¿La hora del Tigre? Colombia, en el umbral de la ultraderecha

Con el 99% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella, el abogado que defendió al testaferro de Nicolás Maduro, al responsable del mayor esquema Ponzi en la historia de Colombia y a jefes paramilitares durante la desmovilización de los años 2000, obtuvo el 43,7% de los votos. Cepeda, el candidato del petrismo, quedó segundo con el 40,9%. 

Mientras se conocían los resultados, el presidente Petro cuestionó los primeros datos. Pareció ser, en cierto modo, la última escena de un ciclo marcado por más de 24 millones de colombianos que fueron a las urnas, en una participación que no para de crecer desde 2018 y que entre todos construyeron el escenario más polarizado de la historia reciente del país: una segunda vuelta, el 21 de junio, entre dos candidatos cuyas visiones de Colombia son irreconciliables.

¿Cómo llegamos hasta acá?

Un punto de inflexión puede ser el acuerdo de Paz de 2016. Un hito real: el mayor ejército guerrillero de América Latina deponía las armas y la violencia que había consumido al país durante décadas parecía poder reducirse de manera sustancial. Pero la paz que se firmó no era un punto de llegada sino un proceso por construir, algo que nunca terminó por ocurrir. 

En buena medida, porque el gobierno de Iván Duque nunca mostró un interés real en implementar plenamente el acuerdo de paz. A ello se sumó la negativa de las disidencias de las FARC a aceptar sus términos, mientras que el ELN, la segunda insurgencia más grande del país, quedó al margen de cualquier negociación efectiva. El vacío no tardó en llenarse: mientras el Estado demoraba en llegar a los territorios históricamente afectados por el conflicto, los grupos armados avanzaron primero, disputando rutas, economías ilegales y control territorial. Colombia ya era entonces el mayor productor mundial de cocaína, y en los años posteriores al acuerdo la producción no hizo más que incrementarse.

Los cuatro años de gobierno de Duque estuvieron marcados por el incumplimiento de buena parte de los compromisos asumidos en el acuerdo de paz, por un creciente alejamiento de las comunidades más golpeadas por el conflicto y por una escasa voluntad política para garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos y de los excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil.

Cuando Petro llegó al poder en 2022, intentó resolver lo que el acuerdo había dejado pendiente con una apuesta superadora: la “paz total”, acuerdos simultáneos con todos los actores armados. Lo anunció sin los mecanismos de monitoreo que habían dado sustento al proceso anterior. El ELN desmintió que hubiera pactado cosa alguna. Los grupos que aceptaron ceses temporales los aprovecharon para expandirse y enfrentarse entre. La política de paz no pacificó; redistribuyó el mapa de la violencia.

Los números de 2026 son elocuentes. En el Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 dejaron más de 80 muertos y 60.000 desplazados, el episodio más grave de desplazamiento forzado en la historia del país. Semanas antes de la primera vuelta, el Comando Central hizo estallar una bomba en una carretera del Cauca que mató a 21 personas. El año pasado, el senador Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto de campaña y murió meses después: el primer asesinato de un candidato presidencial colombiano en más de treinta años. 

Que 2026 sea ya el año más violento desde la firma del acuerdo es un dato que nadie discute. La promesa de la “paz total” se convirtió en el eje de litigio de esta campaña. La sociedad colombiana llegó a las urnas cansada y asustada.

Lo que Petro deja

Petro termina su mandato con una obra legislativa que muchos de sus antecesores ni intentaron: reforma laboral, reforma previsional, un 23% de aumento en el salario mínimo, distribución de tierras rurales. Son reformas concretas que cambiaron condiciones reales para sectores históricamente postergados. Aun así, recordando que su victoria estuvo marcada por un 50.44% de los votos en segunda vuelta, sus índices de aprobación raramente superaron el 40% durante los últimos dos años.

En política exterior, la novedad de la izquierda en la Casa de Nariño se hizo visible. Las tensiones con Washington se acumularon hasta la ruptura. En septiembre de 2025, Estados Unidos incluyó a Colombia en su lista de países que no cooperan en la lucha contra el narcotráfico; en octubre, sancionó al propio Petro y a varios de sus allegados por supuesta vinculación con el comercio ilícito de drogas. Como contrapeso, Colombia profundizó su relación con China: se sumó a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta e ingresó al Banco de Desarrollo de los BRICS. Con un Estados Unidos violento y decidido a revitalizar su patio trasero, la geopolítica de Petro fue tan ambiciosa como costosa.

Pero lo que más pesa de su presidencia, de cara a la elección que dejó en marcha, no son las reformas ni la geopolítica sino el mapa político que hereda el país: una sociedad sin centro. Hace cuatro años, cuando Rodolfo Hernández llegó a segunda vuelta contra Petro, era posible leer aquello como el rechazo a lo viejo antes que como la expresión de una derecha articulada. Hoy esa ambigüedad ya no existe: la derecha tiene candidatos con identidad definida y el espacio del medio, que durante décadas fue el campo de batalla decisivo de la política colombiana, se evaporó.

En ese suelo vaciado prospera una política de otro tipo. La era en que se votaba comparando programas terminó. Lo que decide una elección hoy es la emoción que produce cada candidato: lo que simboliza, lo que representa, lo que despierta. Cepeda tiene un programa de 433 páginas. De la Espriella tiene un tigre y pólvora en el escenario. 

¿Qué despierta Cepeda?

Iván Cepeda parece no encajar en este tiempo. En una campaña que se hace a gritos, en videos de diez segundos y con drones que lanzan pólvora sobre la multitud, él habla siempre igual: con la misma pausa, la misma meticulosidad, el mismo registro. Tiene 63 años, lleva más de una década en el Senado y es, en todos los sentidos, una figura de otra época de la política.

La historia que lo formó es anterior al Congreso. El 9 de agosto de 1994, su padre Manuel llevaba apenas dos semanas como senador de la Unión Patriótica cuando fue asesinado a tiros en su auto. Iván tenía 31 años. De esa pérdida construyó una trayectoria: el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado nació, en parte, de ese duelo. 

Cuando llegó al Congreso en 2010, como representante del Polo Democrático, ya sabía contra quién pelear. Desde dentro del mismo edificio donde habían nombrado senador a su padre, inició el proceso judicial que definiría su imagen pública: la acusación a Álvaro Uribe por manipulación de testigos y soborno, vinculada a supuestos lazos con grupos paramilitares. El año pasado, Uribe fue condenado. La sentencia fue luego anulada. Cepeda apeló y el proceso continúa.

Participó en las negociaciones con las FARC que dieron lugar al acuerdo de 2016 y en las conversaciones con el ELN. Hoy preside la Comisión de Paz del Senado. Petro lo eligió como su sucesor y garante de su proyecto. 

Lo que Cepeda despierta en sus seguidores es la imagen de una coherencia infrecuente: tres décadas sosteniendo las mismas posiciones, enfrentando a los mismos adversarios, sin cambiar de bando. Lo que despierta en sus adversarios es la acumulación de todos los miedos: lo llaman comunista, como llamaron comunistas a sus padres. Sus rivales de derecha lo acusaron, sin pruebas, de simpatizar con las FARC y otros grupos insurgentes.

No tiene hijos, lo que en un país donde la familia tradicional sigue siendo moneda electoral lo distingue. Su candidata a vicepresidenta es Aida Quilcué, senadora que lleva veinte años en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y que en febrero fue secuestrada mientras viajaba por el Cauca.

 

¿Qué despierta De la Espriella?

Sobre el escenario, Abelardo de la Espriella hace volar drones y baila con videos de tigres generados con inteligencia artificial. El tigre es el animal con el que se identifica. Su esposa declaró, con una soltura que define al candidato, que si pierde no habrá problema: volverán a su hogar en Italia o en Estados Unidos, países donde también tienen ciudadanía.

De la Espriella tiene 47 años y nunca ocupó un cargo público, aunque lleva más de dos décadas en la vida pública. Nació en Bogotá pero creció en Montería, capital del departamento de Córdoba, la misma zona donde el expresidente Uribe tiene su hacienda y donde operó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. 

Como abogado, construyó una carrera sobre los clientes que nadie más quería. Defendió a David Murcia Guzmán, el artífice del mayor esquema Ponzi en la historia del país; representó a los grandes jefes paramilitares durante la desmovilización de 2002, argumentando que no eran narcotraficantes sino actores políticos y llegó a ser el abogado de Alex Saab, el operador financiero de Nicolás Maduro. 

Lo que representa en estas elecciones no tiene precedentes directos. Hubo intentos: en 1998, el general retirado Harold Bedoya postuló a la presidencia con un programa militarista y anticomunista y no llegó al 2%. En 2022, los candidatos de la derecha cristiana y del Salvación Nacional sumaron apenas el 1,5%. Eran gestos sin músculo. 

De la Espriella es otra cosa: no la continuación de la derecha uribista sino algo más parecido a los fenómenos que en los últimos años transformaron la política de la región. Esa internacional reaccionaria de Bukele en El Salvador, Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos. 

Su plataforma discursiva de gobierno lo confirma. En los primeros noventa días prometió bombardeos aéreos contra grupos armados, coordinación militar con Estados Unidos e Israel y la posibilidad de operaciones del ejército norteamericano en suelo colombiano. También la reducción drástica del Estado, la expansión de combustibles fósiles, la construcción de megacárceles y la postura contra el aborto y contra la adopción por parejas del mismo sexo. 

Como declaró ante El País, su estratega de campaña no buscó matices: “Las emociones y los sentimientos son el detonante de cualquier decisión humana, y el voto no tiene por qué ser la excepción”. De la Espriella entró en política para evitar que la izquierda “destruyera” el país. Lo dice con convicción y con espectáculo. A juzgar por el domingo, a muchos colombianos les alcanzó.

Hacia la segunda vuelta: lo que Washington mira 

Lo que viene es más que una segunda vuelta. Es la posible definición de una tendencia continental.

Si en junio Colombia se decanta por De la Espriella, si en octubre Brasil vuelve a elegir una opción de derecha, y si finalmente Perú da el visto bueno a Keiko, Washington tendría prácticamente todo el grueso de América del Sur bajo gobiernos alineados. Para encontrar una concentración regional de ese tipo habría que ir a los sesenta y setenta: la era de las dictaduras militares y el imperativo anticomunista, cuando los gobiernos del continente respondían a Washington por la fuerza o por convicción ideológica. La diferencia ahora es que no hay ningún enemigo declarado y los gobiernos son el producto de elecciones democráticas. 

De la Espriella ya lo anticipó en campaña. Sus compromisos contrastan con los cuatro años de tensión bilateral bajo Petro, etapa en que Colombia fue sancionada, acusada y amenazada desde Washington. El cambio que ofrecen es exactamente el que la Casa Blanca busca en sus subordinados. 

El 21 de junio, Colombia elige entre dos versiones de sí misma que difícilmente podrían ser más distintas: la de un senador que construyó su trayectoria defendiendo a las víctimas del Estado y la de un abogado que construyó la suya defendiendo a quienes las produjeron. Entre esas dos figuras, entre esas dos emociones, se define algo que trasciende las fronteras del país.