La crisis político/social que atraviesa la República del Perú, explicada

En lo que se presenta como una reedición constante de la inestabilidad política peruana, sobre el cierre del día domingo el Congreso de la República desestimó la posibilidad de que Rocío Silva Santisteban, a partir de asumir como cabeza de la Mesa Directiva, pudiera responder, al menos por algunos días, semanas o meses, quién está a cargo de la Presidencia en el Perú. 

Tras la destitución de Martín Vizcarra y la pronta renuncia de Manuel Merino como interino, la Nación Andina busca su tercer jefe de Estado en menos de una semana de cara a las elecciones generales programadas para el domingo 11 de abril del año próximo.

Lo que pasó en los últimos días, la erosión de toda la cúpula ejecutiva elegida para el período presidencial aún vigente y fundamentalmente, por qué nada de esto es sorpresa, en esta nota. 

Los últimos días

El presidente interino de Perú, Manuel Merino, quien asumió el cargo el martes 11 de noviembre tras la destitución del por entonces mandatario nacional, Martín Vizcarra, renunció en el día de ayer antes de ser destituido por el Congreso de la República. 

Su pronta salida del Ejecutivo tuvo lugar tras una semana de fuertes protestas en las calles consagrada con un centenar de heridos y, de momento, dos manifestantes asesinados: Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 22 y 24 años de edad, respectivamente. 

A partir de esto fue que las bancadas parlamentarias comenzaron un proceso de negociación para decidir quién asumirá como Presidente, el tercero en menos de una semana, al menos de manera transitoria. 

Al cierre del plazo dispuesto por ley fue que se presentó ante la Oficialía Mayor del Congreso una nueva lista para postular a la Mesa Directiva encabezada por la legisladora Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) acompañada por el representante del Partido Morado, Francisco Sagasti, para la primera vicepresidencia del Parlamento.

Pero (vamos a ver mucho de esto), finalmente Silva Santisteban no alcanzó los 60 votos necesarios en la primera votación y de momento el Ejecutivo peruano, así como su futuro político/social, permanece indefinido. 

Lo que nos lleva a la pregunta: ¿cómo pasó que el país tenga, en el mejor de los casos, tres Presidentes en una semana?

Las últimas semanas

El pasado martes 10 de noviembre a exactamente 152 días de las elecciones generales programadas para el domingo 11 de abril del año próximo, el Congreso de la República decidió, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, dar un nuevo ejemplo sobre su desinterés por la estabilidad de las instituciones nacionales, destituyendo al Presidente en funciones, Martín Vizcarra.

Bajo la figura constitucional de “incapacidad moral permanente”, algo que ya veremos abunda en el Perú (al menos para el Legislativo), la cúpula presidencial electa sobre el cierre del año 2016 con el 50,16% de los votos quedó desintegrada en su totalidad. 

Primero el Presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski; luego la vicepresidenta segunda, Mercedes Aráoz; y finalmente, el propio Vizcarra (quien además de vicepresidente primero se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones y luego, de manera simultánea, como embajador en Canadá) darían cuenta de manera exprés de la erosión plena que la representatividad política peruana transita desde hace décadas. 

¿Por qué se destituyó a Vizcarra? Te contaba sobre la figura de “incapacidad moral”, la cual responde a una moción de vacancia (un pedido de destitución) anclado en la denuncia de que el por entonces mandatario recibió la suma de 2.3 millones de nuevos soles a cambio de otorgar dos contratos de obras públicas cuando era gobernador del departamento de Moquegua (2011 – 2014).

Osea que si la pregunta es si el Congreso destituyó al jefe de Estado en funciones a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales por una denuncia cuya resolución y tratamiento recién está por comenzar (y lógicamente no hay veredicto) la respuesta es sí. 

De hecho, siguiendo con la dinámica de los jornales, 53 días antes de su destitución, Martín Vizcarra asistió al Legislativo para pronunciarse sobre otra moción de vacancia sobre su cargo. 

El 18 de septiembre y a partir de una filtración de audios (algo que en las últimas décadas se presenta tan peruano como el pisco) en los que se lo acusaba de solicitar a funcionarias del Palacio de Gobierno que mintieran sobre la contratación de un cantante para un acto público, se votó por primera vez sobre la continuidad del ex gobernador al frente del Ejecutivo. 

En aquella oportunidad solo 32 legisladores votaron por la vacancia (un número bastante lejano a los 87 requeridos por ley) mientras que 78 la rechazaron y otros 15 se abstuvieron, dando un espejismo bastante corto e ingenuo de que la relación entre Vizcarra y la Cámara podría recomponerse.

¿Osea que estaba rota? Bueno, en septiembre del año pasado y haciendo uso de sus facultades constitucionales el Presidente disolvió el Congreso tras que éste le denegara la moción de confianza a su Gabinete. 

Además, en esa misma resolución adelantó elecciones para recomponer al Legislativo, ese mismo que además en un referéndum convocado por su persona eliminó la posibilidad de reelección para los parlamentarios y el rechazo a la bicameralidad. 

Se trató del primer referéndum de impacto constitucional desde el “autogolpe” de 1992, promovido por Alberto Fujimori quien convocó a la ciudadanía para preguntar si apoyaba o no su proyecto de una nueva Constitución, la cual fue aprobada y rige el Perú hasta el día de hoy.

Lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué Vizcarra fue el protagonista de este conflicto? 

El último año

Con el Palacio Legislativo como sede de los eventos, sobre el cierre del mes de septiembre de 2019 y a poco más de un año de haber entrado en funciones como jefe de Estado, Vizcarra anunció la disolución del Congreso de la República y convocó a elecciones anticipadas a realizarse el 26 de enero del 2020 para que la ciudadanía elija nuevos (o no) representantes.

En un mensaje transmitido a todo el país, Vizcarra marcó que su gestión había presentado la tercera cuestión de confianza (una figura desde la cual el Ejecutivo solicita al Legislativo apoyo respecto de una política específica o estructural) desde que él es Presidente, que la misma no fue apoyada y haciendo uso del artículo 134 de la Constitución, disolvería el Congreso.

Pero en simultáneo a este discurso, los congresistas opositores iniciaron un procedimiento por demás poco transparente para renovar a varios magistrados del Tribunal Constitucional y ampliar su cuota de influencia en la Alta Corte (podes leer más al respecto acá).

La cuestión que planteó Vizcarra y que le fue negada por la Cámara era precisamente para evitar esa maniobra. Entonces, primero designaron a 6 nuevos miembros de los 7 que integran el Tribunal y después, aprobaron la moción de confianza que antes se había negado.

A partir de esto es que se presentó, votó y aprobó una moción de suspensión contra Vizcarra por incapacidad temporal por “la ruptura del orden constitucional”. Minutos después la cadena de eventos siguió con la vicepresidenta primera, Mercedes Aráoz, quien lejos de espantarse, juró como Presidenta de la República.

En esa jornada Pedro Olaechea le tomó juramento a Aráoz ante la presencia de los 86 congresistas que apoyaron la iniciativa de lo que se supuso una presidencia interina en tanto la situación (nunca especificada) de Vizcarra terminara por resolverse. 

Ahora bien, las aspiraciones de siempre de Aráoz de poder ser Presidenta sea como fuera no duraron mucho y el apoyo de los comandantes generales del Ejército, la Marina y las Fuerza Aérea, así como el director general de la Policía Nacional, sobre Vizcarra y el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, permitieron sortear una de las tantas olas que la convulsionada política peruana ofrece casi semestralmente.

Lo que nos lleva a la pregunta: ¿qué tan nuevo es todo esto que estamos viendo en la política del país andino?

El Perú está jodido

Bonus andino. A la dimisión del ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski ocurrida el 23 de marzo de 2018 (salida marcada entre otras cosas por un indulto a Alberto Fujimori y la promesa de destitución del Congreso por, claro, incapacidad moral) y la consecuente asunción de Martín Vizcarra, se sumó algunos meses después la descomposición de casi la totalidad de la cúpula judicial peruana en menos de una semana.

A partir de la filtración de audios (sí, Perú) de conversaciones que evidenciaban el tráfico de influencias, sobornos y sentencias entre miembros del CNM, fiscales, magistrados y empresarios, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dimitió de su cargo el 19 de julio de 2018.

A su alejamiento se añadió la de los restantes miembros del CNM, así como la destitución del por entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi, reemplazado por Vicente Zeballos. A partir de ello, el Sistema Judicial peruano se declaró en estado de emergencia durante 90 días.

A partir de lo que venimos viendo podemos pensar que indistintamente del día, mes o año seleccionado, las variables que atravesaron y atraviesan al sistema político peruano no generan grandes rupturas en cuanto a las características propias del sistema político del país y las deficiencias que el mismo presenta.

La coyuntura política peruana se presenta como un inevitable resultado del propio sistema político que la genera. La inestabilidad política, la reciprocidad entre partidos políticos sin una base política sólida y un electorado volátil, la ineficacia estatal, la corrupción y el desencanto ciudadano se presentan como los aspectos que en cualquier período relativamente cercano a la historia describirían al sistema político del país.

En tal sentido es prioritario señalar que el destino de la gran mayoría de los presidentes que han pasado del año 1975 a la fecha ilustra la contundencia de esto: Francisco Morales condenado a cadena perpetua, Alberto Fujimori, si bien indultado, fue condenado a 25 años, Alejandro Toledo con orden de detención y extradición, Alan García investigado y terminó por suicidarse, Ollanta Humala primero detenido, actualmente acusado de varios hechos de corrupción y Pedro Kuczynski inhabilitado a abandonar el país.

Asoma entonces necesario el poder concretar una reforma que enfrente los problemas de representación, el rol de los partidos políticos y la responsabilidad de estos, las funciones del Congreso, la eficacia del Estado y la estabilidad de un sistema político que parece no haberse restablecido de manera eficaz tras el colapso a finales de 1990.

Para una mejor comprensión del sistema político y partidario peruano es necesario realizar una breve mención sobre el autogolpe del año 1992, escenario que termina por producir, como consecuencia de las presiones internacionales resultantes, la convocatoria a elecciones para lo que se llamó el Congreso Constituyente Democrático (CCD).

En un contexto donde el presidente Fujimori contaba con altos niveles de aprobación (a partir de una sustancial reducción de la inflación y la derrota de Sendero Luminoso), sumado a que los principales actores políticos de la oposición optaron por el abstencionismo llamando a viciar el voto, fue que, aunque por un margen estrecho, la elección del CCD otorgó una mayoría absoluta al fujimorismo.

El sistema político peruano en la actualidad presenta como diagnóstico un escenario marcado por la inestabilidad e imprevisibilidad, en el que hay un nivel de fragmentación y volatilidad excesivamente altos generando a su vez que los actores políticos desarrollen conductas oportunistas, y que estén caracterizados por el personalismo excesivo, la inexperiencia, improvisación y cortoplacismo.

Llama la atención la paradójica coexistencia entre, de un lado, las altas tasas de crecimiento económico sostenidas desde el año 2002 en adelante, y del otro, los altos niveles de insatisfacción con el sistema político y aumentos en la conflictividad social; siendo cada vez mayor también la incapacidad del Estado para redistribuir los beneficios del crecimiento y de la elite política para emprender las reformas institucionales necesarias para enfrentar este problema.

La proliferación de nuevos partidos de extremada precariedad ante cada escenario electoral, sumado a la debilidad y prácticamente ausencia de partidos tradicionales con representación política (con excepción del fujimorismo), generan un escenario donde la volatilidad del electorado tiene como correlato la desconfianza de este sobre los partidos políticos del país

En cuanto al Congreso de la República, este poder del Estado también refleja la debilidad de los partidos, que carecen de cohesión interna y una agenda parlamentaria, con lo que prolifera la improvisación, así como la volatilidad propia del Congreso, su conformación y sus niveles de aprobación entre la ciudadanía

Los resultados (resulta difícil denominarlos “avances”) obtenidos en los indicadores sociales, no pueden desentenderse de los insumos con los que el país cuenta a partir de un sostenido crecimiento económico en las últimas casi dos décadas.

Es por ello que los tomadores de decisiones del país deberán repensar el perfil de inserción económico-comercial peruano. Esto no solo ha dado cuenta de sus limitaciones, sino que además se presenta como fuertemente vulnerable a los vaivenes que el mercado internacional pueda tener para con los precios de los commodities y las consecuencias de tipo “dominó” que pueden significar por ejemplo para los sectores calificados como “emergentes”.

Al mismo tiempo, la estructura productiva inherente a este perfil presenta la profunda contradicción entre un país dependiente de la extracción y un sector laboral cuya composición mayoritaria no está incluida en la economía formal del país. Esto, sumado a la “convivencia” desde este sector con el capital internacional y los intereses desde aquí representados, presenta el camino desde el cual se construye la génesis de las desigualdades del país.

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales