Crecimiento sostenido: El Perú y la corrupción endémica

Durante el mes de julio las calles del Perú suelen verse engalanadas por desfiles escolares donde los estudiantes celebran las fiestas patrias del país. Este 2018 esto no sucederá.

A partir de los audios filtrados que culminaron con la disolución de gran parte del sistema judicial peruano, las escuelas públicas y privadas del país han decidido “enseñar conciencia crítica” desde su ausencia.

A la dimisión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski ocurrida el último 23 de marzo y la consecuente asunción de su vicepresidente primero Martín Vizcarra, se ha añadido por estos días un nuevo capítulo con la descomposición de casi la totalidad de la cúpula judicial peruana en menos de una semana.

La Constitución peruana sancionada en 1993 indica que en añadidura a la Corte Suprema de Justicia, existe un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) encargado de la elección de jueces y fiscales, y una Corte Constitucional integrada por miembros electos desde el Congreso, congregados para interpretar la Constitución y declara la inconstitucionalidad de un gobierno y/o de los actos legislativos.

Desde la semana pasada, a partir de la filtración de audios de conversaciones que evidenciaban el trafico de influencias, sobornos y sentencias entre miembros del CNM, fiscales, magistrados y empresarios, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dimitió de su cargo el pasado jueves 19 de julio.

A su alejamiento se añadió la de los restantes miembros del CNM, así como la destitución del ex Ministro de Justicia, Salvador Heresi, reemplazado por Vicente Zeballos. A partir de ello, el Sistema Judicial peruano se ha declarado, desde el miércoles 18 de julio, en estado de emergencia durante 90 días.

Fue ese mismo miércoles que el presidente Vizcarra anunció la conformación de una comisión presidida por el excanciller Allan Wagner, cuyas funciones tendrán como principal propósito elaborar, un plan de acción que contemple reformas al interior del Poder Judicial.

A partir de lo hasta aquí expuesto, podemos observar que las variables que atravesaron al sistema político peruano durante el año 2017 y que se presentan como desafíos en este 2018 en la República del Perú, no generan grandes rupturas en cuanto a las características propias del sistema político del país y las deficiencias que el mismo presenta.

La coyuntura política peruana se presenta como un inevitable resultado del propio sistema político que la genera. La inestabilidad política, la reciprocidad entre partidos políticos sin una base política sólida y un electorado volátil, la ineficacia estatal, la corrupción y el desencanto ciudadano se presentan como los aspectos que en cualquier período relativamente cercano a la historia describirían al sistema político del país.

Sobre mediados del último año, el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), espacio que ejecuta y comunica los censos y estadísticas del Perú, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares referida al período noviembre 2016-abril 2017.

De la misma se desprendió un dato como novedoso. Tras 48 meses en los cuales la delincuencia fue ininterrumpidamente el principal problema percibido por la ciudadanía, la misma fue desplazada por la corrupción.

Si bien la corrupción brota como un fenómeno endémico y transversal a la política peruana, el espacio de interrogante surge a partir de preguntarse cuál será la oportunidad de renovación política que se pueda dar cuando la alta dirección del país profundiza de manera reiterada esta situación, logrando como resultado una ciudadanía cada vez más descreída del sistema político en todos sus espacios.

En tal sentido es prioritario señalar que el destino de la gran mayoría de los presidentes que han pasado del año 1975 a la fecha ilustra la contundencia de esto: Francisco Morales condenado a cadena perpetua, Alberto Fujimori, si bien indultado, fue condenado a 25 años, Alejandro Toledo con orden de detención y extradición, Alan García investigado, Ollanta Humala detenido y Pedro Kuczynski inhabilitado a abandonar el país.

Asoma entonces necesario el poder concretar una reforma que enfrente los problemas de representación, el rol de los partidos políticos y la responsabilidad de estos, las funciones del Congreso, la eficacia del Estado y la estabilidad de un sistema político que parece no haberse reestablecido de manera eficaz tras el colapso a finales de 1990.

Este sistema, producto de una reforma política que involucre a todos los niveles de representación, debería tomar en consideración la diversidad existente a lo largo del país, entendiendo que las manifiestas dificultades que el Estado peruano ha demostrado (en el control de su territorio por caso) evidencian la relevancia que los gobiernos regionales deberían tener y que por ahora esperan. Las políticas unidimensionales no tienen potencial de éxito en un país multiétnico, multicultural y de tal geografía como el Perú

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales