerra Mundial, sino también a una fuerza con la capacidad de moldear el destino del próximo canciller.

Esta coyuntura, en una escala más cercana, suma lo que parece ser otra constante en su configuración: el involucramiento (o injerencia) de Elon Musk. Además de integrar el actual gabinete de Trump, Musk es CEO de Tesla y enfrenta en la principal potencia europea un duro revés como el de haber perdido el liderazgo en un mercado clave como el alemán en lo que al patentamiento de autos eléctricos respecta. 

El apoyo explícito de Musk a AfD sintetiza lo que X, bajo el mando de su dueño, mejor sabe hacer: apelar a una emocionalidad predefinida por algoritmos, presentando al electorado una narrativa de “nosotros” y “ellos” que, en el caso de AfD y esta elección federal, opera en tres sentidos: la inmigración y lo foráneo, la tecnocracia multinacional encarnada en la Unión Europea y los cambios en el modelo de la familia patriarcal.

La coyuntura y la cada vez mayor distancia entre los hechos y su alcance, parecerían jugar a favor de esta narrativa. Si bien el colapso de la coalición tripartita que gobierna Alemania desde 2021 ha dejado una economía contraída durante dos años consecutivos por primera vez en décadas, buena parte de la campaña ha estado marcada por el sentimiento antiinmigración que dejó el atentado ocurrido el pasado diciembre en el mercado de Magdeburgo. Aunque el atacante tenía opiniones críticas del islam y había expresado su simpatía hacia AfD, el incidente cristalizó un sentimiento que el partido y el ecosistema digital de Musk promueven intensamente.

Bajo la idea de que “la nacionalidad alemana no debe regalarse”, el partido propone acciones en línea con otros gestos de la ultraderecha de época: abandonar el Pacto Mundial sobre Migración y Refugiados de la ONU, poner fin a la suspensión de órdenes de deportación y promover la Leitkultur (cultura líder), buscando que los valores y la moral considerados “inherentemente alemanes” sean los que se espera que todos adopten. 

Insistiendo con esta premisa de que el país no solo enfrenta un colapso económico, sino también cultural, Musk afirmó que AfD representa “el último rayo de esperanza para Alemania”, planteando, en lo que parece difícil no sea una referencia velada a la memoria histórica del Holocausto y en clave con el reciente éxito del partido entre los jóvenes, que “los niños no deberían ser culpables de los pecados de sus padres, y mucho menos de sus bisabuelos”. 

En un país donde, a ochenta años del Holocausto, los ataques antisemitas han aumentado un 83%, fue la fábrica de Tesla en Berlín precisamente el escenario de una preocupante proyección: la imagen de Musk y su repudiable “saludo” en el marco de la reciente asunción de Trump, fue proyectado y acompañado por la frase Heil Tesla, en una clara alusión al saludo nazi.

A la oferta electoral y la narrativa del proceso, se suma la expectativa del día después. En este caso, como en otros países, bajo la forma de un “cordón sanitario” que los partidos a nivel nacional pudieran generar para contener el avance de AfD y su eventual participación en la coalición de Gobierno. Esto, incluso antes de la elección, parece haber encontrado ciertas fisuras en tanto Friedrich Merz, candidato por Unión Demócrata Cristiana y favorito a ganar la elección, logró recientemente aprobar una moción en el Bundestag con el apoyo de AfD, sembrando dudas entre lo prometido en campaña y lo factible una vez se abran las urnas. 

El 23 de febrero próximo será crucial, no solo para el futuro político de Alemania, sino también para el del bloque. La AfD, gane o no, ya moldea parte de la realidad alemana y, con Musk y la Unión Europea como nueva zona de interés, pareciera estamos asistiendo a la gestación de un mundo diferente, uno en el que, como planteara Gramsci, lucha por nacer. Ahora, claro está, es el momento de los monstruos.

* La nota fue originalmente publicada en El Cronista Comercial 

Daniel Maffey 

Analista Internacional (USAL – UTDT)