El Salvador, encriptado: ¿qué significa que el bitcoin se estrene como moneda nacional?

Con el grado de alcance e implicancias como interrogantes, este martes 7 de septiembre pasará a la historia como el día en que por primera vez un país oficializó a una criptomoneda como su divisa oficial. 

El acontecimiento lo completan la República de El Salvador y el Bitcoin a través de la reglamentación aprobada por la Asamblea Legislativa y detallada en el Decreto Legislativo N° 57, de fecha 8 de junio de 2021. 

Qué dice la ley Bitcoin; las perspectivas sobre esta primera experiencia impulsada por el propio presidente del país centroamericano y el contexto socio-político salvadoreño bajo el cual se dará forma a la legislación, en esta nota. 

La ley Bitcoin

Amparados sobre un total de 16 artículos, la Asamblea Legislativa de El Salvador, primero desde su comisión financiera y después bajo un debate exprés desarrollado por los 84 diputados que integran el cuerpo, dispuso la aprobación de la Ley Bitcoin. 

Se parte por considerar como antecedente a la norma que desde el 30 de noviembre del año 2000 se adoptó el dólar como moneda de curso legal; que “aproximadamente el 70% de la población no cuenta con acceso a servicios financieros tradicionales” y que con el “con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del país, se hace necesario autorizar la circulación de una moneda digital cuyo valor obedezca exclusivamente a criterios de libre mercado”. 

Bajo esta premisa es que se presenta como “indispensable” emitir una batería de regulaciones para dar curso legal al bitcoin. Es por eso que se plantea “la regulación del bitcoin como moneda de curso legal”, advirtiendo que la misma afecta “a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran”.

El artículo 2° define que “el tipo de cambio entre el bitcoin y el dólar de los Estados Unidos será establecido libremente por el mercado”. En lo que a su alcance respecta, la legislación marca que “todo precio podrá ser expresado en Bitcoin” (Art. 3.) y que “todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin” (Art. 4.). 

También que “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago” (Art. 7.) detallando las normas técnicas de aplicación y que “todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares, existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley, podrán ser pagadas en Bitcoin” (Art. 4.).

La implementación de la ley va a tener, en un principio, un costo de 203.5 millones de dólares (o su equivalente en Bitcoin) en tanto una parte va a estar destinada a un fideicomiso para asumir los riesgos cambiarios.

En este monto, se incluyen nada menos que 30 millones destinados a dar la “bienvenida” a los usuarios de la criptomoneda. Quienes descarguen la aplicación “Chivo”, diseñada por el Gobierno para estimular su uso, tendrán un regalo de 30 dólares en bitcoin. 

Un futuro encriptado

La implementación de la ley toma lugar mientras El Salvador negocia un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, algo que representa un desafío frontal a las autoridades de los Estados Unidos, considerando que el país centroamericano está dolarizado y hacer del Bitcoin una alternativa de divisa es una manera de “desdolarizarse a medias”.

Desde el Palacio Nacional se piensa que esta normativa puede hacer del envío de remesas (ganancias que los migrantes envían al país), hoy valuadas en cerca del 20% del PBI nacional, una práctica más eficiente, en tanto la expectativa también reside en que la nueva ley atraiga un mayor nivel de turismo e inversiones.

Para el empresario español, Antonio García, quien instaló el primer cajero de bitcoin en pleno Madrid, la nueva ley es una forma de atraer capital extranjero y convertir a El Salvador “en un destino donde empresas de bitcoin se quieran instalar y la gente quiera invertir”. 

“El experimento económico impulsado por Bukele puede ser muy positivo. Si se hace bien, podría ser una opción para otras micronaciones dolarizadas o con una moneda muy sometida a la inflación”, comentó en diálogo con DW.

Pero en adición a los costos planteados con anterioridad, las perspectivas lógicamente no están exentas de riesgos macroeconómicos. Por la naturaleza misma de esta criptomoneda, el temor es que El Salvador pueda prontamente convertirse en tierra fértil para el lavado de dinero. 

Además, parte de la ciudadanía ve esta dualidad momentánea con cierta desconfianza, recordando la transición monetaria de colones a dólares ocurrida algunas décadas atrás cuando el Gobierno prometió que iban a circular ambas monedas pero seis meses después terminó por oficializar exclusivamente a la divisa norteamericana. 

Nayib Bukele

La iniciativa fue impulsada políticamente por Nayib Bukele, presidente del país centroamericano desde el 1 de junio de 2019 y quien ahora con 40 años se presenta como el mandatario en funciones más jóven de la región. 

Después de dos años en los que Bukele contó con una minoría legislativa que truncó parte de su gestión, lo contundente de su victoria en las elecciones legislativas del pasado 28 de febrero le permite, entre otras cosas, poder disponer del poder político y legislativo para aprobar temas como el endeudamiento externo o bien incluso, reformar la Constitución.

Para quien rompió con su partido Nuevas Ideas el bipartidismo establecido desde la década del 1990, el resultado electoral de este 2021 se trató del logro más contundente en la historia de un país marcado por la guerra civil y el post conflicto. 

Bajo este escenario es que el interrogante sobre cómo sería el Gobierno de un presidente millenial comenzó a tener una pronta respuesta para un Bukele que en sus dos años previos en el cargo ya había irrumpido en la Asamblea con soldados, cuestionado públicamente a los integrantes de la Corte Suprema, publicado fotos de integrantes de las maras semidesnudos y desplegando al Ejército para detener a quienes violaran la cuarentena.

Por fuera de la juventud, las formas del presidente salvadoreño no escapan a la sostenida apuesta nacional por la militarización de la política. 4

La Justicia y su reinterpretación

La entrada en vigencia de la Ley Bitcoin toma lugar bajo un contexto institucional preocupante. 

Sobre el pasado mes de mayo la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del país, funcionarios que habían investigado y emitido veredictos contrarios a las políticas del presidente.

La medida, que afectó a los cinco jueces titulares y a los cuatro suplentes de la Sala, se aprobó como se hacen las cosas en el oficialismo, de manera exprés y sin el trámite parlamentario habitual. 

Con los magistrados destituidos, la mayoría oficialista aprobó los nuevos jueces para la Sala de lo Constitucional y un nuevo fiscal general, escenificando al poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo como extensión de una única figura. 

En los últimos días se conoció que ese mismo cuerpo prácticamente estrenó funciones emitiendo una resolución que habilita la reelección presidencial inmediata, algo prohibido en la Constitución del país.

Hasta ahora, los presidentes de El Salvador, que tienen un mandato de cinco años, no podían renovarlo por un periodo inmediato. 

Pero los jueces dieron un giro con una nueva lectura del texto al sostener que la interpretación había estado errada y que en realidad la Constitución permite que un ciudadano puede ser presidente por un máximo de 10 años.

Lógicamente los sectores afines a Bukele y su espacio celebraron la noticia en tanto la oposición la criticó duramente. 

El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) planteó que “la búsqueda por perpetuarse y la concentración de poder es la antesala a una dictadura”. 

En sintonía con la región y más puntualmente con el triángulo centroamericano, lo innovador de la ley Bitcoin no escapa al aprovechamiento de una popularidad  coyuntural para erosionar los pilares de la democracia y buscar garantizar la continuidad en un Ejecutivo sin contrapesos y con la fecha de salida como nuevo interrogante. 

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales