Esas distancias se vuelven difusas cuando la lupa se posa sobre los planes que tienen en materia de inteligencia artificial los candidatos a conducir la primera economía de la región. Ambos quieren un Brasil convertido en polo de infraestructura, ambos con un modelo regulatorio prestado: Lula acompaña un proyecto calcado de la ley europea y Flávio prefiere una regulación mínima. Ninguno discute el lugar que el país ocupa en la cadena, que es el de quien exporta energía e importa tecnología.

El consenso tiene la forma de esas naves sin ventanas, refrigeradas día y noche, donde se apilan miles de servidores. Lula promete expandirlas con salvaguardas socioambientales y cómputo soberano, en tanto Flávio quiere hacer del país un polo global de centros de datos con energía abaratada a fuerza de rebajas tributarias. Uno condiciona y el otro desgrava, pero ambos parten de una premisa discutible: que la ventaja de Brasil en la economía de la IA reside en su electricidad, su agua y su territorio, antes que en sus ingenieros, sus universidades o sus datos. 

El gobierno de Lula ya consagró ese acuerdo. La Ley 15.504 libera de impuestos federales los equipos de los data centers a cambio de reservar el 10% de su capacidad al mercado interno, invertir en investigación, cuidar el agua y usar energía renovable “o de baja emisión”, una fórmula cuya definición sigue pendiente y divide al propio gabinete. Lo que la ley dejó abierto lo cerrará quien gobierne: con Lula, el desafío será que las contrapartidas no se diluyan en la reglamentación; con Flávio, el riesgo es que dejen de exigirse.

En materia de regulación ocurre algo distinto. Brasil no tiene una ley de IA: el marco que la crearía fue aprobado por el Senado en diciembre de 2024 y desde entonces aguarda un dictamen en la Cámara de Diputados, con un proyecto del gobierno anexado y un tratamiento aplazado hasta después de las elecciones. Lula quiere completarlo; Flávio reclama reglas que no espanten la inversión. Como el domingo se renuevan toda la Cámara y dos tercios del Senado, el nuevo Congreso pesará tanto como el presidente a la hora de decidir si la ley avanza, se reescribe o vuelve a dormir.

El problema, con todo, no es solo la demora sino el molde. El proyecto calca la arquitectura de la ley europea, con su clasificación por niveles de riesgo y sus multas millonarias, una norma pensada para un bloque que consume y regula aplicaciones, no para un país que aspira a alojar la infraestructura física de la IA ni para una democracia cuya campaña ya se libra a golpe de contenido sintético.

No es casual que esta discusión, desde ya que con baja intensidad, llegue a las urnas. Desde el arancelazo que Estados Unidos impuso a Brasil en 2025, Lula hizo de la soberanía el eje de su estrategia y trasladó a la agenda doméstica problemas que el mundo suele discutir en foros multilaterales. El 22 de septiembre recorrió el camino inverso y llevó la campaña a Naciones Unidas, donde habló a la vez de las elecciones, así como de la omisión histórica que sería no regular la IA.

Durante esos días, la pregunta sobre quién gobierna la inteligencia artificial recibió otras tres respuestas. Minutos después de Lula, y desde el mismo atril, Trump rechazó cualquier esquema global para controlar esta tecnología. Al día siguiente, los jefes de Anthropic y OpenAI, entre otros, advirtieron al Consejo de Seguridad que decisiones de esa magnitud no pueden tomarse solo en San Francisco. Y una semana más tarde, el presidente estadounidense selló con ellos un acuerdo voluntario, “moralmente vinculante” según su propia definición, con el que una superpotencia encargó a su industria la tarea de ponerse sus propios límites.

Conviene leer esa secuencia sin ingenuidad. Las preocupaciones de seguridad son reales, y la desaceleración que piden los laboratorios es por ahora más una declaración de intenciones que un freno. Pero la discusión refleja también la intensa competencia comercial entre las empresas líderes y la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. Cualquier posición que adopte América Latina difícilmente pese en la trayectoria de la IA de frontera. Lo que la región sí puede llevar al debate es la perspectiva de quienes deben administrar las consecuencias de una tecnología cuyo desarrollo no controlan.

De ahí la necesidad de un mecanismo regional que permita superar el problema de capacidad e infraestructura que la IA exige, complementando las estrategias nacionales allí donde coordinar agrega valor: cómputo y energía, interoperabilidad de datos, regulación y capacidades compartidas de evaluación y auditoría. Una escala mayor permitiría además subirse al tren de la IA con algo más que electricidad y capturar una porción mayor de la inversión y de la cadena de valor. Brasil, por tamaño, es el candidato natural a convocarlo.

Gane quien gane, los data centers se van a construir. Lo que empieza a definirse este domingo, y casi con seguridad se resolverá el 25 de octubre, es si Brasil seguirá ocupando el lugar de quien pone la energía y recibe las reglas, o si usará su tamaño para escribirlas junto a sus vecinos. La autoridad para proponerlas a la región, como la de reclamarlas en Nueva York, empieza por tenerlas en casa.

Elon Musk sostiene que en una década esta tecnología podría gobernar el planeta o directamente aniquilarlo. Bill Gates, con menos estridencia pero no menos ambición en el pronóstico, la imagina como el mayor igualador social jamás inventado o como la fuente de la peor injusticia que hayamos conocido. Que dos de sus principales impulsores desemboquen en extremos tan opuestos no habla tanto de la tecnología en sí como de la ausencia casi total de consenso, incluso puertas adentro de quienes la construyen.

Para quienes no participan de ese desarrollo, sin embargo, la Inteligencia Artificial se experimenta de otra manera: como publicidades de dudosa calidad audiovisual, como un ejército repentino de “expertos” resolviendo problemas que nadie tenía, como la promesa de una solución inmediata a fallas estructurales que llevan décadas sin resolverse, o como el temor difuso de que un sistema que casi nadie entiende termine controlando la economía mundial. Nada de esto le hace justicia al relato fundacional de la industria, ese que anuncia un umbral histórico a partir del cual todo lo conocido cambiará. Mientras tanto, el daño ambiental sigue siendo un hecho consumado, la publicidad no gana en inspiración, y los diagnósticos apocalípticos continúan circulando sin que nadie logre, del todo, verificarlos.

La semana pasada, ese desconcierto tomó nombre y apellido. Dario Amodei, CEO de Anthropic, publicó un ensayo titulado “Debemos marcar el ritmo de la frontera” donde pide desacelerar deliberadamente el desarrollo de modelos cada vez más capaces. El llamado, validado por Elon Musk y Sam Altman llegó días después de que Jacob Coxon, investigador de Anthropic, renunciara públicamente denunciando que los laboratorios líderes no están desarrollando la tecnología de forma responsable: “las personas que están construyendo IA creen sinceramente que podría matarnos”, escribió.

Ambos episodios se montan, además, sobre el precedente del incidente OpenAI-Hugging Face, en el que un enjambre de agentes actuó como colectivo, lanzó ciberataques no solicitados contra objetivos ajenos a su tarea e intentó vulnerar el propio sistema diseñado para evaluar su desempeño. 

No es la primera renuncia con denuncia pública que atraviesa la industria, a esta altura, ya es casi un ritual trimestral, pero sí es la primera que coincide con un momento en que Anthropic y OpenAI se preparan para lo que podrían ser dos de las mayores salidas a bolsa de la historia, mientras la opinión pública estadounidense se vuelve cada vez más hostil hacia una tecnología a la que asocia con la pérdida de empleos y con centros de datos que consumen agua y energía a escala industrial.

Leído en conjunto, lo que estos episodios muestran no es tanto que la IA sea peligrosa (eso, a esta altura, ya lo sabíamos) sino quién decide qué hacer con ese peligro. Cuando Amodei habla de definir primero la brújula moral interna de estos sistemas para que la máquina pueda, idealmente, imitarla, describe un proceso concreto: un puñado de laboratorios está decidiendo, puertas adentro, los valores que gobernarán una tecnología con pretensión planetaria. 

Ese desplazamiento de poder hacia un puñado de compañías privadas es lo que el politólogo Ian Bremmer describe como tecnopolaridad: un orden internacional donde los Estados dejan de ser los únicos que escriben las reglas del juego y donde laboratorios como Anthropic u OpenAI ejercen una soberanía de facto sobre decisiones que hasta hace poco eran exclusivamente estatales. La pregunta de si la IA “nos matará” es, en el fondo, una pregunta desplazada. La que debería hacerse es quién tiene voz en esta nueva soberanía y porqué quienes no priorizaron un desarrollo alineado a los intereses humanos desde el inicio siguen monopolizando la discusión. 

Y ahí, precisamente, es donde América Latina entra en la historia, aunque casi nunca esté sentada en la mesa donde se la discute. La región no participa del debate sobre cómo alinear estos sistemas, pero sí sostiene buena parte de lo que los vuelve posibles: agua, biodiversidad, minerales críticos, una matriz energética limpia y capacidad de producción alimentaria para 1.300 millones de personas. 

Este patrón extractivista de siempre aplicado ahora a la infraestructura digital convive con la paradoja de que la región dista de ser un actor pasivo en el consumo de esta tecnología: según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, América Latina y el Caribe concentran entre el 15% y el 20% de las descargas globales de IA generativa, una proporción muy superior a su peso demográfico. Pero esa adopción acelerada se sostiene sobre una base frágil de baja inversión, capacidad computacional limitada, fuga constante de talento y una gobernanza regulatoria prácticamente inexistente. Más allá de esfuerzos privados, impulsados, en su mayoría, por organismos internacionales, no existe todavía una agenda estatal conjunta ni un programa político regional que discuta, siquiera, los términos de esa dependencia.

El riesgo específico para la región no es que la IA “tome el control”, sino que la transformación llegue sin traer desarrollo: una IA importada, regulada desde afuera, entrenada con datos ajenos, desplegada sin capacidades públicas propias y financiada como consumo tecnológico en lugar de como infraestructura estratégica. Sus beneficios, además, tenderán a llegar primero a quienes ya tienen conectividad, educación y empleo formal, ampliando brechas que la política pública todavía no atiende.

Mientras el mundo debate si es posible alinear el potencial de la IA con el desarrollo humano, América Latina necesita construir algo más específico: una agenda propia que combine capacidades técnicas con una brújula ética propia, no heredada. Una que sirva para ampliar la dignidad humana, proteger la participación ciudadana y distribuir mejor los beneficios del progreso tecnológico y que, sobre todo, le dé a la región un lugar en la conversación sobre los valores que esta tecnología terminará imponiendo, la haya escrito o no. 

Es tentador leer el episodio como una anécdota más de la ofensiva cultural del trumpismo. Pero hay algo más. Cuando una empresa de videojuegos es la que le exige cuentas al gobierno de los Estados Unidos, y cuando ese gesto pasa casi inadvertido, algo se corrió de lugar en la comunicación de los Estados democráticos.

Hubo una época en que las guerras se anunciaban con lentitud. Un general de uniforme, la Sala de Situaciones de la Casa Blanca, un asesor de seguridad leyendo un parte oficial ante la prensa. La solemnidad, en ese ritual, no era decoración: era el modo en que un Estado le pedía a su sociedad que tomara en serio lo que estaba a punto de hacer. Fue durante décadas la gramática con la que el Estado más poderoso del mundo comunicó el uso de la fuerza letal.

En marzo de 2026, la Casa Blanca cambió esa gramática. Difundió un video titulado Justicia, a la manera americana para comunicar el bombardeo a Irán, ya con el ayatollah Jamenei asesinado. El video intercala fragmentos de Gladiador, Corazón Valiente y Deadpool con imágenes reales de drones sobre Teherán. Una voz en off proclama una “victoria impecable”. No hubo conferencia de prensa. No hubo parte oficial. Hubo edit.

Ben Stiller pidió que la Casa Blanca eliminara el clip de su película del video. Meses antes, Sabrina Carpenter había solicitado que sacaran su canción de un video oficial que promocionaba deportaciones del ICE. Olivia Rodrigo hizo lo propio poco después.

El patrón que estos episodios delatan no es el de una disputa por derechos de autor. Es que quienes se animan a marcarle límites a la Casa Blanca hoy son actores, cantantes y empresas de videojuegos. Y que el Estado más poderoso del mundo está comunicando su violencia y sus políticas más agresivas con la gramática de un fandom.

Hay un giro en marcha, absurdo y escandaloso, al que nos estamos acostumbrando. En ese acostumbramiento está teniendo lugar uno de los cambios más profundos en la comunicación política del siglo XXI.

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que se pensó que las redes sociales iban a democratizar la política. Que su irrupción sería emancipatoria. Quince años después, esa promesa se lee distinto.

Las redes sociales y sus primeros (increíblemente) 15 años

Cuando las protestas que sacudieron Túnez en diciembre de 2010 se extendieron por el mundo árabe, la primera lectura fue tecnológica. Lejos de la referencia a otro período histórico, como el de la “primavera de los pueblos” de 1848, o de su especificidad árabe, el acontecimiento fue rápidamente catalogado como “la revolución de Facebook”: la prueba empírica de que las redes sociales tenían un efecto democratizante sobre la política. La primavera árabe era, ante todo, una revolución 2.0.

Quince años después, esa lectura parece no solo insuficiente sino sintomática: en 2010, todavía le atribuíamos a las redes sociales lo que queríamos que fueran, no lo que estaban siendo.

Para 2010 Facebook lideraba más del 50% del mercado con 500 millones de usuarios activos, seguido por YouTube, MySpace, Twitter y LinkedIn. Instagram, lanzada meses antes solo para iOS, tenía un millón de usuarios. TikTok no existía. El mercado de smartphones crecía fuerte con 296 millones de unidades vendidas, empujado por el iPhone 4. En definitiva, ibas a cenar y en la mesa no había celulares apoyados como guardianes de nuestra presencia. Todavía.

El salto a 2025 no es solo cuantitativo. Facebook sigue siendo líder pero ahora con más de 3.000 millones de usuarios; WhatsApp e Instagram tienen cifras similares. TikTok se acerca a los 2.000 millones e impone en el resto de las plataformas una lógica radicalmente diferente: ya no gobierna el orden social de las redes (a quién conocés, a quién seguís) sino un algoritmo de intereses. Cualquier persona puede volverse viral sin un solo seguidor previo. La arquitectura de la atención cambió, y con ella, la arquitectura del poder.

El politólogo Ian Bremmer define este momento como el de la “tecnopolaridad”: un orden global donde las grandes empresas tecnológicas controlan aspectos de la sociedad, la economía y la seguridad que durante siglos fueron monopolio del Estado. La escena más nítida de ese nuevo orden no ocurrió en una cumbre diplomática ni en un parlamento sino el 6 de enero de 2021, cuando seguidores de Donald Trump atacaron el Capitolio.

La respuesta fue inmediata aunque provino de donde nadie la esperaba. Facebook y Twitter suspendieron las cuentas de Trump. Amazon, Apple y Google eliminaron Parler, la red alternativa que sus seguidores habían usado para coordinar el ataque. PayPal y Stripe dejaron de procesar pagos para su campaña. Las instituciones, mientras tanto, respondieron con un segundo proceso de destitución que en alcance y velocidad no tuvo punto de comparación con la reacción de las big tech.

Esa escena estableció algo que la segunda administración Trump, más revanchista y violenta, proyecta en la actualidad: el poder no se ejerce solo desde las instituciones. También se construye y comunica desde las plataformas. Lo que nadie terminó de formular entonces es la pregunta que ese desplazamiento dejó abierta: si el poder migró a las plataformas, ¿qué pasa cuando un gobierno decide no solo usarlas sino gobernar para ellas? ¿Cuándo la comunicación de Estado empieza a optimizarse no para informar, sino para rendir bien en el algoritmo?

El algoritmo no premia la relevancia política. Premia la atención. Y la atención, en el ecosistema que TikTok universalizó, se gana con una sola moneda: el entretenimiento. 

En febrero de 2025, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó un video titulado ASMR: Vuelo de deportación de inmigrantes ilegales. El formato ASMR se popularizó en YouTube y TikTok con contenidos pensados para relajar: susurros al oído, lluvia sobre el bosque, dedos que amasan pan. En este caso, los sonidos aislados y micro-editados eran los de las cadenas, las esposas y los grilletes cerrándose sobre cuerpos detenidos. No fue una excepción ni un experimento. Estaba pensado para dar placer.

Informar para el algoritmo, entretener para la sociedad

La estrategia comunicacional de la Casa Blanca es híbrida, aunque las proporciones ya no engañan. Si bien mantiene vestigios de lo tradicional como ruedas de prensa, comunicados e incluso una App que ofrece recaps exclusivos de visitas de Estado, esos formatos funcionan cada vez más como decorado institucional. Lo que define a esta administración es otra cosa.

Videos con estética de película animada. Referencias a videojuegos. Clipeos en lugar de comunicados. Animé. La administración Trump parece haber decidido que su competencia no es solo contra otros políticos sino también contra TikTok, influencers, streamers y todo aquello que aparece en tu feed (ese que ya no elegís vos). 

Esa lógica se puede descomponer en un ciclo de cuatro fases que, con variaciones, se replica en administraciones afines. La comparación entre Estados Unidos y Argentina no es caprichosa. Tampoco es solo política: lo que une a Trump y a Milei no es un programa común, de hecho, sus lecturas del orden económico-comercial son en muchos puntos opuestas, sino una misma arquitectura comunicacional. Hablan distinto de la globalización, pero hablan igual al algoritmo. 

La arquitectura comunicacional precede a la afinidad política. Primero se parecen las cuentas, después se parecen los gobiernos.

Fase 1. Rebranding: el constructivismo, en Relaciones Internacionales, sostiene que cambiar el nombre de una institución no es un ajuste cosmético: es un acto que reconfigura su identidad socialmente construida, las normas que la rodean y las interacciones que genera. Renombrar no es describir. Es prescribir.

La administración Trump lo aplicó de forma literal al renombrar por orden ejecutiva el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra. El mensaje no estaba en el decreto: estaba en el nombre. El gobierno de Milei hizo lo propio con un rebranding integral de logos y sellos de todos los ministerios: mismo gesto, misma gramática. En ambos casos, la identidad visual del Estado dejó de ser administración y empezó a ser declaración.

Fase 2. Inundar la zona: El nombre es del ex estratega en jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon. La frase original es más cruda: “flood the zone with shit”. La táctica consiste en saturar el espacio público con tantas iniciativas simultáneas que los adversarios no puedan responder a ninguna en profundidad. Un decreto tras otro. Una controversia sobre la anterior. El objetivo no es ganar cada debate sino hacer imposible que exista un solo debate sostenido.

Trump ejecutó esta táctica con una disciplina casi industrial en sus primeras semanas de gestión. Milei la tradujo al ecosistema de X, donde la cantidad de horas invertidas en la plataforma por el propio presidente funciona como un generador permanente de ruido que desplaza cualquier agenda que no sea la suya.

Fase 3. Centralizar el relato: Cada administración tiene intereses específicos y todo el aparato de comunicación converge hacia ellos. El patrón es siempre el mismo: amplificar lo que confirma la narrativa central, minimizar o ignorar lo que la contradice.

La Casa Blanca inunda los canales oficiales con imágenes y videos del ahora llamado Departamento de Guerra mientras gestiona en silencio los reveses judiciales de su política arancelaria. En Argentina, la oposición funciona como variable explicativa universal de cualquier resultado negativo, mientras la gestión de áreas menos telegénicas como educación o ciencia transcurre en una invisibilidad estratégica: ¿Alguien le conoce la voz al secretario de Educación nacional?

Fase 4. La IA como espectacularización: Esta es la fase más nueva y, posiblemente, la más reveladora. Las imágenes sintéticas ya no se usan solo para ilustrar, se usan para construir narrativa. No documentan la realidad: la proponen.

Trump publicó una imagen generada por IA en la que aparece como Jesús. No fue un accidente ni una ironía: fue una declaración de identidad en el único lenguaje que el algoritmo procesa sin fricción. Milei usó recursos similares para representar a la oposición como ratas, una metáfora visual que en la historia política tiene antecedentes que no necesitan señalarse. En ambos casos, la IA no agrega información. Agrega intensidad emocional. Y en la economía de la atención, eso vale más. Lo que estamos viendo nacer no es una tecnología nueva al servicio de la política, sino una política nueva diseñada para una tecnología que, en el mejor de los casos, apenas comprendemos.

Este ciclo es efectivo, en parte, porque opera sobre un terreno que ya estaba preparado para recibirlo. La línea entre ser conocido y tener trayectoria, entre la fama y la legitimidad, nunca fue tan delgada.

Solo en América Latina, entre 2021 y 2025 se celebraron 20 elecciones presidenciales. En 16 de ellas ganaron partidos que no existían una década atrás. En Europa, entre 2000 y 2020, 18 partidos nuevos accedieron al poder presidencial. Once ya no existen. El patrón es consistente: surgen, gobiernan y desaparecen. Lo que los trajo no fue acumulación de capital político tradicional. Fue visibilidad, velocidad y la capacidad de hablar el idioma de las plataformas antes que sus adversarios.

Puede que no sean tan inteligentes y solo idiotas (no lo hace menos grave) 

Hay una incomodidad que vale nombrar. Quienes observamos todo esto con distancia crítica tenemos la tendencia, casi el reflejo, de querer encontrar un plan detrás de cada movimiento. Un diseño. Una inteligencia estratégica que opere por debajo del caos aparente.

Creo que lo hacemos porque sería más reconfortante. Porque “esto es doctrina aplicada con precisión” es una explicación más tolerable que la alternativa: que estamos ante el resultado directo de elegir, en el peor momento posible, a gente que sube un edit de Nintendo Wii para mostrar el bombardeo y asesinato de miles de personas. Compro la primera versión. Pero la segunda no la descarto.

Y lo que es más incómodo aún: que no sean tan estratégicos no lo hace menos grave. Lo hace diferente. Porque si esto no es un plan maestro sino la expresión natural de una época, entonces el problema no está solo arriba. También está abajo.

Existen señales de que toda esta comodidad digital tiene un costo que todavía no terminamos de calcular. En los países de la OCDE, las puntuaciones PISA, que miden lectura, matemáticas y ciencias en jóvenes de 15 años, alcanzaron su pico histórico alrededor de 2012. Desde entonces, la tendencia es descendente. Las causas son objeto de debate, pero lo que resulta más difícil de refutar es el patrón: con cada avance tecnológico, la dependencia de los dispositivos digitales se profundiza y nos cuesta más pensar, recordar o funcionar sin ellos.

No se trata de adicción en el sentido clínico, aunque JAMA Pediatrics, en un análisis reciente de más de 363.000 niños y adolescentes, encontró asociaciones persistentes entre tiempo en plataformas digitales y mayores riesgos de depresión, ansiedad y autolesiones. Se trata de algo más estructural: en el ecosistema digital, el modo por defecto es el de usuario pasivo. Consumís, reaccionás, scrolleás. El algoritmo te conoce mejor que vos y te ofrece exactamente lo que necesitás para no irte.

La pregunta que esto deja abierta vale más que cualquier métrica de engagement: ¿qué pasa cuando una cuenta presidencial opera con la lógica de un creador de contenido? Informar no es lo mismo que espectacularizar el poder. Gobernar no es lo mismo que competir por retención. Cuando el poder empieza a optimizar para likes, el mensaje deja de ser el mensaje. El formato lo reemplaza.

Lo paradójico es que entre tanto estímulo, lo que termina quedando son las acciones y los resultados. Las imágenes de Trump como Jesús se eclipsan ante los aranceles que distorsionaron la economía global. Las de un Milei fornido se miden contra las promesas incumplidas y los funcionarios ratificados ante evidentes casos de corrupción. La espectacularización del poder captura la atención. Pero la realidad, con su lentitud irritante, siempre termina imponiendo su propia narrativa.

El problema es el tiempo. El algoritmo opera en segundos; gobernar deja consecuencias que tardan años en aparecer. En ese intervalo, entre el video que se viraliza y el resultado que se sedimenta, se dirime algo que ningún edit puede editar: la confianza, la legitimidad, la posibilidad de que un gobierno siga siendo creíble.

Pero quizás esa es la pregunta equivocada. Quizás la pregunta no es si los gobiernos pueden seguir siendo creíbles. Es si todavía hay alguien dispuesto a creer en algo que no aparezca en su feed y sí, como plantea Robert Faller, lo que aceptamos políticamente está fundamentado en los recién adquiridos defectos de nuestro sentido de placer. 

Mientras se conocían los resultados, el presidente Petro cuestionó los primeros datos. Pareció ser, en cierto modo, la última escena de un ciclo marcado por más de 24 millones de colombianos que fueron a las urnas, en una participación que no para de crecer desde 2018 y que entre todos construyeron el escenario más polarizado de la historia reciente del país: una segunda vuelta, el 21 de junio, entre dos candidatos cuyas visiones de Colombia son irreconciliables.

¿Cómo llegamos hasta acá?

Un punto de inflexión puede ser el acuerdo de Paz de 2016. Un hito real: el mayor ejército guerrillero de América Latina deponía las armas y la violencia que había consumido al país durante décadas parecía poder reducirse de manera sustancial. Pero la paz que se firmó no era un punto de llegada sino un proceso por construir, algo que nunca terminó por ocurrir. 

En buena medida, porque el gobierno de Iván Duque nunca mostró un interés real en implementar plenamente el acuerdo de paz. A ello se sumó la negativa de las disidencias de las FARC a aceptar sus términos, mientras que el ELN, la segunda insurgencia más grande del país, quedó al margen de cualquier negociación efectiva. El vacío no tardó en llenarse: mientras el Estado demoraba en llegar a los territorios históricamente afectados por el conflicto, los grupos armados avanzaron primero, disputando rutas, economías ilegales y control territorial. Colombia ya era entonces el mayor productor mundial de cocaína, y en los años posteriores al acuerdo la producción no hizo más que incrementarse.

Los cuatro años de gobierno de Duque estuvieron marcados por el incumplimiento de buena parte de los compromisos asumidos en el acuerdo de paz, por un creciente alejamiento de las comunidades más golpeadas por el conflicto y por una escasa voluntad política para garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos y de los excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil.

Cuando Petro llegó al poder en 2022, intentó resolver lo que el acuerdo había dejado pendiente con una apuesta superadora: la “paz total”, acuerdos simultáneos con todos los actores armados. Lo anunció sin los mecanismos de monitoreo que habían dado sustento al proceso anterior. El ELN desmintió que hubiera pactado cosa alguna. Los grupos que aceptaron ceses temporales los aprovecharon para expandirse y enfrentarse entre. La política de paz no pacificó; redistribuyó el mapa de la violencia.

Los números de 2026 son elocuentes. En el Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 dejaron más de 80 muertos y 60.000 desplazados, el episodio más grave de desplazamiento forzado en la historia del país. Semanas antes de la primera vuelta, el Comando Central hizo estallar una bomba en una carretera del Cauca que mató a 21 personas. El año pasado, el senador Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto de campaña y murió meses después: el primer asesinato de un candidato presidencial colombiano en más de treinta años. 

Que 2026 sea ya el año más violento desde la firma del acuerdo es un dato que nadie discute. La promesa de la “paz total” se convirtió en el eje de litigio de esta campaña. La sociedad colombiana llegó a las urnas cansada y asustada.

Lo que Petro deja

Petro termina su mandato con una obra legislativa que muchos de sus antecesores ni intentaron: reforma laboral, reforma previsional, un 23% de aumento en el salario mínimo, distribución de tierras rurales. Son reformas concretas que cambiaron condiciones reales para sectores históricamente postergados. Aun así, recordando que su victoria estuvo marcada por un 50.44% de los votos en segunda vuelta, sus índices de aprobación raramente superaron el 40% durante los últimos dos años.

En política exterior, la novedad de la izquierda en la Casa de Nariño se hizo visible. Las tensiones con Washington se acumularon hasta la ruptura. En septiembre de 2025, Estados Unidos incluyó a Colombia en su lista de países que no cooperan en la lucha contra el narcotráfico; en octubre, sancionó al propio Petro y a varios de sus allegados por supuesta vinculación con el comercio ilícito de drogas. Como contrapeso, Colombia profundizó su relación con China: se sumó a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta e ingresó al Banco de Desarrollo de los BRICS. Con un Estados Unidos violento y decidido a revitalizar su patio trasero, la geopolítica de Petro fue tan ambiciosa como costosa.

Pero lo que más pesa de su presidencia, de cara a la elección que dejó en marcha, no son las reformas ni la geopolítica sino el mapa político que hereda el país: una sociedad sin centro. Hace cuatro años, cuando Rodolfo Hernández llegó a segunda vuelta contra Petro, era posible leer aquello como el rechazo a lo viejo antes que como la expresión de una derecha articulada. Hoy esa ambigüedad ya no existe: la derecha tiene candidatos con identidad definida y el espacio del medio, que durante décadas fue el campo de batalla decisivo de la política colombiana, se evaporó.

En ese suelo vaciado prospera una política de otro tipo. La era en que se votaba comparando programas terminó. Lo que decide una elección hoy es la emoción que produce cada candidato: lo que simboliza, lo que representa, lo que despierta. Cepeda tiene un programa de 433 páginas. De la Espriella tiene un tigre y pólvora en el escenario. 

¿Qué despierta Cepeda?

Iván Cepeda parece no encajar en este tiempo. En una campaña que se hace a gritos, en videos de diez segundos y con drones que lanzan pólvora sobre la multitud, él habla siempre igual: con la misma pausa, la misma meticulosidad, el mismo registro. Tiene 63 años, lleva más de una década en el Senado y es, en todos los sentidos, una figura de otra época de la política.

La historia que lo formó es anterior al Congreso. El 9 de agosto de 1994, su padre Manuel llevaba apenas dos semanas como senador de la Unión Patriótica cuando fue asesinado a tiros en su auto. Iván tenía 31 años. De esa pérdida construyó una trayectoria: el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado nació, en parte, de ese duelo. 

Cuando llegó al Congreso en 2010, como representante del Polo Democrático, ya sabía contra quién pelear. Desde dentro del mismo edificio donde habían nombrado senador a su padre, inició el proceso judicial que definiría su imagen pública: la acusación a Álvaro Uribe por manipulación de testigos y soborno, vinculada a supuestos lazos con grupos paramilitares. El año pasado, Uribe fue condenado. La sentencia fue luego anulada. Cepeda apeló y el proceso continúa.

Participó en las negociaciones con las FARC que dieron lugar al acuerdo de 2016 y en las conversaciones con el ELN. Hoy preside la Comisión de Paz del Senado. Petro lo eligió como su sucesor y garante de su proyecto. 

Lo que Cepeda despierta en sus seguidores es la imagen de una coherencia infrecuente: tres décadas sosteniendo las mismas posiciones, enfrentando a los mismos adversarios, sin cambiar de bando. Lo que despierta en sus adversarios es la acumulación de todos los miedos: lo llaman comunista, como llamaron comunistas a sus padres. Sus rivales de derecha lo acusaron, sin pruebas, de simpatizar con las FARC y otros grupos insurgentes.

No tiene hijos, lo que en un país donde la familia tradicional sigue siendo moneda electoral lo distingue. Su candidata a vicepresidenta es Aida Quilcué, senadora que lleva veinte años en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y que en febrero fue secuestrada mientras viajaba por el Cauca.

¿Qué despierta De la Espriella?

Sobre el escenario, Abelardo de la Espriella hace volar drones y baila con videos de tigres generados con inteligencia artificial. El tigre es el animal con el que se identifica. Su esposa declaró, con una soltura que define al candidato, que si pierde no habrá problema: volverán a su hogar en Italia o en Estados Unidos, países donde también tienen ciudadanía.

De la Espriella tiene 47 años y nunca ocupó un cargo público, aunque lleva más de dos décadas en la vida pública. Nació en Bogotá pero creció en Montería, capital del departamento de Córdoba, la misma zona donde el expresidente Uribe tiene su hacienda y donde operó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. 

Como abogado, construyó una carrera sobre los clientes que nadie más quería. Defendió a David Murcia Guzmán, el artífice del mayor esquema Ponzi en la historia del país; representó a los grandes jefes paramilitares durante la desmovilización de 2002, argumentando que no eran narcotraficantes sino actores políticos y llegó a ser el abogado de Alex Saab, el operador financiero de Nicolás Maduro. 

Lo que representa en estas elecciones no tiene precedentes directos. Hubo intentos: en 1998, el general retirado Harold Bedoya postuló a la presidencia con un programa militarista y anticomunista y no llegó al 2%. En 2022, los candidatos de la derecha cristiana y del Salvación Nacional sumaron apenas el 1,5%. Eran gestos sin músculo. 

De la Espriella es otra cosa: no la continuación de la derecha uribista sino algo más parecido a los fenómenos que en los últimos años transformaron la política de la región. Esa internacional reaccionaria de Bukele en El Salvador, Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos. 

Su plataforma discursiva de gobierno lo confirma. En los primeros noventa días prometió bombardeos aéreos contra grupos armados, coordinación militar con Estados Unidos e Israel y la posibilidad de operaciones del ejército norteamericano en suelo colombiano. También la reducción drástica del Estado, la expansión de combustibles fósiles, la construcción de megacárceles y la postura contra el aborto y contra la adopción por parejas del mismo sexo. 

Como declaró ante El País, su estratega de campaña no buscó matices: “Las emociones y los sentimientos son el detonante de cualquier decisión humana, y el voto no tiene por qué ser la excepción”. De la Espriella entró en política para evitar que la izquierda “destruyera” el país. Lo dice con convicción y con espectáculo. A juzgar por el domingo, a muchos colombianos les alcanzó.

Hacia la segunda vuelta: lo que Washington mira 

Lo que viene es más que una segunda vuelta. Es la posible definición de una tendencia continental.

Si en junio Colombia se decanta por De la Espriella, si en octubre Brasil vuelve a elegir una opción de derecha, y si finalmente Perú da el visto bueno a Keiko, Washington tendría prácticamente todo el grueso de América del Sur bajo gobiernos alineados. Para encontrar una concentración regional de ese tipo habría que ir a los sesenta y setenta: la era de las dictaduras militares y el imperativo anticomunista, cuando los gobiernos del continente respondían a Washington por la fuerza o por convicción ideológica. La diferencia ahora es que no hay ningún enemigo declarado y los gobiernos son el producto de elecciones democráticas. 

De la Espriella ya lo anticipó en campaña. Sus compromisos contrastan con los cuatro años de tensión bilateral bajo Petro, etapa en que Colombia fue sancionada, acusada y amenazada desde Washington. El cambio que ofrecen es exactamente el que la Casa Blanca busca.

El 21 de junio, Colombia elige entre dos versiones de sí misma que difícilmente podrían ser más distintas. Entre esas dos figuras, entre esas dos emociones, se define algo que trasciende las fronteras del país.

Bolivia enfrenta su tercera semana consecutiva de movilizaciones. Veintidós puntos de bloqueo paralizan el país. La Paz permanece sitiada. Las imágenes recuerdan episodios que muchos bolivianos conocen bien: el cerco al altiplano, la ciudad tomada por la protesta, el gobierno negociando contra el reloj.

La caída que lo explica todo

Para entender por qué Bolivia está donde está, hay que salir del país y mirar el mapa energético regional de hace veinte años. En 2006, cuando Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, Bolivia era el segundo mayor reservorio de gas natural de América del Sur. Sus gasoductos abastecían a Brasil y Argentina bajo contratos de largo plazo. Las llamadas Evonomics convirtieron esa ventaja geológica en política social: entre 2000 y 2015, el PIB boliviano se multiplicó por cinco. Era un modelo con pies de gas.

El problema es que el gas se agotó antes que el modelo. La producción alcanzó su pico en 2014 y entró en declive sostenido. La inversión extranjera se retrajo y el Estado no logró diversificar su matriz productiva. La pandemia, la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la política monetaria en EE.UU. terminaron por cercar al modelo.

La escasez de combustible que Paz prometió resolver no era, en ese contexto, un problema de mala gestión. Era el síntoma más visible del agotamiento de un modelo construido sobre una renta que ya no existe.

El ciclo corto de las promesas

Su primera gran apuesta fue audaz, quizás demasiado. En diciembre, declaró la emergencia económica y anunció el fin del histórico subsidio: la gasolina subió un 86%, el diésel un 160%. Era, en el lenguaje de la tecnocracia, un shock de racionalización. En el lenguaje de la política boliviana, una declaración de guerra.

Duró veintiún días. El 12 de enero, rodeado de su gabinete, Paz anunció la derogación del decreto. Una integrante de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa lo resumió con precisión quirúrgica antes de que se firmara el acta de acuerdo: “Los ministros se están comprometiendo, pero quien promulga es el presidente. Aguantaremos dos días más”. Aguantaron. Y ganaron. Fue la primera gran derrota de Paz. No la última.

El mapa de un conflicto sin centro

Lo que ocurre hoy en Bolivia es más complejo que una disputa entre un gobierno reformista y una oposición organizada. El conflicto no tiene un solo centro: tiene varios, con agendas distintas que convergen tácticamente en el bloqueo pero divergen en sus demandas. Los maestros piden salarios. Los transportistas reclaman por la calidad del combustible. La Federación de Campesinos Túpac Katari instaló bloqueos indefinidos con un único objetivo: la renuncia del presidente.

En ese mosaico aparece también el evismo: los seguidores de Morales marcharon hacia la capital para rechazar la reforma constitucional que impulsa Paz y exigir el cese de los procesos judiciales contra su líder, quien permanece en su bastión cochabambino eludiendo una orden de captura pero que incluso, con un partido fracturado, despierta fantasmas para las clases medias tradicionales, de momento infundados, de un retorno al poder.

La promesa rota

La paradoja más incómoda de la presidencia de Paz no está en las calles bloqueadas sino en un detalle de su campaña. Se diferenció de su rival en el balotaje con una promesa de alto voltaje simbólico: no iría al FMI. En Bolivia, el Fondo es sinónimo, en la memoria colectiva, de ajuste y pérdida de soberanía.

Según Bloomberg, la última ronda de conversaciones con el organismo gira en torno a un préstamo cuyas condiciones incluirían ajuste cambiario y posibles devaluaciones. El problema es que el FMI tiene razón en el diagnóstico, y esa razón técnica, en el contexto boliviano, es dinamita política.

El mandato imposible

Desde su independencia en 1825, Bolivia ha tenido más de ochenta y cinco gobiernos, treinta y ocho de ellos de facto. Esa estadística refleja una tensión constitutiva entre la demanda social y la capacidad estatal, entre la expectativa de transformación y la inercia de las estructuras.

Rodrigo Paz fue elegido para hacer lo que ningún gobierno anterior logró: cerrar el ciclo del MAS sin colapso social, modernizar la economía sin destruir las conquistas distributivas, atraer inversión sin entregar soberanía. Es, en términos estrictos, un mandato que parece imposible. No porque Paz sea incapaz, aún es pronto para saberlo, sino porque las condiciones estructurales hacen que cualquier reforma sea, simultáneamente, necesaria e intolerable.

Bolivia no necesita solo un gobierno diferente. Necesita un nuevo pacto social sobre qué país quiere ser después del gas. Ese pacto no se firma en el Palacio Quemado. Se construye, si se construye, en la negociación entre un Estado que ya no puede comprar la paz social y una sociedad que todavía espera que alguien lo intente.

Mientras tanto, los bloqueos siguen. La Paz permanece cercada. Y el palacio, como siempre, huele a humo.

* La nota fue originalmente publicada en Ámbito Financiero

En ese marco, la remoción de Nicolás Maduro como presidente en funciones de Venezuela ha sido presentada por algunos sectores como un punto de inflexión. Desde el punto de vista jurídico y político, se trató de un acto ilegal e ilegítimo, en abierta violación del derecho internacional y de principios básicos como la soberanía, la integridad territorial y la inmunidad de los jefes de Estado. Nada de esto resulta menor ni puede ser relativizado.

Sin embargo, a una semana de los acontecimientos y del reordenamiento inicial de actores y dinámicas, el caso invita a una lectura adicional: más que un episodio aislado, puede pensarse como un experimento. No como uno completamente novedoso en términos históricos (la intervención de una potencia en la región no lo es), pero sí diferente de los patrones conocidos en América Latina y en el sistema internacional reciente.

No estamos ante fenómenos desconocidos, como la violación del derecho internacional o la injerencia norteamericana en la región. La novedad reside en otros elementos: el bombardeo directo sobre un país sudamericano, el intento de redefinir explícitamente el área como zona de influencia y la posibilidad de avanzar hacia una forma de tutela externa que recuerda más a un protectorado que a los esquemas clásicos de intervención.

Panamá, Irak, Libia y Estados Unidos 

Los antecedentes ayudan a dimensionar el carácter singular del caso venezolano. En Panamá, en 1989, Estados Unidos respondió a la anulación electoral perpetrada por Manuel Noriega con una invasión a gran escala. Con más de 27.000 efectivos en el terreno, logró capturar al dictador, trasladarlo y reinstalar al presidente legítimamente electo, Guillermo Endara.

En Irak, la estrategia fue más radical: la invasión implicó el desmantelamiento completo del aparato estatal construido bajo Saddam Hussein y la instalación de una autoridad provisional encabezada por Paul Bremer. El resultado fue un prolongado ciclo de insurgencia, violencia sectaria y fragmentación institucional que condicionó hacia la retirada norteamericana.

Libia, en 2011, representó una variante distinta. La intervención aérea que precipitó la caída de Muamar Gaddafi no dio paso a la estabilidad prometida, sino a una guerra civil persistente y a la disolución práctica de la noción de Estado hasta entonces conocida.

Venezuela como experimento político-estratégico

Venezuela parece apartarse de esos modelos. Más allá de la ilegitimidad de la intervención, Estados Unidos no ha intentado reinstalar a Edmundo González (quien había resultado vencedor en las elecciones de 2024) ni desmantelar el Estado venezolano. Tampoco busca fracturar a las Fuerzas Armadas, entendidas aún como un factor de cohesión nacional, ni mantener una presencia militar permanente en el territorio. Del mismo modo, procura evitar un escalamiento incontrolable del conflicto interno entre oficialismo y oposición.

Este diseño plantea interrogantes centrales. ¿Por qué Washington tolera, al menos por ahora, la continuidad de figuras como Delcy Rodríguez, sancionada desde 2018 y con vínculos estrechos con Rusia y China? ¿Se trata de una forma de tutela indirecta? ¿De un pacto de estabilidad mínima que evite un colapso regional o efectos dominó, particularmente en Colombia?

La escena sugiere un juego de múltiples tableros: algunos visibles, otros opacos, atravesados por negociaciones paralelas y disputas geopolíticas que exceden largamente a Venezuela.

MAGA, “America First” y el retorno del uso de la fuerza

Estas decisiones también reflejan tensiones dentro del propio trumpismo. El eslogan “America First” no implica, para Trump, aislacionismo. Autoriza la acción agresiva cuando responde a intereses estratégicos percibidos como propios. 

El vicepresidente J.D. Vance expresa al núcleo duro del movimiento MAGA, reacio a las “guerras eternas” y enfocado en la recomposición económica interna y en la competencia estratégica con China. En contraste, figuras como Marco Rubio encarnan una tradición neoconservadora que concibe a América Latina como un espacio privilegiado para la proyección de poder, con Venezuela como pieza clave para debilitar a Cuba y reordenar el tablero energético y diplomático del Caribe.

A este entramado se suma el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, cuya impronta introduce un giro adicional. Hegseth combina una visión militarizada de la política exterior con una narrativa civilizatoria que legitima el uso de la fuerza como mecanismo de restauración del orden. Su rol resulta central para comprender por qué el empleo directo de la coerción en Sudamérica deja de ser un tabú estratégico, aun sin ocupación prolongada.

Completa este cuadro Stephen Miller, figura clave que opera en las sombras, articulador de la política migratoria, la presión sobre Venezuela y una concepción ampliada de los intereses norteamericanos en el hemisferio, llegando incluso a Groenlandía en su ambición. 

Sudamérica ante una situación inédita

Estados Unidos hoy opera en un escenario muy distinto al de comienzos del siglo XXI: cuenta con gobiernos abiertamente alineados, no ya de centroderecha, sino de derecha dura, que convergen con el proyecto de una “internacional reaccionaria”. Argentina, Paraguay, Panamá y El Salvador ilustran esta tendencia, que acompañan tantos otros. 

Al momento en que haya las elecciones de mitad de término en Estados Unidos, no es descabellado pensar una Sudamérica totalmente alineada con Washington. Este octubre, la elección presidencial en Brasil y previo a ello, la colombiana, serán la elección más importante del 2026. En el caso de Brasil, no solo se define su propio rumbo, sino el equilibrio estratégico de toda Sudamérica. 

Frente a este escenario, resulta indispensable recuperar una iniciativa regional propia. Desde Sudamérica y hacia Venezuela debería impulsarse un nuevo simil Grupo Contadora, ya no como una evocación nostálgica de los años ochenta, sino como un mecanismo actualizado de concertación política orientado a la mediación, la desescalada y la defensa activa de la región como zona de paz.

Un esquema de este tipo permitiría involucrarse en una salida negociada para Venezuela, limitar la lógica de hechos consumados impuesta desde fuera y reconstruir una voz sudamericana capaz de dialogar con Washington, pero también con otros actores globales. No se trata de una postura ideológica, sino de un ejercicio de responsabilidad estratégica.

Daniel Maffey

Analista Internacional

Este 19 de octubre, el país deberá elegir entre dos figuras que provienen del pasado pero que hoy encarnan la promesa de futuro: Rodrigo Paz Pereira, heredero político de un linaje histórico, y Jorge Quiroga, tres veces candidato y expresidente de aquella Bolivia que para comienzos del siglo XXI transitaba una tumultuosa democracia.

Escribir sobre Bolivia sin que Evo se lleve los flashes es difícil. Su figura sigue siendo inevitable para entender el inicio y fin de un ciclo que bajo la idea del “milagro económico” supo combinar crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica y reducción de la pobreza, transformando la renta gasífera en prosperidad y refundando nada menos que una nación. 

Tras casi dos décadas, ese ciclo se agotó y el abismo es el temido horizonte que acecha a millones de bolivianos. El país atraviesa su peor crisis en décadas, marcada por una inflación anual de casi el 25%, en tanto existe escasez de combustible y algunos productos básicos, con el impacto que eso representa para el ánimo general de la población. 

Las elecciones de agosto ocurrieron y respondieron a esta realidad, marcando un punto de inflexión para la política boliviana, no solo llevando al estreno de la segunda vuelta presidencial desde que esta figura fue incluida en la nueva Constitución, sino además, con la desaparición del MAS del Senado y apenas un puñado de representantes en la cámara baja.

El nuevo mapa político boliviano 

En Bolivia, las elecciones generales lo cambian todo, renovando en un único llamado la totalidad de ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional y, lógicamente, la fórmula presidencial que el próximo 8 de noviembre asumirá funciones. 

Bajo este escenario, la sorpresa fue Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, que ganó la primera vuelta con el 32%. Lo siguió Jorge Quiroga, de Libre, con 26%. Samuel Doria Medina, favorito en las encuestas, quedó tercero y fuera del balotaje. En términos legislativos, la conclusión es que cualquiera de los dos candidatos que venza este octubre va a tener que construir acuerdos para garantizar gobernabilidad y eficacia en la compleja agenda que necesitará la futura gestión de gobierno.

El MAS, fracturado en al menos tres corrientes, quedó al borde de su desaparición. Con apenas un puñado de asambleístas, de las tres corrientes partidarias que de manera difusa dijeron presente en la elección, el único respaldo considerable fue el voto en nulo, convocado por Evo Morales tras ser inhabilitado a la reelección, que obtuvo un tercer puesto “simbólico”, con el 19%.

Ahora bien, nuevamente ante el esfuerzo de salir de Evo y el MAS, contar el presente y futuro de Bolivia supone entender quiénes son y qué proponen las figuras de Paz y Quiroga. 

Rodrigo Paz Pereira y un Estado “tranca” 

Rodrigo Paz combina apellido histórico y relato de renovación: es heredero político de un linaje republicano (Paz Zamora/Paz Estenssoro), pero se presenta como una alternativa moderada y no confrontativa frente al MAS. Su triunfo en la primera vuelta pareció obedecer a una oferta que sedujo a votantes cansados de la polarización: promesas de administración eficaz, lucha anticorrupción y una narrativa centrada en poner la política al servicio de la gente.

Su apoyo provino de electores urbanos moderados, empresarios medianos, capas medias afectadas por la crisis económica y regiones con mayor peso institucional. Captó también votos de sectores descontentos con la fragmentación del MAS y de votantes conservadores que prefieren estabilidad antes que rupturas ideológicas, como puede suponer su contrincante. 

Paz propone un estilo dialogante más que confrontativo. Su Agenda 50/50 apunta a descentralizar recursos y devolver protagonismo a gobiernos subnacionales; propone una “reforma multidimensional” que combina medidas de gestión pública, ajustes fiscales moderados y reformas institucionales (como la eliminación de la reelección, algo que ha traumatizado la escena política boliviana por muchos años). 

En el corto plazo, su prioridad está en estabilizar las finanzas públicas y restaurar señales de confianza para atraer inversión. Paz dispondrá de la mayoría simple en ambas cámaras, con 49 asambleístas sobre 130 y 16 de 36 senadores. Es probable pensar que sus aliados vendrán de fuerzas de centro como ese 19% del electorado de Doria Medina, además de gobernadores y partidos regionales que aspiren a una mayor autonomía fiscal. 

Jorge Quiroga: retorno, coaliciones y agenda tecnocrática

El ingeniero y economista Jorge Quiroga alcanzó por primera vez la Presidencia de Bolivia en 2001, cuando, siendo vicepresidente de la República, sustituyó por enfermedad al dictador Hugo Banzer, su mentor político. En sus meros 12 meses de ejercicio, ejecutó un plan de reactivación económica y ajuste fiscal que disfrutó de una tregua en la conflictividad social, pero con nulos resultados tangibles para la población. Curiosamente, durante su mandato, expulsó a Evo Morales de la Cámara de Diputados, quien, a raíz de este destierro, comenzó su crecimiento como líder político. 

Durante casi 20 años, Quiroga fue un férreo opositor de los gobiernos del MAS, tanto durante las presidencias discontinuas de Morales (derrocado en 2019) y Luis Arce (elegido en 2020); en el ínterin, trabajó muy brevemente para la administración de facto de Jeanine Áñez en el plano internacional.

Ofreciendo “darle propiedad a la gente” con la participación masiva de los ciudadanos en el accionariado de las empresas del Estado a través de títulos de valor transferibles, Quiroga ha enfatizado la necesidad de reactivar la economía; reducir el gasto público tirando de “motosierra, machete y tijera”; unificar el tipo de cambio del boliviano con la asistencia crediticia del FMI; acelerar la digitalización del Estado, profundizar las autonomías departamentales y descentralizar los servicios de salud y educación. 

Al igual que sobre comienzos de siglo bajo el ala de Banzer, Quiroga promete una estrategia de “cocaína cero”, respetando la hoja de coca tradicional. Además, se propone reactivar la industria del gas a través de la baja de impuestos a las nuevas exploraciones y clarificar el potencial del litio, mineral estratégico del que Bolivia dispone más que cualquier otro país del planeta en su gigantesco Salar de Uyuni. 

Hacia una nueva (aunque probablemente conocida) etapa

Solo entre Paz y Quiroga, se repartieron poco menos del 60% de los votos válidos emitidos en las elecciones generales, por lo que el redireccionamiento de los apoyos de quienes quedaron en el camino resulta fundamental para estimar un ganador para la Presidencia boliviana. 

Por ahora, Doria Medina, quien pareció acariciar la Presidencia y quedó tercero, expresó su respaldo a la candidatura de Rodrigo Paz, lo que, más allá de un potencial apoyo en las urnas, puede implicar una señal para un futuro acuerdo de gobernabilidad. Los otros dos candidatos que le siguieron, Andrónico Rodríguez y Manfred Reyes Villa, de momento, no resolvieron ningún apoyo público. Tampoco está claro qué hará Evo Morales desde su trinchera, arropado por ese voto nulo, síntoma de su incapacidad de delegar poder. 

La historia boliviana está llena de giros inesperados, pero también de regresos. En 2020, se vaticinaba el final del ciclo progresista y Arce terminó ganando con el 55%. Hoy, el futuro vuelve a estar en disputa y en manos de quienes hasta ayer eran el pasado, tiempo que, al menos de momento, hoy le cabe al MAS.

Daniel Maffey

Analista Internacional

Previo a este viaje, el Gobierno anunció retenciones 0% hasta el 31 de octubre para todos los granos y subproductos, carnes bovinas y avícolas. Por fuera de lo obsceno de reestructurar un cuadro tarifario en clave electoral, al tiempo que se recortan recursos a jubilados y discapacitados, esto no parece el gesto de un estadista que consolida vínculos, sino el de un gobernante desesperado por sobrevivir a los próximos treinta días.

Ese cortoplacismo y el recurso a fuentes excepcionales de financiamiento que, como confirmó el Secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, será de ayuda para “estabilizar” al país, reflejan la gravedad de la situación y la nueva obsesión del Gobierno: alejar cualquier duda sobre la capacidad de pago en los próximos dos años y frenar la corrida cambiaria actual, al menos hasta las elecciones de medio término.

Una política exterior de trueque

En paralelo, va a tener lugar una nueva sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, escenario donde Milei, en 2024, dedicó buena parte de su breve discurso a descalificar la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un gesto en línea con otras intervenciones recientes que están bien detalladas en esta nota. 

Pero, lejos de detenernos en las formas y lo bombástico de sus palabras, lo novedoso está en la actual mimetización con los Estados Unidos de Trump y cómo esto coloca a la Argentina y su política exterior en un terreno desconocido.  

Incluso para un país que no hace mucho encuadró su vínculo bilateral con Washington como uno de “relaciones carnales”, la coyuntura importa y podemos pensar una contradicción de fondo. Estados Unidos, que tras la Guerra Fría impulsó la globalización como motor de su hegemonía, hoy se repliega. Trump interpreta ese proceso histórico como un fracaso y de ahí su rechazo actual tanto a la globalización como al globalismo. Milei, en cambio, se proclama antiglobalista pero fervientemente proglobalización.

Más allá de ese debate conceptual, quizás irrelevante ante la urgencia argentina, esto suma a la idea de que no estamos ante una estrategia capaz de conducir un “campo de batalla”, sino una política exterior de trueque. 

En el dame que te doy, las señales abundan: la abstención en Naciones Unidas sobre el retiro de tropas rusas de Ucrania, que erosiona la histórica defensa de la integridad territorial vinculada a la cuestión Malvinas; el anuncio en Jerusalén de trasladar allí la embajada argentina; o la decisión de no incorporarse a los BRICS. Todas y cada una de estas decisiones configuran un rumbo en el que los intereses de un gobierno se imponen sobre los de un Estado y sus posiciones históricas. 

Entonces, si la la teoría nos dice que “una política exterior exitosa es la que incremente el poder relativo del país, mejore la calidad de vida de los ciudadanos y afiance la autoestima nacional”, estamos en otra sintonía: en una donde los intereses personales y políticos de corto plazo hipotecan los de largo alcance, y las posiciones históricas de la diplomacia argentina se entregan a cambio del respaldo de Washington frente a prestamistas de última instancia que incluso la propia administración norteamericana pasa a representar. 

En esta semana, con un eventual desembolso que será narrado como triunfo de la llamada “Doctrina Milei”, aunque en esencia no sea más que un salvavidas precario con condicionantes desconocidos y que, presentado no como un endeudamiento sino como financiamiento para pagar deuda, seguramente no pasará por el Congreso Nacional.

Nada es gratis en este mundo

Decisiones de tan largo plazo tomadas por un Gobierno que tambalea no parece ser un combo sano. Para la Argentina, que ya acumula 12 acuerdos de asistencia del Tesoro de EE.UU, en esta nueva ocasión, aún no se conoce el monto ni los condicionantes del mismo. 

Lo que sí sabemos es que diferentes funcionarios de la administración Trump se han manifestado preocupados por la relación de China con Argentina (ya que mencionamos al gigante asiático, recordemos que para destrabar el SWAP de monedas esto vino con la instalación de la Estación de Espacio Lejano, ubicada Neuquén) por lo que un repliegue del vínculo comercial con Beijing, una base militar en la Antártida con base en Tierra del Fuego y/o acciones de empresas estatales, son todas opciones que están sobre la mesa y no hace falta ser conspiranoico para pensar que si un país te presta plata, va a exigir algo a cambio. 

Recordemos que solo algunos meses atrás, Trump pidió que Ucrania reembolsara a Washington la ayuda militar y financiera provista desde la invasión rusa de 2022, algo que valuó en 500.000 millones de dólares en tierras raras, necesarias para la producción de productos de alta tecnología, en particular los asociados con la electrónica de consumo, infraestructura de inteligencia artificial y armas.

Argentina en territorio desconocido 

La paradoja es brutal: mientras Milei proclama la misión de destruir al Estado desde adentro, depende de un préstamo del Tesoro norteamericano para sobrevivir a las próximas semanas. Lo mesiánico se reduce a lo contable; lo que se presenta como doctrina no pasa sin un nuevo auxilio.

Quizás ahí resida la verdadera novedad: Milei, bajo su política exterior híperpersonalista, sustituyó el lenguaje de la soberanía por el del regateo. Lo que antes se pensaba como horizonte colectivo se convierte en ficha de negociación individual. Argentina ya no proyecta al mundo una voz propia, sino la urgencia de un salvavidas. En las próximas jornadas, al ritmo de la temporal baja del tipo de cambio, veremos una vez más agravios y aleccionamientos para los mandriles. Hasta la nueva crisis y así, porque lo que termina quedando es lo que estamos viendo, quizás demasiado en shock para dimensionarlo: una política exterior de trueque en la que cobra un gobierno y, como siempre, paga una nación.

Daniel Maffey

Analista Internacional

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) alcanzó la mayoría que declara culpable a Jair Bolsonaro por cinco delitos contra el orden democrático: tentativa de golpe, abolición violenta del Estado de derecho, daño al patrimonio público, destrucción de bienes protegidos y pertenencia a una organización criminal armada. En conjunto, las acusaciones podrían traducirse en hasta 43 años de cárcel y serán determinadas por parte de los cinco ministros del Tribunal. 

El fallo no lo afecta en soledad. Siete de sus excolaboradores más cercanos, entre ellos ministros y militares de alto rango, fueron declarados responsables de delitos similares. La sentencia marca un antes y un después en el vínculo entre poder político y justicia en Brasil. Desde 2019, el STF estableció que una condena solo puede ejecutarse una vez agotados todos los recursos. Esa decisión fue vital para que ese mismo año Luiz Inácio Lula da Silva recuperara la libertad y reingresara al tablero electoral.

Bolsonaro, de 70 años, recibió la noticia desde su residencia en Brasilia, donde cumple arresto domiciliario por violar medidas cautelares. Su pasaporte fue confiscado, porta una tobillera electrónica y ya se encontraba inhabilitado para competir hasta 2030. El destino de su carrera política parece así sellado, aunque en un país marcado por giros abruptos y alianzas volátiles, el futuro nunca es lineal.

La coyuntura agrega un elemento paradójico: mientras Lula da Silva explora la posibilidad de presentarse a un cuarto mandato en 2026, la suerte judicial de Bolsonaro puede condicionar la coalición que sostiene a su gobierno. El expresidente conserva un núcleo duro de apoyos en sectores empresariales, militares y en los estados más ricos del país: São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, precisamente, aquellos que buscarán impulsar una amnistía sobre los recientemente condenados. 

La narrativa del victimismo, a la que Bolsonaro recurrió desde que se le prohibió competir, podría intensificarse si la prisión efectiva se concreta, con capacidad para avivar una polarización ya crónica. El 7 de septiembre último, Día de la Independencia, fue un recordatorio: las calles se poblaron de consignas tanto en defensa de la democracia como en apoyo a quien intentó socavarla.

Washington y Brasilia: dos rutas divergentes

La comparación con Estados Unidos resulta inevitable. Dos democracias presidencialistas consolidadas, con tradiciones electorales firmes, vieron a sus presidentes en funciones y aspirantes a la reelección cuestionar la legitimidad de las urnas incluso antes de los comicios. Ambos discursos desembocaron en episodios de violencia política: el asalto al Capitolio en enero de 2021 y la invasión de las sedes de los poderes en Brasilia en enero de 2023.

Sin embargo, los caminos judiciales fueron diametralmente distintos. En Estados Unidos, la Corte Suprema bloqueó la posibilidad de excluir a Donald Trump de las elecciones mediante la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, que prohíbe ejercer cargos a quienes participen en una insurrección. La decisión evitó pronunciarse sobre el fondo, si Trump fue o no responsable de una insurrección, y se concentró en la cuestión procedimental: solo el Congreso, no los tribunales estatales, puede aplicar esa cláusula.

Brasil, en cambio, cuenta con un marco legal como la Ficha Limpia, que inhabilita de manera automática a quienes han sido condenados por delitos graves. Allí donde el sistema estadounidense privilegia la decisión política del Congreso, el brasileño otorga al poder judicial un rol más incisivo en la regulación del acceso a cargos electivos.

La sentencia del STF no solo parece clausurar una etapa de la vida política de Bolsonaro, sino que también reabre el debate sobre el alcance de la justicia en regímenes democráticos. En Brasil, el poder judicial ha actuado como un actor político decisivo: encarcelando y luego permitiendo el regreso de Lula, luego al inhabilitar a Bolsonaro y ahora al marcar los límites de lo tolerable en una democracia amenazada.

En un continente atravesado por crisis institucionales recurrentes, el fallo del STF no solo clausura la etapa Bolsonaro sino que también lo trasciende, enviando un mensaje a toda la región. En tiempos de desinformación, discursos de odio y tentaciones autoritarias, la lección es inequívoca: ningún líder, por poderoso que sea, o haya sido, está por encima de la democracia ni de la ley.

Daniel Maffey

Analista Internacional (USAL-UTDT)

Este 17 de agosto, apenas dos semanas después del bicentenario, unos siete millones de ciudadanos acudirán a las urnas en un clima cargado de incertidumbre. El presidente Luis Arce ha decidido no buscar la reelección. Evo Morales, figura dominante en el país durante las últimas dos décadas, tiene prohibido presentarse. Y el Movimiento al Socialismo (MAS), que supo ser fuerza hegemónica, podría incluso desaparecer si su nuevo candidato, el exministro Eduardo del Castillo, no supera el umbral del 3% de los votos. 

La disputa interna entre Morales y Arce ha derivado en una implosión del partido, pero el declive del MAS también responde a razones más estructurales: el agotamiento de un modelo económico que durante años fue considerado ejemplar. En su momento de auge, Bolivia logró combinar crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica y reducción de la pobreza. Las llamadas “Evonomics” (luego “Arcenomics”) supieron transformar la renta gasífera en prosperidad. Entre 2000 y 2015, el PBI se multiplicó por cinco, gracias al superciclo de las materias primas y una fuerte intervención estatal.

Pero el ciclo se agotó. La producción de gas disminuyó, la inversión extranjera se retrajo y el Estado no logró diversificar su matriz productiva. La pandemia, la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la política monetaria en EE.UU. terminaron por cercar al modelo. En 2023, las reservas líquidas del Banco Central cayeron por debajo de los 1.000 millones de dólares. La reacción fue inmediata: los ciudadanos se lanzaron a los bancos para retirar sus ahorros. Los bancos, a su vez, impusieron restricciones que aún persisten. En un solo año, los depósitos en divisa extranjera cayeron un 30%.

Hoy, Bolivia atraviesa una crisis de liquidez. El riesgo país impide acceder a financiamiento externo razonable. Los préstamos que ha logrado negociar Arce están trabados en el Parlamento, donde el Ejecutivo carece de mayoría. Y, fiel al ideario del MAS, el Gobierno ha evitado recurrir al Fondo Monetario Internacional. La única fuente de dólares proviene de los exportadores privados, que, temerosos, prefieren conservar sus divisas fuera del país.

Ante este escenario, el Gobierno ha optado por un camino alternativo: incentivar la repatriación voluntaria de divisas y, más recientemente, recurrir a la compra directa de oro a productores locales. El Banco Central espera convertir esas reservas en divisas líquidas, con una proyección de ingreso de hasta 500 millones de dólares. Se trata de una operación compleja y sin garantías, pero revela el grado de urgencia con el que se gestiona la coyuntura.

El escenario electoral es tan volátil como el propio Palacio Quemado. Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y figura cercana a Evo Morales (aunque con vuelo propio) encarna a un progresismo golpeado que aún aspira a llegar a la segunda vuelta. También se perfila Samuel Doria Medina, empresario liberal con décadas en la arena política pero que no logra desprenderse del aura de político del pasado. El resto de la oposición se mueve entre nombres ya conocidos, como el ex presidente Jorge Quiroga o Manfred Reyes Villa: figuras que remiten a una Bolivia anterior al ascenso del indigenismo popular, pero que hoy vuelven a pisar fuerte. De consolidarse, podrían configurar una segunda vuelta prevista para octubre entre sectores que, por primera vez en décadas, excluyen al MAS.

Bolivia, con poco más de 11 millones de habitantes, sigue siendo un país con una dotación de recursos naturales difícil de igualar: litio, hierro, energía solar, eólica y biodiversidad. Sin embargo, ese potencial, tantas veces invocado, continúa sin traducirse en desarrollo sostenido. La falta de tecnología, inversión e institucionalidad ha dejado oportunidades sin aprovechar.

Lo que Bolivia decidirá este agosto es si encara una nueva refundación o si insiste en reciclar ciclos ya transitados. El bicentenario encuentra al país ante un dilema estructural: redefinir su rumbo económico, estabilizar su sistema político y reconstituir la confianza social o seguir navegando entre fracturas y promesas incumplidas. La historia boliviana está llena de giros inesperados, pero también de regresos. En 2020, se vaticinaba el final del ciclo progresista y Arce terminó ganando con el 55%. Hoy, el futuro vuelve a estar en disputa.

* La nota fue originalmente publicada en El Cronista Comercial 

Daniel Maffey 

Analista Internacional (USAL – UTDT)