Elecciones en Brasil: lo que Lula y Bolsonaro pueden hacer de la Inteligencia Artificial

El domingo 4 de octubre, Brasil elige entre dos modelos de país que, según las últimas encuestas, se medirían en una muy ajustada segunda vuelta. Lula da Silva busca un cuarto mandato con un Estado que se asume regulador y una política exterior que hizo de la autonomía su bandera. Flávio Bolsonaro, heredero electoral de un padre condenado por intento de golpe, entre otros delitos, propone un Estado mínimo y una sintonía automática con Washington.

Esas distancias se vuelven difusas cuando la lupa se posa sobre los planes que tienen en materia de inteligencia artificial los candidatos a conducir la primera economía de la región. Ambos quieren un Brasil convertido en polo de infraestructura, ambos con un modelo regulatorio prestado: Lula acompaña un proyecto calcado de la ley europea y Flávio prefiere una regulación mínima. Ninguno discute el lugar que el país ocupa en la cadena, que es el de quien exporta energía e importa tecnología.

El consenso tiene la forma de esas naves sin ventanas, refrigeradas día y noche, donde se apilan miles de servidores. Lula promete expandirlas con salvaguardas socioambientales y cómputo soberano, en tanto Flávio quiere hacer del país un polo global de centros de datos con energía abaratada a fuerza de rebajas tributarias. Uno condiciona y el otro desgrava, pero ambos parten de una premisa discutible: que la ventaja de Brasil en la economía de la IA reside en su electricidad, su agua y su territorio, antes que en sus ingenieros, sus universidades o sus datos. 

El gobierno de Lula ya consagró ese acuerdo. La Ley 15.504 libera de impuestos federales los equipos de los data centers a cambio de reservar el 10% de su capacidad al mercado interno, invertir en investigación, cuidar el agua y usar energía renovable “o de baja emisión”, una fórmula cuya definición sigue pendiente y divide al propio gabinete. Lo que la ley dejó abierto lo cerrará quien gobierne: con Lula, el desafío será que las contrapartidas no se diluyan en la reglamentación; con Flávio, el riesgo es que dejen de exigirse.

En materia de regulación ocurre algo distinto. Brasil no tiene una ley de IA: el marco que la crearía fue aprobado por el Senado en diciembre de 2024 y desde entonces aguarda un dictamen en la Cámara de Diputados, con un proyecto del gobierno anexado y un tratamiento aplazado hasta después de las elecciones. Lula quiere completarlo; Flávio reclama reglas que no espanten la inversión. Como el domingo se renuevan toda la Cámara y dos tercios del Senado, el nuevo Congreso pesará tanto como el presidente a la hora de decidir si la ley avanza, se reescribe o vuelve a dormir.

El problema, con todo, no es solo la demora sino el molde. El proyecto calca la arquitectura de la ley europea, con su clasificación por niveles de riesgo y sus multas millonarias, una norma pensada para un bloque que consume y regula aplicaciones, no para un país que aspira a alojar la infraestructura física de la IA ni para una democracia cuya campaña ya se libra a golpe de contenido sintético.

No es casual que esta discusión, desde ya que con baja intensidad, llegue a las urnas. Desde el arancelazo que Estados Unidos impuso a Brasil en 2025, Lula hizo de la soberanía el eje de su estrategia y trasladó a la agenda doméstica problemas que el mundo suele discutir en foros multilaterales. El 22 de septiembre recorrió el camino inverso y llevó la campaña a Naciones Unidas, donde habló a la vez de las elecciones, así como de la omisión histórica que sería no regular la IA.

Durante esos días, la pregunta sobre quién gobierna la inteligencia artificial recibió otras tres respuestas. Minutos después de Lula, y desde el mismo atril, Trump rechazó cualquier esquema global para controlar esta tecnología. Al día siguiente, los jefes de Anthropic y OpenAI, entre otros, advirtieron al Consejo de Seguridad que decisiones de esa magnitud no pueden tomarse solo en San Francisco. Y una semana más tarde, el presidente estadounidense selló con ellos un acuerdo voluntario, “moralmente vinculante” según su propia definición, con el que una superpotencia encargó a su industria la tarea de ponerse sus propios límites.

Conviene leer esa secuencia sin ingenuidad. Las preocupaciones de seguridad son reales, y la desaceleración que piden los laboratorios es por ahora más una declaración de intenciones que un freno. Pero la discusión refleja también la intensa competencia comercial entre las empresas líderes y la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. Cualquier posición que adopte América Latina difícilmente pese en la trayectoria de la IA de frontera. Lo que la región sí puede llevar al debate es la perspectiva de quienes deben administrar las consecuencias de una tecnología cuyo desarrollo no controlan.

De ahí la necesidad de un mecanismo regional que permita superar el problema de capacidad e infraestructura que la IA exige, complementando las estrategias nacionales allí donde coordinar agrega valor: cómputo y energía, interoperabilidad de datos, regulación y capacidades compartidas de evaluación y auditoría. Una escala mayor permitiría además subirse al tren de la IA con algo más que electricidad y capturar una porción mayor de la inversión y de la cadena de valor. Brasil, por tamaño, es el candidato natural a convocarlo.

Gane quien gane, los data centers se van a construir. Lo que empieza a definirse este domingo, y casi con seguridad se resolverá el 25 de octubre, es si Brasil seguirá ocupando el lugar de quien pone la energía y recibe las reglas, o si usará su tamaño para escribirlas junto a sus vecinos. La autoridad para proponerlas a la región, como la de reclamarlas en Nueva York, empieza por tenerlas en casa.