En ese marco, la remoción de Nicolás Maduro como presidente en funciones de Venezuela ha sido presentada por algunos sectores como un punto de inflexión. Desde el punto de vista jurídico y político, se trató de un acto ilegal e ilegítimo, en abierta violación del derecho internacional y de principios básicos como la soberanía, la integridad territorial y la inmunidad de los jefes de Estado. Nada de esto resulta menor ni puede ser relativizado.

Sin embargo, a una semana de los acontecimientos y del reordenamiento inicial de actores y dinámicas, el caso invita a una lectura adicional: más que un episodio aislado, puede pensarse como un experimento. No como uno completamente novedoso en términos históricos (la intervención de una potencia en la región no lo es), pero sí diferente de los patrones conocidos en América Latina y en el sistema internacional reciente.

No estamos ante fenómenos desconocidos, como la violación del derecho internacional o la injerencia norteamericana en la región. La novedad reside en otros elementos: el bombardeo directo sobre un país sudamericano, el intento de redefinir explícitamente el área como zona de influencia y la posibilidad de avanzar hacia una forma de tutela externa que recuerda más a un protectorado que a los esquemas clásicos de intervención.

Panamá, Irak, Libia y Estados Unidos 

Los antecedentes ayudan a dimensionar el carácter singular del caso venezolano. En Panamá, en 1989, Estados Unidos respondió a la anulación electoral perpetrada por Manuel Noriega con una invasión a gran escala. Con más de 27.000 efectivos en el terreno, logró capturar al dictador, trasladarlo y reinstalar al presidente legítimamente electo, Guillermo Endara.

En Irak, la estrategia fue más radical: la invasión implicó el desmantelamiento completo del aparato estatal construido bajo Saddam Hussein y la instalación de una autoridad provisional encabezada por Paul Bremer. El resultado fue un prolongado ciclo de insurgencia, violencia sectaria y fragmentación institucional que condicionó hacia la retirada norteamericana.

Libia, en 2011, representó una variante distinta. La intervención aérea que precipitó la caída de Muamar Gaddafi no dio paso a la estabilidad prometida, sino a una guerra civil persistente y a la disolución práctica de la noción de Estado hasta entonces conocida.

Venezuela como experimento político-estratégico

Venezuela parece apartarse de esos modelos. Más allá de la ilegitimidad de la intervención, Estados Unidos no ha intentado reinstalar a Edmundo González (quien había resultado vencedor en las elecciones de 2024) ni desmantelar el Estado venezolano. Tampoco busca fracturar a las Fuerzas Armadas, entendidas aún como un factor de cohesión nacional, ni mantener una presencia militar permanente en el territorio. Del mismo modo, procura evitar un escalamiento incontrolable del conflicto interno entre oficialismo y oposición.

Este diseño plantea interrogantes centrales. ¿Por qué Washington tolera, al menos por ahora, la continuidad de figuras como Delcy Rodríguez, sancionada desde 2018 y con vínculos estrechos con Rusia y China? ¿Se trata de una forma de tutela indirecta? ¿De un pacto de estabilidad mínima que evite un colapso regional o efectos dominó, particularmente en Colombia?

La escena sugiere un juego de múltiples tableros: algunos visibles, otros opacos, atravesados por negociaciones paralelas y disputas geopolíticas que exceden largamente a Venezuela.

MAGA, “America First” y el retorno del uso de la fuerza

Estas decisiones también reflejan tensiones dentro del propio trumpismo. El eslogan “America First” no implica, para Trump, aislacionismo. Autoriza la acción agresiva cuando responde a intereses estratégicos percibidos como propios. Su aparente cinismo, lejos de debilitarlo, funciona como escudo frente a las acusaciones de incoherencia.

El vicepresidente J.D. Vance expresa al núcleo duro del movimiento MAGA, reacio a las “guerras eternas” y enfocado en la recomposición económica interna y en la competencia estratégica con China. En contraste, figuras como Marco Rubio encarnan una tradición neoconservadora que concibe a América Latina como un espacio privilegiado para la proyección de poder, con Venezuela como pieza clave para debilitar a Cuba y reordenar el tablero energético y diplomático del Caribe.

A este entramado se suma el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, cuya impronta introduce un giro adicional. Hegseth combina una visión militarizada de la política exterior con una narrativa civilizatoria que legitima el uso de la fuerza como mecanismo de restauración del orden. Su rol resulta central para comprender por qué el empleo directo de la coerción en Sudamérica deja de ser un tabú estratégico, aun sin ocupación prolongada.

Completa este cuadro Stephen Miller, figura clave que opera en las sombras, articulador de la política migratoria, la presión sobre Venezuela y una concepción ampliada de los intereses norteamericanos en el hemisferio, llegando incluso a Groenlandía en su ambición. 

Sudamérica ante una situación inédita

Estados Unidos hoy opera en un escenario muy distinto al de comienzos del siglo XXI: cuenta con gobiernos abiertamente alineados, no ya de centroderecha, sino de derecha dura, que convergen con el proyecto de una “internacional reaccionaria”. Argentina, Paraguay, Panamá y El Salvador ilustran esta tendencia, que acompañan tantos otros. 

Al momento en que haya las elecciones de mitad de término en Estados Unidos, no es descabellado pensar una Sudamérica totalmente alineada con Washington. Este octubre, la elección presidencial en Brasil y previo a ello, la colombiana, serán la elección más importante del 2026. En el caso de Brasil, no solo se define su propio rumbo, sino el equilibrio estratégico de toda Sudamérica. 

Frente a este escenario, resulta indispensable recuperar una iniciativa regional propia. Desde Sudamérica y hacia Venezuela debería impulsarse un nuevo simil Grupo Contadora, ya no como una evocación nostálgica de los años ochenta, sino como un mecanismo actualizado de concertación política orientado a la mediación, la desescalada y la defensa activa de la región como zona de paz.

Un esquema de este tipo permitiría involucrarse en una salida negociada para Venezuela, limitar la lógica de hechos consumados impuesta desde fuera y reconstruir una voz sudamericana capaz de dialogar con Washington, pero también con otros actores globales. No se trata de una postura ideológica, sino de un ejercicio de responsabilidad estratégica.

Daniel Maffey

Analista Internacional

Este 19 de octubre, el país deberá elegir entre dos figuras que provienen del pasado pero que hoy encarnan la promesa de futuro: Rodrigo Paz Pereira, heredero político de un linaje histórico, y Jorge Quiroga, tres veces candidato y expresidente de aquella Bolivia que para comienzos del siglo XXI transitaba una tumultuosa democracia.

Escribir sobre Bolivia sin que Evo se lleve los flashes es difícil. Su figura sigue siendo inevitable para entender el inicio y fin de un ciclo que bajo la idea del “milagro económico” supo combinar crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica y reducción de la pobreza, transformando la renta gasífera en prosperidad y refundando nada menos que una nación. 

Tras casi dos décadas, ese ciclo se agotó y el abismo es el temido horizonte que acecha a millones de bolivianos. El país atraviesa su peor crisis en décadas, marcada por una inflación anual de casi el 25%, en tanto existe escasez de combustible y algunos productos básicos, con el impacto que eso representa para el ánimo general de la población. 

Las elecciones de agosto ocurrieron y respondieron a esta realidad, marcando un punto de inflexión para la política boliviana, no solo llevando al estreno de la segunda vuelta presidencial desde que esta figura fue incluida en la nueva Constitución, sino además, con la desaparición del MAS del Senado y apenas un puñado de representantes en la cámara baja.

El nuevo mapa político boliviano 

En Bolivia, las elecciones generales lo cambian todo, renovando en un único llamado la totalidad de ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional y, lógicamente, la fórmula presidencial que el próximo 8 de noviembre asumirá funciones. 

Bajo este escenario, la sorpresa fue Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, que ganó la primera vuelta con el 32%. Lo siguió Jorge Quiroga, de Libre, con 26%. Samuel Doria Medina, favorito en las encuestas, quedó tercero y fuera del balotaje. En términos legislativos, la conclusión es que cualquiera de los dos candidatos que venza este octubre va a tener que construir acuerdos para garantizar gobernabilidad y eficacia en la compleja agenda que necesitará la futura gestión de gobierno.

El MAS, fracturado en al menos tres corrientes, quedó al borde de su desaparición. Con apenas un puñado de asambleístas, de las tres corrientes partidarias que de manera difusa dijeron presente en la elección, el único respaldo considerable fue el voto en nulo, convocado por Evo Morales tras ser inhabilitado a la reelección, que obtuvo un tercer puesto “simbólico”, con el 19%.

Ahora bien, nuevamente ante el esfuerzo de salir de Evo y el MAS, contar el presente y futuro de Bolivia supone entender quiénes son y qué proponen las figuras de Paz y Quiroga. 

Rodrigo Paz Pereira y un Estado “tranca” 

Rodrigo Paz combina apellido histórico y relato de renovación: es heredero político de un linaje republicano (Paz Zamora/Paz Estenssoro), pero se presenta como una alternativa moderada y no confrontativa frente al MAS. Su triunfo en la primera vuelta pareció obedecer a una oferta que sedujo a votantes cansados de la polarización: promesas de administración eficaz, lucha anticorrupción y una narrativa centrada en poner la política al servicio de la gente.

Su apoyo provino de electores urbanos moderados, empresarios medianos, capas medias afectadas por la crisis económica y regiones con mayor peso institucional. Captó también votos de sectores descontentos con la fragmentación del MAS y de votantes conservadores que prefieren estabilidad antes que rupturas ideológicas, como puede suponer su contrincante. 

Paz propone un estilo dialogante más que confrontativo. Su Agenda 50/50 apunta a descentralizar recursos y devolver protagonismo a gobiernos subnacionales; propone una “reforma multidimensional” que combina medidas de gestión pública, ajustes fiscales moderados y reformas institucionales (como la eliminación de la reelección, algo que ha traumatizado la escena política boliviana por muchos años). 

En el corto plazo, su prioridad está en estabilizar las finanzas públicas y restaurar señales de confianza para atraer inversión. Paz dispondrá de la mayoría simple en ambas cámaras, con 49 asambleístas sobre 130 y 16 de 36 senadores. Es probable pensar que sus aliados vendrán de fuerzas de centro como ese 19% del electorado de Doria Medina, además de gobernadores y partidos regionales que aspiren a una mayor autonomía fiscal. 

Jorge Quiroga: retorno, coaliciones y agenda tecnocrática

El ingeniero y economista Jorge Quiroga alcanzó por primera vez la Presidencia de Bolivia en 2001, cuando, siendo vicepresidente de la República, sustituyó por enfermedad al dictador Hugo Banzer, su mentor político. En sus meros 12 meses de ejercicio, ejecutó un plan de reactivación económica y ajuste fiscal que disfrutó de una tregua en la conflictividad social, pero con nulos resultados tangibles para la población. Curiosamente, durante su mandato, expulsó a Evo Morales de la Cámara de Diputados, quien, a raíz de este destierro, comenzó su crecimiento como líder político. 

Durante casi 20 años, Quiroga fue un férreo opositor de los gobiernos del MAS, tanto durante las presidencias discontinuas de Morales (derrocado en 2019) y Luis Arce (elegido en 2020); en el ínterin, trabajó muy brevemente para la administración de facto de Jeanine Áñez en el plano internacional.

Ofreciendo “darle propiedad a la gente” con la participación masiva de los ciudadanos en el accionariado de las empresas del Estado a través de títulos de valor transferibles, Quiroga ha enfatizado la necesidad de reactivar la economía; reducir el gasto público tirando de “motosierra, machete y tijera”; unificar el tipo de cambio del boliviano con la asistencia crediticia del FMI; acelerar la digitalización del Estado, profundizar las autonomías departamentales y descentralizar los servicios de salud y educación. 

Al igual que sobre comienzos de siglo bajo el ala de Banzer, Quiroga promete una estrategia de “cocaína cero”, respetando la hoja de coca tradicional. Además, se propone reactivar la industria del gas a través de la baja de impuestos a las nuevas exploraciones y clarificar el potencial del litio, mineral estratégico del que Bolivia dispone más que cualquier otro país del planeta en su gigantesco Salar de Uyuni. 

Hacia una nueva (aunque probablemente conocida) etapa

Solo entre Paz y Quiroga, se repartieron poco menos del 60% de los votos válidos emitidos en las elecciones generales, por lo que el redireccionamiento de los apoyos de quienes quedaron en el camino resulta fundamental para estimar un ganador para la Presidencia boliviana. 

Por ahora, Doria Medina, quien pareció acariciar la Presidencia y quedó tercero, expresó su respaldo a la candidatura de Rodrigo Paz, lo que, más allá de un potencial apoyo en las urnas, puede implicar una señal para un futuro acuerdo de gobernabilidad. Los otros dos candidatos que le siguieron, Andrónico Rodríguez y Manfred Reyes Villa, de momento, no resolvieron ningún apoyo público. Tampoco está claro qué hará Evo Morales desde su trinchera, arropado por ese voto nulo, síntoma de su incapacidad de delegar poder. 

La historia boliviana está llena de giros inesperados, pero también de regresos. En 2020, se vaticinaba el final del ciclo progresista y Arce terminó ganando con el 55%. Hoy, el futuro vuelve a estar en disputa y en manos de quienes hasta ayer eran el pasado, tiempo que, al menos de momento, hoy le cabe al MAS.

Daniel Maffey

Analista Internacional

Previo a este viaje, el Gobierno anunció retenciones 0% hasta el 31 de octubre para todos los granos y subproductos, carnes bovinas y avícolas. Por fuera de lo obsceno de reestructurar un cuadro tarifario en clave electoral, al tiempo que se recortan recursos a jubilados y discapacitados, esto no parece el gesto de un estadista que consolida vínculos, sino el de un gobernante desesperado por sobrevivir a los próximos treinta días.

Ese cortoplacismo y el recurso a fuentes excepcionales de financiamiento que, como confirmó el Secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, será de ayuda para “estabilizar” al país, reflejan la gravedad de la situación y la nueva obsesión del Gobierno: alejar cualquier duda sobre la capacidad de pago en los próximos dos años y frenar la corrida cambiaria actual, al menos hasta las elecciones de medio término.

Una política exterior de trueque

En paralelo, va a tener lugar una nueva sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, escenario donde Milei, en 2024, dedicó buena parte de su breve discurso a descalificar la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un gesto en línea con otras intervenciones recientes que están bien detalladas en esta nota. 

Pero, lejos de detenernos en las formas y lo bombástico de sus palabras, lo novedoso está en la actual mimetización con los Estados Unidos de Trump y cómo esto coloca a la Argentina y su política exterior en un terreno desconocido.  

Incluso para un país que no hace mucho encuadró su vínculo bilateral con Washington como uno de “relaciones carnales”, la coyuntura importa y podemos pensar una contradicción de fondo. Estados Unidos, que tras la Guerra Fría impulsó la globalización como motor de su hegemonía, hoy se repliega. Trump interpreta ese proceso histórico como un fracaso y de ahí su rechazo actual tanto a la globalización como al globalismo. Milei, en cambio, se proclama antiglobalista pero fervientemente proglobalización.

Más allá de ese debate conceptual, quizás irrelevante ante la urgencia argentina, esto suma a la idea de que no estamos ante una estrategia capaz de conducir un “campo de batalla”, sino una política exterior de trueque. 

En el dame que te doy, las señales abundan: la abstención en Naciones Unidas sobre el retiro de tropas rusas de Ucrania, que erosiona la histórica defensa de la integridad territorial vinculada a la cuestión Malvinas; el anuncio en Jerusalén de trasladar allí la embajada argentina; o la decisión de no incorporarse a los BRICS. Todas y cada una de estas decisiones configuran un rumbo en el que los intereses de un gobierno se imponen sobre los de un Estado y sus posiciones históricas. 

Entonces, si la la teoría nos dice que “una política exterior exitosa es la que incremente el poder relativo del país, mejore la calidad de vida de los ciudadanos y afiance la autoestima nacional”, estamos en otra sintonía: en una donde los intereses personales y políticos de corto plazo hipotecan los de largo alcance, y las posiciones históricas de la diplomacia argentina se entregan a cambio del respaldo de Washington frente a prestamistas de última instancia que incluso la propia administración norteamericana pasa a representar. 

En esta semana, con un eventual desembolso que será narrado como triunfo de la llamada “Doctrina Milei”, aunque en esencia no sea más que un salvavidas precario con condicionantes desconocidos y que, presentado no como un endeudamiento sino como financiamiento para pagar deuda, seguramente no pasará por el Congreso Nacional.

Nada es gratis en este mundo

Decisiones de tan largo plazo tomadas por un Gobierno que tambalea no parece ser un combo sano. Para la Argentina, que ya acumula 12 acuerdos de asistencia del Tesoro de EE.UU, en esta nueva ocasión, aún no se conoce el monto ni los condicionantes del mismo. 

Lo que sí sabemos es que diferentes funcionarios de la administración Trump se han manifestado preocupados por la relación de China con Argentina (ya que mencionamos al gigante asiático, recordemos que para destrabar el SWAP de monedas esto vino con la instalación de la Estación de Espacio Lejano, ubicada Neuquén) por lo que un repliegue del vínculo comercial con Beijing, una base militar en la Antártida con base en Tierra del Fuego y/o acciones de empresas estatales, son todas opciones que están sobre la mesa y no hace falta ser conspiranoico para pensar que si un país te presta plata, va a exigir algo a cambio. 

Recordemos que solo algunos meses atrás, Trump pidió que Ucrania reembolsara a Washington la ayuda militar y financiera provista desde la invasión rusa de 2022, algo que valuó en 500.000 millones de dólares en tierras raras, necesarias para la producción de productos de alta tecnología, en particular los asociados con la electrónica de consumo, infraestructura de inteligencia artificial y armas.

Argentina en territorio desconocido 

La paradoja es brutal: mientras Milei proclama la misión de destruir al Estado desde adentro, depende de un préstamo del Tesoro norteamericano para sobrevivir a las próximas semanas. Lo mesiánico se reduce a lo contable; lo que se presenta como doctrina no pasa sin un nuevo auxilio.

Quizás ahí resida la verdadera novedad: Milei, bajo su política exterior híperpersonalista, sustituyó el lenguaje de la soberanía por el del regateo. Lo que antes se pensaba como horizonte colectivo se convierte en ficha de negociación individual. Argentina ya no proyecta al mundo una voz propia, sino la urgencia de un salvavidas. En las próximas jornadas, al ritmo de la temporal baja del tipo de cambio, veremos una vez más agravios y aleccionamientos para los mandriles. Hasta la nueva crisis y así, porque lo que termina quedando es lo que estamos viendo, quizás demasiado en shock para dimensionarlo: una política exterior de trueque en la que cobra un gobierno y, como siempre, paga una nación.

Daniel Maffey

Analista Internacional

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) alcanzó la mayoría que declara culpable a Jair Bolsonaro por cinco delitos contra el orden democrático: tentativa de golpe, abolición violenta del Estado de derecho, daño al patrimonio público, destrucción de bienes protegidos y pertenencia a una organización criminal armada. En conjunto, las acusaciones podrían traducirse en hasta 43 años de cárcel y serán determinadas por parte de los cinco ministros del Tribunal. 

El fallo no lo afecta en soledad. Siete de sus excolaboradores más cercanos, entre ellos ministros y militares de alto rango, fueron declarados responsables de delitos similares. La sentencia marca un antes y un después en el vínculo entre poder político y justicia en Brasil. Desde 2019, el STF estableció que una condena solo puede ejecutarse una vez agotados todos los recursos. Esa decisión fue vital para que ese mismo año Luiz Inácio Lula da Silva recuperara la libertad y reingresara al tablero electoral.

Bolsonaro, de 70 años, recibió la noticia desde su residencia en Brasilia, donde cumple arresto domiciliario por violar medidas cautelares. Su pasaporte fue confiscado, porta una tobillera electrónica y ya se encontraba inhabilitado para competir hasta 2030. El destino de su carrera política parece así sellado, aunque en un país marcado por giros abruptos y alianzas volátiles, el futuro nunca es lineal.

La coyuntura agrega un elemento paradójico: mientras Lula da Silva explora la posibilidad de presentarse a un cuarto mandato en 2026, la suerte judicial de Bolsonaro puede condicionar la coalición que sostiene a su gobierno. El expresidente conserva un núcleo duro de apoyos en sectores empresariales, militares y en los estados más ricos del país: São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, precisamente, aquellos que buscarán impulsar una amnistía sobre los recientemente condenados. 

La narrativa del victimismo, a la que Bolsonaro recurrió desde que se le prohibió competir, podría intensificarse si la prisión efectiva se concreta, con capacidad para avivar una polarización ya crónica. El 7 de septiembre último, Día de la Independencia, fue un recordatorio: las calles se poblaron de consignas tanto en defensa de la democracia como en apoyo a quien intentó socavarla.

Washington y Brasilia: dos rutas divergentes

La comparación con Estados Unidos resulta inevitable. Dos democracias presidencialistas consolidadas, con tradiciones electorales firmes, vieron a sus presidentes en funciones y aspirantes a la reelección cuestionar la legitimidad de las urnas incluso antes de los comicios. Ambos discursos desembocaron en episodios de violencia política: el asalto al Capitolio en enero de 2021 y la invasión de las sedes de los poderes en Brasilia en enero de 2023.

Sin embargo, los caminos judiciales fueron diametralmente distintos. En Estados Unidos, la Corte Suprema bloqueó la posibilidad de excluir a Donald Trump de las elecciones mediante la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, que prohíbe ejercer cargos a quienes participen en una insurrección. La decisión evitó pronunciarse sobre el fondo, si Trump fue o no responsable de una insurrección, y se concentró en la cuestión procedimental: solo el Congreso, no los tribunales estatales, puede aplicar esa cláusula.

Brasil, en cambio, cuenta con un marco legal como la Ficha Limpia, que inhabilita de manera automática a quienes han sido condenados por delitos graves. Allí donde el sistema estadounidense privilegia la decisión política del Congreso, el brasileño otorga al poder judicial un rol más incisivo en la regulación del acceso a cargos electivos.

La sentencia del STF no solo parece clausurar una etapa de la vida política de Bolsonaro, sino que también reabre el debate sobre el alcance de la justicia en regímenes democráticos. En Brasil, el poder judicial ha actuado como un actor político decisivo: encarcelando y luego permitiendo el regreso de Lula, luego al inhabilitar a Bolsonaro y ahora al marcar los límites de lo tolerable en una democracia amenazada.

En un continente atravesado por crisis institucionales recurrentes, el fallo del STF no solo clausura la etapa Bolsonaro sino que también lo trasciende, enviando un mensaje a toda la región. En tiempos de desinformación, discursos de odio y tentaciones autoritarias, la lección es inequívoca: ningún líder, por poderoso que sea, o haya sido, está por encima de la democracia ni de la ley.

Daniel Maffey

Analista Internacional (USAL-UTDT)

Este 17 de agosto, apenas dos semanas después del bicentenario, unos siete millones de ciudadanos acudirán a las urnas en un clima cargado de incertidumbre. El presidente Luis Arce ha decidido no buscar la reelección. Evo Morales, figura dominante en el país durante las últimas dos décadas, tiene prohibido presentarse. Y el Movimiento al Socialismo (MAS), que supo ser fuerza hegemónica, podría incluso desaparecer si su nuevo candidato, el exministro Eduardo del Castillo, no supera el umbral del 3% de los votos. 

La disputa interna entre Morales y Arce ha derivado en una implosión del partido, pero el declive del MAS también responde a razones más estructurales: el agotamiento de un modelo económico que durante años fue considerado ejemplar. En su momento de auge, Bolivia logró combinar crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica y reducción de la pobreza. Las llamadas “Evonomics” (luego “Arcenomics”) supieron transformar la renta gasífera en prosperidad. Entre 2000 y 2015, el PBI se multiplicó por cinco, gracias al superciclo de las materias primas y una fuerte intervención estatal.

Pero el ciclo se agotó. La producción de gas disminuyó, la inversión extranjera se retrajo y el Estado no logró diversificar su matriz productiva. La pandemia, la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la política monetaria en EE.UU. terminaron por cercar al modelo. En 2023, las reservas líquidas del Banco Central cayeron por debajo de los 1.000 millones de dólares. La reacción fue inmediata: los ciudadanos se lanzaron a los bancos para retirar sus ahorros. Los bancos, a su vez, impusieron restricciones que aún persisten. En un solo año, los depósitos en divisa extranjera cayeron un 30%.

Hoy, Bolivia atraviesa una crisis de liquidez. El riesgo país impide acceder a financiamiento externo razonable. Los préstamos que ha logrado negociar Arce están trabados en el Parlamento, donde el Ejecutivo carece de mayoría. Y, fiel al ideario del MAS, el Gobierno ha evitado recurrir al Fondo Monetario Internacional. La única fuente de dólares proviene de los exportadores privados, que, temerosos, prefieren conservar sus divisas fuera del país.

Ante este escenario, el Gobierno ha optado por un camino alternativo: incentivar la repatriación voluntaria de divisas y, más recientemente, recurrir a la compra directa de oro a productores locales. El Banco Central espera convertir esas reservas en divisas líquidas, con una proyección de ingreso de hasta 500 millones de dólares. Se trata de una operación compleja y sin garantías, pero revela el grado de urgencia con el que se gestiona la coyuntura.

El escenario electoral es tan volátil como el propio Palacio Quemado. Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y figura cercana a Evo Morales (aunque con vuelo propio) encarna a un progresismo golpeado que aún aspira a llegar a la segunda vuelta. También se perfila Samuel Doria Medina, empresario liberal con décadas en la arena política pero que no logra desprenderse del aura de político del pasado. El resto de la oposición se mueve entre nombres ya conocidos, como el ex presidente Jorge Quiroga o Manfred Reyes Villa: figuras que remiten a una Bolivia anterior al ascenso del indigenismo popular, pero que hoy vuelven a pisar fuerte. De consolidarse, podrían configurar una segunda vuelta prevista para octubre entre sectores que, por primera vez en décadas, excluyen al MAS.

Bolivia, con poco más de 11 millones de habitantes, sigue siendo un país con una dotación de recursos naturales difícil de igualar: litio, hierro, energía solar, eólica y biodiversidad. Sin embargo, ese potencial, tantas veces invocado, continúa sin traducirse en desarrollo sostenido. La falta de tecnología, inversión e institucionalidad ha dejado oportunidades sin aprovechar.

Lo que Bolivia decidirá este agosto es si encara una nueva refundación o si insiste en reciclar ciclos ya transitados. El bicentenario encuentra al país ante un dilema estructural: redefinir su rumbo económico, estabilizar su sistema político y reconstituir la confianza social o seguir navegando entre fracturas y promesas incumplidas. La historia boliviana está llena de giros inesperados, pero también de regresos. En 2020, se vaticinaba el final del ciclo progresista y Arce terminó ganando con el 55%. Hoy, el futuro vuelve a estar en disputa.

* La nota fue originalmente publicada en El Cronista Comercial 

Daniel Maffey 

Analista Internacional (USAL – UTDT)

Sumemos entonces, los  periodistas insultados públicamente por el presidente en la Argentina y los riesgos que esto supone nada menos que para la libertad de expresión en el país. 

Entre la antipolítica y la indiferencia, desde que Javier Milei asumió el poder en diciembre de 2023, su gobierno ha mostrado una deriva autoritaria cada vez más evidente. Así lo registra el Instituto V-Dem, uno de los principales centros de análisis sobre calidad democrática en el mundo, que ha alertado sobre el proceso de “autocratización” que atraviesa el país sudamericano.

Las cifras acompañan esa evaluación. Amnistía Internacional ha documentado que el presidente Milei ha insultado públicamente al menos a 41 periodistas desde que asumió el cargo. El Informe de Libertad de Expresión nacional, evidenció un deterioro sin precedentes en las condiciones para el ejercicio del periodismo: al cumplirse los primeros 100 días de gobierno, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que el 40% de los ataques contra periodistas provenían de Milei y sus funcionarios. Nunca antes en democracia se había registrado semejante hostigamiento desde la jefatura del Estado.

Buena parte de estas embestidas se producen a través de X, donde el mandatario se expresa con virulencia y códigos propios. Allí ha popularizado siglas como NOLSALP (“no odiamos lo suficiente a los periodistas”) o referencias crípticas como “PN°10(E)”, en alusión a la décima plaga de Egipto. No es necesario decodificar del todo estas expresiones para entender su función: construir un relato de enemigo interno y legitimar la agresión.

No se trata de un fenómeno aislado. Esta lógica es compartida por líderes de ultraderecha en distintos países. El propio Elon Musk ha hecho suya la consigna “No odias lo suficiente a los medios tradicionales”, y Donald Trump cimentó buena parte de su identidad política en la deslegitimación constante de la prensa. “Fake news” se convirtió en su estandarte.

Lo que parece una reacción emocional o impulsiva es, en realidad, una estrategia estructurada: una ofensiva deliberada contra la libertad de expresión, incluso dentro de sistemas democráticos. Así lo expone A.G. Sulzberger, director del New York Times, en su ensayo publicado en The Washington Post, donde advierte que la guerra contra la prensa ya no es patrimonio exclusivo de regímenes autoritarios como China o Arabia Saudí, sino una realidad también en países democráticos.

Quienes buscan hacer retroceder el periodismo independiente en democracias, tienen un plan de acción y algunos pasos a seguir: 

• Crear un clima favorable que promueva la desconfianza en el periodismo independiente y normalice el acoso a periodistas;
• Aumentar la cantidad de ataques contra periodistas y sus empleadores, alentando a otras partes del sector público y privado a sumarse a esta “batalla”;
• Manipular la autoridad legal de turno para penalizar logística y financieramente a periodistas y organizaciones de noticias independientes; 
• Utilizar los recursos del poder no sólo para castigar a periodistas independientes, sino también para compensar a quienes demuestran lealtad. 

El caso argentino cumple todos estos requisitos. El más reciente episodio involucra a la periodista Julia Mengolini, blanco de una campaña de acoso digital seguida de una denuncia formal por supuesta difamación, tras analizar públicamente la relación entre el presidente y su secretaria general.

Pensar que se trata de un problema exclusivo del gremio periodístico sería un grave error. Socavar la libertad de prensa afecta a toda la sociedad: invisibiliza la corrupción, oculta riesgos sanitarios, silencia abusos de poder y erosiona los cimientos de la democracia.

La persecución de Javier Milei a periodistas no es solo una muestra de intolerancia, sino también una estrategia comunicacional adaptada a una época donde las emociones pesan más que los argumentos. En este nuevo orden, polarizar es más rentable que convencer. Y, como en toda cruzada autoritaria, la prensa es apenas el primer blanco.

La pregunta no es si los periodistas o medios sobrevivirán. La verdadera cuestión es si la sociedad reaccionará a tiempo, o si cuando lo haga ya habrán sido arrasados muchos otros derechos.

Daniel Maffey 

Analista Internacional (USAL-UTDT)

Ese hartazgo ante soluciones que no resuelven define y atraviesa hoy a muchas democracias. Los partidos tradicionales, que durante décadas articularon demandas sociales, ya no logran representar ni persuadir. En su lugar, emergen liderazgos extrapartidarios que conectan con sociedades descreídas, saturadas de discurso y desesperadas por un cambio. Cualquiera sea. 

El eje izquierda-derecha, que organizó el debate público durante buena parte del siglo XX, parece ahora insuficiente. Más aún: sus significados se diluyen o se superponen. En su lugar, la contraposición que hoy gana tracción es otra, más visceral en lo discursivo aunque difusa en lo fáctico: pueblo versus élite.

Estados Unidos: laboratorio emocional

El caso de Donald Trump ilustra esta dinámica. Bajo su liderazgo, el Partido Republicano pasó de histórico custodio del orden a pujante fuerza de disrupción. No se trató solo de un giro ideológico, sino también simbólico y narrativo: ante espacios repletos de estrategia y sin contenido, Trump no ofreció complejidad ni programa, sino un relato simple, emocional, capaz de resonar con un electorado hastiado de tecnocracia y moderación.

Si bien la política siempre ha estado atravesada por emociones, lo singular del fenómeno es su sostenida eficacia: Trump, pese al asalto al Capitolio, su confrontación abierta con instituciones democráticas y agendas como la científica o educativa, mantiene un sostenido piso de aprobación que ronda el 40% ¿Cómo se explica ese respaldo? Una hipótesis posible: cuando la ciudadanía se siente excluida de los beneficios del sistema, emerge una pulsión primaria, muchas veces ignorada, que busca no construir, sino destruir aquello que le resulta ajeno.

La paradoja es especialmente visible en Estados Unidos, primera potencia global, pero con acceso limitado a derechos básicos como la salud o la educación. Entonces, la ciencia podrá dar con avances en tratamientos médicos, pero solo para quienes antes pueden costear un seguro. La educación universitaria podría abrir puertas, solo si se acepta endeudarse por cientos de miles de dólares para cubrir el costo de estudiar.

Según datos del U.S. Census Bureau, entre 2019 y 2024, a pesar de un crecimiento sostenido del PBI, ancla discursiva de la administración Biden, los ingresos familiares ajustados a la inflación cayeron y la pobreza aumentó. La macroeconomía y la mejora social ya no están conectados entonces, como advirtiera la congresista Alexandria Ocasio-Cortez: “Si la vida de estas personas no cambia, estamos perdidos. ¿Saben cuántos Trumps nos esperan?”.

El agotamiento como contexto

Pero la transformación no se limita a las instituciones. También afecta al modo en que las personas se relacionan con la información. Un estudio reciente del Instituto Reuters revela que el número de personas que evita activamente las noticias está en máximos históricos. Las causas son diversas: desde la repetición de contenidos hasta la sobrecarga emocional.

Mientras tanto, el consumo se traslada a redes sociales y plataformas digitales, donde los formatos breves, visuales y personalizados tienen mayor llegada que los análisis profundos. En ese escenario, el ocio vence a la información y los primero influencers, luego outsiders, ocupan espacios antes reservados a la clase política tradicional. 

Las nuevas generaciones no ignoran la política, pero la abordan desde otros formatos y lenguajes. Así, la identificación se construye sobre agendas globales como el cambio climático, el racismo, los derechos sexuales o incluso el conflicto entre Israel y Palestina. Si bien los outsiders pueden surgir desde distintos puntos del espectro, hoy es la extrema derecha la que ha sabido construir un relato emocionalmente eficaz a partir del malestar social generando la novedad de nuevas generaciones que es sus ideas se presentan más conservadoras que la de sus padres. 

¿Y después del hartazgo?

Estos nuevos liderazgos no son la causa del desgaste del sistema representativo, sino su síntoma. Emergen allí donde los partidos tradicionales ya no logran comprender el presente ni proyectar el futuro. Critican al sistema en bloque, a la derecha, a la izquierda, a los medios y, a la vez, son amplificados por ese mismo sistema, que encuentra en ellos una fuente constante de atención, viralidad y conflicto.

La pregunta que verdaderamente urge responder no es si los partidos podrán resistir, sino si están en condiciones de reformularse. Porque si el hartazgo sigue siendo el lenguaje común de nuestras democracias, como el presente parece confirmar, el próximo líderazo no pertenecerá a quien tenga el mejor programa, sino quien logre nombrar ese agotamiento con mayor claridad. Con todos los riesgos que ello implica.

La incógnita, por tanto, no es si surgirán outsiders, sino desde qué sistema, o desde fuera de él, lo harán.

La nota fue originalmente publicada en Diario Perfil

Lic. Daniel Maffey

Analista Internacional (USAL-UTDT)

El fuego cruzado entre Israel e Irán no cesa; por el contrario, se intensifica. Y con él, reaparece una inquietud que el mundo parecía haber relegado: la amenaza nuclear. La humanidad vuelve a situarse peligrosamente cerca del abismo, a merced de un error de cálculo o de un acto de soberbia política que desencadene un escenario de consecuencias inimaginables.
El momento elegido por Israel no parece casual. Justo un día antes del ataque, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió que ya no puede garantizar que el programa nuclear iraní sea exclusivamente pacífico. Paralelamente, avanzaban negociaciones bilaterales entre Teherán y Washington para evitar la militarización del programa. El bombardeo israelí no solo mató a Ali Shamkhani, asesor clave del líder supremo Alí Jamenei e interlocutor directo en ese proceso, sino que socavó gravemente cualquier posibilidad inmediata de avance diplomático.

Netanyahu lleva décadas alertando sobre lo que considera la principal amenaza existencial para Israel: el régimen de Irán. Incluso desde el Congreso de Estados Unidos ha cuestionado abiertamente los enfoques diplomáticos hacia Teherán, como hizo durante la presidencia de Barack Obama, al denunciar el acuerdo nuclear como una vía libre hacia un “holocausto nuclear”. En su visión, solo el colapso del régimen de los ayatolás podría garantizar la seguridad de Israel frente a la amenaza atómica.

Esa lógica encuentra un precedente en el ataque israelí al reactor nuclear iraquí de Osirak en 1981. Netanyahu lo reivindica como un hito estratégico que frustró el programa atómico de Sadam Husein aunque en efecto lejos de desmantelarlo lo empujó hacia la clandestinidad, prolongando su desarrollo hasta que fuera desarticulado tras la Guerra del Golfo y la posterior caída del régimen iraquí.

Esta vez, la ofensiva israelí ha ido más allá de las instalaciones nucleares. Ha golpeado infraestructuras militares, defensas aéreas y a altos mandos del ejército iraní, arriesgándose a desatar una guerra regional que podría arrastrar también a Estados Unidos con las consecuencias que ello podría implicar.

¿Por qué ahora? En el plano interno, Netanyahu busca rehabilitar su imagen tras el ataque de Hamás en octubre de 2023, considerado el mayor fallo de seguridad en la historia de Israel. A nivel regional, la percepción es que Irán atraviesa un momento de extrema debilidad: Hamás, diezmado, pugna por su supervivencia política más que militar; Hezbolá ha perdido influencia en el tablero libanés; y los hutíes de Yemen, pese al acuerdo con Washington sobre la navegación en el mar Rojo, siguen siendo blanco de represalias israelíes. La economía iraní, golpeada por las sanciones, se suma al creciente descontento de su población, especialmente de mujeres, cada vez más alejadas del régimen.

Esta combinación de factores ha alimentado una percepción de impunidad estratégica. Al debilitar a los aliados de Teherán y exponer la fragilidad de su capacidad de represalia, Israel considera que puede atacar sin asumir un costo de relevancia política o militar inmediato. La respuesta iraní sería inevitable, pero limitada en escala y en impacto.

Una segunda hipótesis, más inquietante, contempla que Irán haya estado conteniéndose hasta ahora y, ante esta nueva escalada, decida romper su silencio. Una represalia de gran magnitud podría ir más allá de objetivos militares israelíes y alcanzar centros urbanos, bloquear el Estrecho de Ormuz o incluso apuntar a objetivos norteamericanos en la región.

El conflicto aún es demasiado reciente como para anticipar sus derivaciones, pero hay una certeza que se impone: Israel ha abierto una caja de Pandora. La peor y más plausible respuesta iraní sería abandonar de forma definitiva sus compromisos de no proliferación y lanzarse de lleno a la construcción de armamento nuclear.

Lo cierto es que a la fecha Irán continúa siendo parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y, como tal, aunque no lo haya cumplido, está obligado a declarar todos sus materiales e instalaciones y someterlos a inspección del OIEA. Aunque Israel sostiene que Irán posee ya uranio enriquecido suficiente para construir hasta nueve bombas, no hay pruebas concluyentes de que haya alcanzado la pureza necesaria ni tomado la decisión política de fabricar armas atómicas. Eso es lo que está en discusión.

Contener esta deriva será el verdadero desafío para Washington y Tel Aviv. Si fracasan, la ofensiva israelí no solo no evitará un Irán nuclear, sino que podría precipitarlo. Parece ser el resultado esperable ante un sistema multilateral desdibujado, en el que los llamados a la moderación pierden peso frente a discursos que coquetean con el uso de armas de destrucción masiva.

La salida más viable para evitar que Irán cruce el umbral nuclear pasaría por reimpulsar un acuerdo diplomático. Paradójicamente, ese camino debería transitarse con un Trump que ya calificó el pacto alcanzado bajo la presidencia de Obama como “el peor acuerdo de la historia”, y con una República Islámica profundamente golpeada y humillada. Sin embargo, vale señalar que aunque las relaciones estén fuertemente dañadas, no están muertas.

Israel podría haber ganado tiempo pero no está claro que ese margen sirva para evitar lo inevitable. Más bien podría haber sellado su destino. La incógnita ya no es si Irán tiene la capacidad técnica de fabricar armas atómicas, sino si decidirá hacerlo. En ese caso, ningún ataque preventivo será suficiente para contener las consecuencias. Restará saber, entonces, si el genio ha salido finalmente de la botella. Y si, una vez fuera, habrá alguien capaz de volver a encerrarlo.

La nota fue originalmente publicada en Ámbito Financiero

Daniel Maffey 

Analista Internacional (USAL-UTDT)

Las montañas que, desde el tándem Alfonsín-Caputo hasta la tríada Fernández-Cafiero-Solá, han caracterizado este período democrático encuentran en el modelo de Milei un actor que, en línea con su perfil, da cuenta no solo de un mundo que ha cambiado, sino también de un sostenido desinterés en las relaciones con los Gobiernos, contrapuesto con su disposición para vincularse con (algunas) personas.

Para un país que, en política exterior, ha sido constante en anunciar sucesivos regresos al mundo pero que también ha representado continuidades que le han valido un lugar en la arena diplomática, la mimetización plena con los Estados Unidos de Trump indica que la Argentina ha entrado en terreno desconocido.

La más reciente abstención en la Asamblea General de Naciones Unidas ante una resolución sobre el retiro de tropas rusas de Ucrania no solo evidencia ese presente, sino que, además, impacta gravemente en cuestiones de Estado, como el quiebre en la postura sobre el principio de integridad territorial, directamente ligado al reclamo legítimo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes.

El problema, además del impacto futuro de esta pérdida de un interés nacional fundamental, radica en el Milei de la “batalla cultural”, que acelera disputas ideológicas para mantenerse relevante en una de las tantas agendas públicas globales, colisionando con la interpretación del mundo que el propio Trump propone. 

Una cosa es la globalización, entendida como la interconexión global en términos de mercados, financiamiento, movilidad laboral, etcétera; y otra, el globalismo, que no solo refiere a la pretensión de establecer marcos de regulación y gobernanza supranacional sobre estos procesos, sino también a la reivindicación de actores, identidades y agendas específicas.

Un elemento básico para entender el presente es que la globalización y el globalismo están en entredicho. Esto se debe a que Estados Unidos, quien durante décadas intentó forjar un modelo de globalización como potencia hegemónica emergente tras el fin de la Guerra Fría, está en retirada. Si la globalización y el globalismo iban a potenciar a Estados Unidos, Trump interpreta que no esto no ocurrió.

Trump es antiglobalización y antiglobalismo. Milei, en cambio, es proglobalización y antiglobalismo. Fue precisamente Milei quien presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires “La batalla cultural”, el libro desde el cual Agustín Laje, escritor y asesor del presidente, cuestiona lo que puede resumirse en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

La nueva doctrina nacional que se refleja con más ruido en la intensa e informal agenda de visitas a Estados Unidos; el anuncio, desde Israel, de trasladar la sede diplomática del país a Jerusalén o bien la decisión política de no ingresar a los BRICS, entre otras decisiones, parece pasar por alto un mundo que lidia con una fragmentación geoeconómica y la aceleración proteccionista que Trump propone. 

Esta idea que Milei pregona de que abrir el país a los mercados será garantía de éxito para una Argentina que ha decidido volver a integrarse al mundo no va en línea con un escenario internacional en el que los países buscan fortalecer sus posiciones a través de una pluralidad de alianzas. Así, la Argentina y su política exterior, caracterizada como “rebelde sin causa” desde el PRO y de “aislamiento y marginalidad internacional” desde el peronismo, se cierran al peor de los mundos: dependiente económicamente de China y subordinada políticamente a Estados Unidos.

El mundo ha cambiado, y el interés nacional de un país como la Argentina debiera centrarse en multiplicar vínculos, sin sacrificar, en pos de intereses personales de corto aliento, la relación con sus principales socios comerciales, y mucho menos, a costa de abandonar posiciones históricas en el terreno diplomático.

La nota fue originalmente publicada en Ámbito Financiero

Daniel Maffey 

Analista Internacional (USAL-UTDT)

]]> https://danielmaffey.com/globalismo-o-globalizacion-la-urgente-necesidad-de-diferenciar-entre-aquello-que-trump-promueve-y-milei-emula/feed/ 0 https://danielmaffey.com/alternativa-para-alemania-el-caballo-de-troya-con-el-que-musk-busca-devorar-la-union-europea/ https://danielmaffey.com/alternativa-para-alemania-el-caballo-de-troya-con-el-que-musk-busca-devorar-la-union-europea/#respond Sun, 09 Feb 2025 20:29:38 +0000 https://danielmaffey.com/?p=993 En el último lustro, la oferta electoral de las potencias centrales parece condensarse en la contraposición de modelos que, aunque muchas veces difusos en lo programático, presentan una constante: la irrupción de una alternativa radical, de ultra o extrema derecha, que busca reconfigurar gran parte de lo hasta ahora conocido. Alemania, primera economía de Europa, no es ajena a estos tiempos.

Si bien estos partidos no son una novedad en la vida política (al menos no en la europea), lo singular del proceso es su evolución de actores marginales a protagonistas del sistema político. Las elecciones federales, que definirán la composición del Bundestag y el próximo Gobierno, tienen en Alternativa para Alemania (AfD) no solo al primer partido de extrema derecha con representación parlamentaria desde la Segunda Guerra Mundial, sino también a una fuerza con la capacidad de moldear el destino del próximo canciller.

Esta coyuntura, en una escala más cercana, suma lo que parece ser otra constante en su configuración: el involucramiento (o injerencia) de Elon Musk. Además de integrar el actual gabinete de Trump, Musk es CEO de Tesla y enfrenta en la principal potencia europea un duro revés como el de haber perdido el liderazgo en un mercado clave como el alemán en lo que al patentamiento de autos eléctricos respecta. 

El apoyo explícito de Musk a AfD sintetiza lo que X, bajo el mando de su dueño, mejor sabe hacer: apelar a una emocionalidad predefinida por algoritmos, presentando al electorado una narrativa de “nosotros” y “ellos” que, en el caso de AfD y esta elección federal, opera en tres sentidos: la inmigración y lo foráneo, la tecnocracia multinacional encarnada en la Unión Europea y los cambios en el modelo de la familia patriarcal.

La coyuntura y la cada vez mayor distancia entre los hechos y su alcance, parecerían jugar a favor de esta narrativa. Si bien el colapso de la coalición tripartita que gobierna Alemania desde 2021 ha dejado una economía contraída durante dos años consecutivos por primera vez en décadas, buena parte de la campaña ha estado marcada por el sentimiento antiinmigración que dejó el atentado ocurrido el pasado diciembre en el mercado de Magdeburgo. Aunque el atacante tenía opiniones críticas del islam y había expresado su simpatía hacia AfD, el incidente cristalizó un sentimiento que el partido y el ecosistema digital de Musk promueven intensamente.

Bajo la idea de que “la nacionalidad alemana no debe regalarse”, el partido propone acciones en línea con otros gestos de la ultraderecha de época: abandonar el Pacto Mundial sobre Migración y Refugiados de la ONU, poner fin a la suspensión de órdenes de deportación y promover la Leitkultur (cultura líder), buscando que los valores y la moral considerados “inherentemente alemanes” sean los que se espera que todos adopten. 

Insistiendo con esta premisa de que el país no solo enfrenta un colapso económico, sino también cultural, Musk afirmó que AfD representa “el último rayo de esperanza para Alemania”, planteando, en lo que parece difícil no sea una referencia velada a la memoria histórica del Holocausto y en clave con el reciente éxito del partido entre los jóvenes, que “los niños no deberían ser culpables de los pecados de sus padres, y mucho menos de sus bisabuelos”. 

En un país donde, a ochenta años del Holocausto, los ataques antisemitas han aumentado un 83%, fue la fábrica de Tesla en Berlín precisamente el escenario de una preocupante proyección: la imagen de Musk y su repudiable “saludo” en el marco de la reciente asunción de Trump, fue proyectado y acompañado por la frase Heil Tesla, en una clara alusión al saludo nazi.

A la oferta electoral y la narrativa del proceso, se suma la expectativa del día después. En este caso, como en otros países, bajo la forma de un “cordón sanitario” que los partidos a nivel nacional pudieran generar para contener el avance de AfD y su eventual participación en la coalición de Gobierno. Esto, incluso antes de la elección, parece haber encontrado ciertas fisuras en tanto Friedrich Merz, candidato por Unión Demócrata Cristiana y favorito a ganar la elección, logró recientemente aprobar una moción en el Bundestag con el apoyo de AfD, sembrando dudas entre lo prometido en campaña y lo factible una vez se abran las urnas. 

El 23 de febrero próximo será crucial, no solo para el futuro político de Alemania, sino también para el del bloque. La AfD, gane o no, ya moldea parte de la realidad alemana y, con Musk y la Unión Europea como nueva zona de interés, pareciera estamos asistiendo a la gestación de un mundo diferente, uno en el que, como planteara Gramsci, lucha por nacer. Ahora, claro está, es el momento de los monstruos.

* La nota fue originalmente publicada en El Cronista Comercial 

Daniel Maffey 

Analista Internacional (USAL – UTDT)