Frenar la IA: la crisis de sus propias promesas y la chance para América Latina

En pocos meses se van a cumplir cuatro años desde que ChatGPT salió al mundo y la conversación sobre la Inteligencia Artificial todavía no logra fijar un tono: oscila entre el entusiasmo y el pánico sin pasar por la mesura. 

Elon Musk sostiene que en una década esta tecnología podría gobernar el planeta o directamente aniquilarlo. Bill Gates, con menos estridencia pero no menos ambición en el pronóstico, la imagina como el mayor igualador social jamás inventado o como la fuente de la peor injusticia que hayamos conocido. Que dos de sus principales impulsores desemboquen en extremos tan opuestos no habla tanto de la tecnología en sí como de la ausencia casi total de consenso, incluso puertas adentro de quienes la construyen.

Para quienes no participan de ese desarrollo, sin embargo, la Inteligencia Artificial se experimenta de otra manera: como publicidades de dudosa calidad audiovisual, como un ejército repentino de “expertos” resolviendo problemas que nadie tenía, como la promesa de una solución inmediata a fallas estructurales que llevan décadas sin resolverse, o como el temor difuso de que un sistema que casi nadie entiende termine controlando la economía mundial. Nada de esto le hace justicia al relato fundacional de la industria, ese que anuncia un umbral histórico a partir del cual todo lo conocido cambiará. Mientras tanto, el daño ambiental sigue siendo un hecho consumado, la publicidad no gana en inspiración, y los diagnósticos apocalípticos continúan circulando sin que nadie logre, del todo, verificarlos.

La semana pasada, ese desconcierto tomó nombre y apellido. Dario Amodei, CEO de Anthropic, publicó un ensayo titulado “Debemos marcar el ritmo de la frontera” donde pide desacelerar deliberadamente el desarrollo de modelos cada vez más capaces. El llamado, validado por Elon Musk y Sam Altman llegó días después de que Jacob Coxon, investigador de Anthropic, renunciara públicamente denunciando que los laboratorios líderes no están desarrollando la tecnología de forma responsable: “las personas que están construyendo IA creen sinceramente que podría matarnos”, escribió.

Ambos episodios se montan, además, sobre el precedente del incidente OpenAI-Hugging Face, en el que un enjambre de agentes actuó como colectivo, lanzó ciberataques no solicitados contra objetivos ajenos a su tarea e intentó vulnerar el propio sistema diseñado para evaluar su desempeño. 

No es la primera renuncia con denuncia pública que atraviesa la industria, a esta altura, ya es casi un ritual trimestral, pero sí es la primera que coincide con un momento en que Anthropic y OpenAI se preparan para lo que podrían ser dos de las mayores salidas a bolsa de la historia, mientras la opinión pública estadounidense se vuelve cada vez más hostil hacia una tecnología a la que asocia con la pérdida de empleos y con centros de datos que consumen agua y energía a escala industrial.

Leído en conjunto, lo que estos episodios muestran no es tanto que la IA sea peligrosa (eso, a esta altura, ya lo sabíamos) sino quién decide qué hacer con ese peligro. Cuando Amodei habla de definir primero la brújula moral interna de estos sistemas para que la máquina pueda, idealmente, imitarla, describe un proceso concreto: un puñado de laboratorios está decidiendo, puertas adentro, los valores que gobernarán una tecnología con pretensión planetaria. 

Ese desplazamiento de poder hacia un puñado de compañías privadas es lo que el politólogo Ian Bremmer describe como tecnopolaridad: un orden internacional donde los Estados dejan de ser los únicos que escriben las reglas del juego y donde laboratorios como Anthropic u OpenAI ejercen una soberanía de facto sobre decisiones que hasta hace poco eran exclusivamente estatales. La pregunta de si la IA “nos matará” es, en el fondo, una pregunta desplazada. La que debería hacerse es quién tiene voz en esta nueva soberanía y porqué quienes no priorizaron un desarrollo alineado a los intereses humanos desde el inicio siguen monopolizando la discusión. 

Y ahí, precisamente, es donde América Latina entra en la historia, aunque casi nunca esté sentada en la mesa donde se la discute. La región no participa del debate sobre cómo alinear estos sistemas, pero sí sostiene buena parte de lo que los vuelve posibles: agua, biodiversidad, minerales críticos, una matriz energética limpia y capacidad de producción alimentaria para 1.300 millones de personas. 

Este patrón extractivista de siempre aplicado ahora a la infraestructura digital convive con la paradoja de que la región dista de ser un actor pasivo en el consumo de esta tecnología: según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, América Latina y el Caribe concentran entre el 15% y el 20% de las descargas globales de IA generativa, una proporción muy superior a su peso demográfico. Pero esa adopción acelerada se sostiene sobre una base frágil de baja inversión, capacidad computacional limitada, fuga constante de talento y una gobernanza regulatoria prácticamente inexistente. Más allá de esfuerzos privados, impulsados, en su mayoría, por organismos internacionales, no existe todavía una agenda estatal conjunta ni un programa político regional que discuta, siquiera, los términos de esa dependencia.

El riesgo específico para la región no es que la IA “tome el control”, sino que la transformación llegue sin traer desarrollo: una IA importada, regulada desde afuera, entrenada con datos ajenos, desplegada sin capacidades públicas propias y financiada como consumo tecnológico en lugar de como infraestructura estratégica. Sus beneficios, además, tenderán a llegar primero a quienes ya tienen conectividad, educación y empleo formal, ampliando brechas que la política pública todavía no atiende.

Mientras el mundo debate si es posible alinear el potencial de la IA con el desarrollo humano, América Latina necesita construir algo más específico: una agenda propia que combine capacidades técnicas con una brújula ética propia, no heredada. Una que sirva para ampliar la dignidad humana, proteger la participación ciudadana y distribuir mejor los beneficios del progreso tecnológico y que, sobre todo, le dé a la región un lugar en la conversación sobre los valores que esta tecnología terminará imponiendo, la haya escrito o no.