Este domingo 26 de septiembre la República Federal Alemana y sus algo más de 60 millones de votantes habilitados (sobre una población de 83 millones) van a las urnas en el marco de las elecciones federales que 16 años después cierran la era Merkel al frente de la primera potencia europea. 

Bajo un clima marcado por la apatía y la necesidad (resaltada con la presencia de Greta Thunberg en el país) de reconfigurar el diseño socioecológico del país es que el mundo sigue de cerca los comicios alemanes. 

Qué se elige y cómo se vota, el escenario previo a un nuevo llamado electoral, las candidaturas, sus perspectivas de alianza y la particularidad del referéndum que celebra Berlín, en esta nota. 

¿Qué y cómo se vota?

El sistema electoral alemán en las elecciones para el Bundestag (Parlamento) es uno de representación proporcional. Desde las elecciones para el segundo Bundestag allá por el año 1953, cada votante elige dos puntos que eventualmente derivan en la elección de, en este caso, el sucesor de Angela Merkel. 

Esto porque los alemanes no votan directamente para su canciller sino que votan para elegir a los miembros del legislativo. 

Con el primer voto se selecciona al político de la circunscripción electoral en la que se emita el sufragio. Mediante este mandato directo se elige la mitad de los asientos en el Bundestag (354 de 709), la otra mitad, mediante listas nacionales de partidos. 

Los partidos presentan candidatos al Bundestag en cada uno de los 14 Estados federados en los que está dividida Alemania. Con este voto se elige a un partido, no un nombre, por lo que esta instancia tiene más peso considerando que es el que define las mayorías en el recinto, es decir, el número de asientos para cada partido.

En lo que a las candidaturas respecta, para esta elección hay un total de 53 partidos anotados para participar pero solo 7 de los cuales están representados en el Bundestag actual, algo relevante al momento de entender cómo se vota en este país porque además de los dos tipos de voto hay que superar un umbral.

Todos los que cuenten con más del 5% de los votos entran proporcionalmente a los resultados que obtengan, algo que busca evitar que partidos más pequeños puedan ingresar al legislativo y generar un estancamiento político de esos que cada vez vemos más seguido. 

Entonces, el Bundestag vota todas las leyes de competencia nacional, o sea, de la Federación, y con sus 709 miembros (el 2° cuerpo más populoso después del de China) termina por elegir al canciller. 

Formalmente estas candidaturas son presentadas por el presidente de Alemania (sí, tienen presidente) quien frente al rol político del canciller tiene por su parte el cargo ceremonial y protocolar de la nación bávara.

El desánimo electoral

Como viene ocurriendo en buena parte de Occidente, el proceso electoral en Alemania transitó con fuerte desánimo, en buena medida a partir de las expectativas que el conjunto de la sociedad tiene frente a algunos puntos centrales. 

Como explica Hofmann de Moura, cuatro parecen ser los ejes que marcan la agenda de cara a este 26-S.

Ante todo y lógicamente, la pandemia  de Covid-19 y el impacto de una enfermedad que si bien ya dispone de más del 60% de su población con el esquema completo de vacunación, se acerca a los 100.000 decesos, un número alto para un país con las perspectivas y posibilidades de la primera potencia del viejo continente. 

Además, las inundaciones de hace algunas semanas que dejaron cerca de 200 muertos y el punto de que se requiere con suma urgencia de una transformación socio ecológica nacional.

Una tercera tendencia es la explosión de los precios en el mercado inmobiliario, una enorme amenaza económica para muchas familias alemanas, algo que como veremos más adelante evidencia con contundencia un referéndum de expropiación de más de 200.000 viviendas convocadas en Berlín.

El cuarto de los ejes tiene que ver con la transición que la crisis en Afganistán supuso. Si en el último llamado electoral la recepción de migrantes de distintas partes del mundo marcó buena parte de la campaña, este domingo la fallida retirada de Afganistán donde Alemania, como integrante de la OTAN contaba con soldados (más de 150.000 prestaron servicio), también figura presente. 

Candidatos y bloques

Bajo este escenario es que se llevan a cabo las elecciones federales para el vigésimo Bundestag de la República Federal Alemana donde, con promesas de continuidad, 3 son los candidatos que buscarán suceder a Angela Merkel: 

1. Armin Laschet: Unión Demócrata Cristiana (CSU), al frente del estado Renania del Norte – Westfalia, el distrito más poblado de toda Alemania.
2. Olaf Scholz: Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), actual ministro de Finanzas de Merkel.
3. Annalena Baerbock: Los Verdes (Verdes), integrante del Parlamento alemán desde el año 2013.

Así las cosas y tras cerrar la semana de campaña ante la Comisión de Finanzas del Parlamento que lo investiga por presunto lavado de dinero, pica en punta el socialdemócrata Olaf Scholz. 

Centrado en movilidad, justicia social, cambio climático y digitalización, se presume que frente a la necesidad de una coalición de gobierno, Scholz posiblemente deba hacerlo ya no con un segundo sino con tres partidos.

Es en este punto que ganan peso los bloques políticos que a escala nacional tienen a los Socialdemócratas, la Izquierda y los Verdes por un bando, en tanto que la Democracia Cristiana, los Demócratas Libres y la Alternativa para Alemania, por el otro. 

Ahora bien, así como la Izquierda y Alternativa para Alemania (AfD) se presentan como extremos no dispuestos a ceder posiciones en lo que a integrar una posible coalición respecta, la posibilidad de que los Demócratas Libres migren al espectro progresista del mapa político alemán figura como la alternativa más concreta de una potencial alianza de Gobierno. 

Perspectivas de alianzas

Osea que la expectativa post domingo electoral es que los socialdemócratas sean el partido más votado a escala nacional y que Olaf Sholz estrene su capacidad de negociación en el marco de una coalición “semáforo” con su partido (rojos), los Demócratas Libres (amarillos) y los Verdes. 

Esto porque en líneas generales hay una cierta consonancia frente a los temas que las plataformas de los espacios presentan. 

Nuevamente Hofmann de Moura recopila que en lo que al Estado de Bienestar respecta, en materia de inmigración e integración, sobre los desafíos del cambio climático y el papel internacional de Alemania, se pueden identificar coincidencias y/o distancias remontables. 

Además, resalta con algo de curiosidad el caso de la infraestructura digital respecta. Los seis partidos de los que hablamos saben que es necesario digitalizar el país. 

La pandemia desnudó que Alemania todavía tiene a muchos millones de usuarios navegando con líneas de cobre, que según un ranking reciente del FTTH Council Europe la penetración de fibra óptica llega a un 16% de los hogares y empresas y que el uso del fax sigue estando arraigado. De hecho, el Bundestag acordó jubilar estos dispositivos recién este 2021. 

Berlín y un referéndum para expropiar

Además de elegir legisladores y al próximo alcalde, este domingo la ciudad de Berlín responde por sí o por no la posibilidad de que el Gobierno nacional expropie un total de 240.000 viviendas a los grandes propietarios inmobiliarios de la capital. 

El dato no parecería ajeno a la realidad de un país donde si más de la mitad de la población no tiene vivienda propia, ese porcentaje sube hasta el 85% cuando hablamos de Berlín pero que obviamente, como todo lo que incluye la idea de expropiar, genera reacciones encontradas.

Hay que aclarar que se trata de una consulta que no es vinculante, osea que si se aprueba no se va a proceder automáticamente a una expropiación, pero el hecho de que la pregunta haya llegado a esta instancia da cuenta del nivel de presión que existe y que pueda seguir existiendo.

Algo que viene de que hasta los ´90 y por más de cuatro décadas la ahora capital alemana estuvo bajo la influencia de seis potencias, nunca recibió una inversión centralizada y por tanto, no resolvió muchos de los problemas que el resto del país sí pudo.

En lo que a la vivienda respecta, los problemas también son específicos para una ciudad donde el precio del alquiler promedio se duplicó en la última década, el 85% de las personas alquilan y las leyes para congelar precios nunca prosperaron. 

Desde el plano político, el alcalde de Berlín, Michael Mueller, también se muestra en contra de esta medida, argumentando que antes de una expropiación pública preferiría asociaciones con el sector privado.

Pero así como Merkel, Müller también deja su cargo y se espera que asuma Franziska Giffey,  quien hasta lanzarse a la campaña fue ministra del Gobierno de Merkel y ahora quizás tenga la responsabilidad de cumplir el mandato de expropiar 240.000 viviendas a la mayor empresa inmobiliaria de todo Berlín.

De “pobre pero sexy” a rica e inalcanzable, el denominador común es que por décadas los habitantes de Berlín no vieron cambios en su situación habitacional y ahora buscan corregir lo que la prosperidad económica prometió pero en esta parte de Alemania, nunca cumplió.

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales

Con el grado de alcance e implicancias como interrogantes, este martes 7 de septiembre pasará a la historia como el día en que por primera vez un país oficializó a una criptomoneda como su divisa oficial. 

El acontecimiento lo completan la República de El Salvador y el Bitcoin a través de la reglamentación aprobada por la Asamblea Legislativa y detallada en el Decreto Legislativo N° 57, de fecha 8 de junio de 2021. 

Qué dice la ley Bitcoin; las perspectivas sobre esta primera experiencia impulsada por el propio presidente del país centroamericano y el contexto socio-político salvadoreño bajo el cual se dará forma a la legislación, en esta nota. 

La ley Bitcoin

Amparados sobre un total de 16 artículos, la Asamblea Legislativa de El Salvador, primero desde su comisión financiera y después bajo un debate exprés desarrollado por los 84 diputados que integran el cuerpo, dispuso la aprobación de la Ley Bitcoin. 

Se parte por considerar como antecedente a la norma que desde el 30 de noviembre del año 2000 se adoptó el dólar como moneda de curso legal; que “aproximadamente el 70% de la población no cuenta con acceso a servicios financieros tradicionales” y que con el “con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del país, se hace necesario autorizar la circulación de una moneda digital cuyo valor obedezca exclusivamente a criterios de libre mercado”. 

Bajo esta premisa es que se presenta como “indispensable” emitir una batería de regulaciones para dar curso legal al bitcoin. Es por eso que se plantea “la regulación del bitcoin como moneda de curso legal”, advirtiendo que la misma afecta “a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran”.

El artículo 2° define que “el tipo de cambio entre el bitcoin y el dólar de los Estados Unidos será establecido libremente por el mercado”. En lo que a su alcance respecta, la legislación marca que “todo precio podrá ser expresado en Bitcoin” (Art. 3.) y que “todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin” (Art. 4.). 

También que “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago” (Art. 7.) detallando las normas técnicas de aplicación y que “todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares, existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley, podrán ser pagadas en Bitcoin” (Art. 4.).

La implementación de la ley va a tener, en un principio, un costo de 203.5 millones de dólares (o su equivalente en Bitcoin) en tanto una parte va a estar destinada a un fideicomiso para asumir los riesgos cambiarios.

En este monto, se incluyen nada menos que 30 millones destinados a dar la “bienvenida” a los usuarios de la criptomoneda. Quienes descarguen la aplicación “Chivo”, diseñada por el Gobierno para estimular su uso, tendrán un regalo de 30 dólares en bitcoin. 

Un futuro encriptado

La implementación de la ley toma lugar mientras El Salvador negocia un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, algo que representa un desafío frontal a las autoridades de los Estados Unidos, considerando que el país centroamericano está dolarizado y hacer del Bitcoin una alternativa de divisa es una manera de “desdolarizarse a medias”.

Desde el Palacio Nacional se piensa que esta normativa puede hacer del envío de remesas (ganancias que los migrantes envían al país), hoy valuadas en cerca del 20% del PBI nacional, una práctica más eficiente, en tanto la expectativa también reside en que la nueva ley atraiga un mayor nivel de turismo e inversiones.

Para el empresario español, Antonio García, quien instaló el primer cajero de bitcoin en pleno Madrid, la nueva ley es una forma de atraer capital extranjero y convertir a El Salvador “en un destino donde empresas de bitcoin se quieran instalar y la gente quiera invertir”. 

“El experimento económico impulsado por Bukele puede ser muy positivo. Si se hace bien, podría ser una opción para otras micronaciones dolarizadas o con una moneda muy sometida a la inflación”, comentó en diálogo con DW.

Pero en adición a los costos planteados con anterioridad, las perspectivas lógicamente no están exentas de riesgos macroeconómicos. Por la naturaleza misma de esta criptomoneda, el temor es que El Salvador pueda prontamente convertirse en tierra fértil para el lavado de dinero. 

Además, parte de la ciudadanía ve esta dualidad momentánea con cierta desconfianza, recordando la transición monetaria de colones a dólares ocurrida algunas décadas atrás cuando el Gobierno prometió que iban a circular ambas monedas pero seis meses después terminó por oficializar exclusivamente a la divisa norteamericana. 

Nayib Bukele

La iniciativa fue impulsada políticamente por Nayib Bukele, presidente del país centroamericano desde el 1 de junio de 2019 y quien ahora con 40 años se presenta como el mandatario en funciones más jóven de la región. 

Después de dos años en los que Bukele contó con una minoría legislativa que truncó parte de su gestión, lo contundente de su victoria en las elecciones legislativas del pasado 28 de febrero le permite, entre otras cosas, poder disponer del poder político y legislativo para aprobar temas como el endeudamiento externo o bien incluso, reformar la Constitución.

Para quien rompió con su partido Nuevas Ideas el bipartidismo establecido desde la década del 1990, el resultado electoral de este 2021 se trató del logro más contundente en la historia de un país marcado por la guerra civil y el post conflicto. 

Bajo este escenario es que el interrogante sobre cómo sería el Gobierno de un presidente millenial comenzó a tener una pronta respuesta para un Bukele que en sus dos años previos en el cargo ya había irrumpido en la Asamblea con soldados, cuestionado públicamente a los integrantes de la Corte Suprema, publicado fotos de integrantes de las maras semidesnudos y desplegando al Ejército para detener a quienes violaran la cuarentena.

Por fuera de la juventud, las formas del presidente salvadoreño no escapan a la sostenida apuesta nacional por la militarización de la política. 4

La Justicia y su reinterpretación

La entrada en vigencia de la Ley Bitcoin toma lugar bajo un contexto institucional preocupante. 

Sobre el pasado mes de mayo la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del país, funcionarios que habían investigado y emitido veredictos contrarios a las políticas del presidente.

La medida, que afectó a los cinco jueces titulares y a los cuatro suplentes de la Sala, se aprobó como se hacen las cosas en el oficialismo, de manera exprés y sin el trámite parlamentario habitual. 

Con los magistrados destituidos, la mayoría oficialista aprobó los nuevos jueces para la Sala de lo Constitucional y un nuevo fiscal general, escenificando al poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo como extensión de una única figura. 

En los últimos días se conoció que ese mismo cuerpo prácticamente estrenó funciones emitiendo una resolución que habilita la reelección presidencial inmediata, algo prohibido en la Constitución del país.

Hasta ahora, los presidentes de El Salvador, que tienen un mandato de cinco años, no podían renovarlo por un periodo inmediato. 

Pero los jueces dieron un giro con una nueva lectura del texto al sostener que la interpretación había estado errada y que en realidad la Constitución permite que un ciudadano puede ser presidente por un máximo de 10 años.

Lógicamente los sectores afines a Bukele y su espacio celebraron la noticia en tanto la oposición la criticó duramente. 

El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) planteó que “la búsqueda por perpetuarse y la concentración de poder es la antesala a una dictadura”. 

En sintonía con la región y más puntualmente con el triángulo centroamericano, lo innovador de la ley Bitcoin no escapa al aprovechamiento de una popularidad  coyuntural para erosionar los pilares de la democracia y buscar garantizar la continuidad en un Ejecutivo sin contrapesos y con la fecha de salida como nuevo interrogante. 

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales

Nuevamente Cuba y las libertades civiles vuelven a estar en agenda. En el marco de un 2021 estrenado con el fin de la dualidad monetaria, las distorsiones económicas nuevamente quedan evidenciadas por el mismo movimiento que en 2018 reclamó por la libertad artística, que en 2020 denunció la detención de Maykel Osorbo y que ahora salió a las calles. 

Con diferencias en su contenido pero no en sus formas, la isla para la Argentina supone un escenario similar al de Venezuela, donde cualquier pronunciamiento o lectura prontamente queda atrapada en definiciones partidarias que poco hacen al estudio de los hechos y lo que hay detrás de la foto del momento.  

Lo que pasó y está ocurriendo en estas jornadas; cómo se llegó al estado de situación actual y los dilemas para Cuba y la democracia, en esta nota. 

¿Qué pasó en estos días?

El último domingo, 11 de julio, miles de personas marcharon por las calles de varias ciudades de Cuba, en el marco de un escenario de marchas y contramarchas. Lo que originalmente fueron protestas autoconvocadas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, tuvo su respuesta desde el propio secretario del Partido Comunista cubano, quien llamó a defender su gestión. 

La primera marcha contra el oficialismo se registró en San Antonio de los Baños, teniendo su réplica en al menos otras seis ciudades de la isla y desde donde los manifestantes, la mayoría de ellos jóvenes, entonaron consignas tales como “Patria y vida”, “Abajo la dictadura” y “No tenemos miedo”.

Inmediatamente, Díaz-Canel denunció la supuesta participación de los Estados Unidos en “acciones de desestabilización política históricas que tienen lugar contra Cuba y que se han intensificado particularmente durante la pandemia”, convocando a “todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución en todos los lugares”.

A partir de esto, como suele ser el caso desde hace demasiado tiempo, los involucrados en los movimientos sociales en la isla ahora quedaron como peones en una partida de ajedrez que desde hace décadas protagonizan Estados Unidos y Cuba donde el clivaje “traidor” o “revolucionario” evidencia la distorsión temporal/discursiva del castrismo.

Pero no por eso pierde peso que estos hechos se suman a los de noviembre pasado cuando un grupo de artistas se manifestó frente al Ministerio de Cultura exigiendo una reunión con el Gobierno que para sorpresa de todos fue concedida aunque en un retorno a la normalidad prontamente frustró cualquier avance. 

Esta nueva revolución de jóvenes que se está formando en Cuba esta vez no está armada ni transita en una trinchera sino que viene en forma de arte y con el internet móvil como munición. 

El Movimiento San Isidro (MSI) nacido en 2018 luego de que el Gobierno aprobara el controversial Decreto 349 que regula la actividad artística y determina qué es arte y qué no, cercenando con esto la libertad artística en todas sus manifestaciones, es un claro ejemplo de esta realidad.

Volviendo al domingo y su derrame semanal, el Gobierno de Díaz-Canel estructuró un proceso de detenciones que, contrario a los compromisos con los Derechos Humanos que Cuba debiera tener como miembro de las Naciones Unidas, ilustra de momento y según el reporte de Human Rights Watch, más de 247 personas desaparecidas.

La pandemia como acelerador

Además de lo que a las movilizaciones respecta, el tránsito cubano exhibe desde un lugar impensado el impacto multidimensional de la pandemia en la región más castigada del planeta, generando eventos disruptivos como el mencionado ciclo de protestas, al mismo tiempo que acelera dilemas previos irresueltos. 

Si bien es cierto que la isla atraviesa su peor momento en cuanto a contagios y muertes por Covid-19, con un incremento del 150% de casos y decesos en comparación con los registrados el último trimestre, lo cierto es que los efectos más crudos de la pandemia más  no están en la variable sanitaria sino sobre el eje económico. 

El impacto se retrata con una contracción del PBI para el 2020 del 10.9%, con una merma en el sector turismo de casi 3 millones de ingresantes al país en comparación con el 2019 y con una devaluación de 24 veces del tipo de cambio oficial, entre algunos de los datos más relevantes. 

Cuba ingresó a esta fase recesiva global con grandes vulnerabilidades que no pudieron resolverse en la última década y en buena medida agravadas por la presión de los Estados Unidos, quien, tras la Presidencia de Donald Trump y la reincorporación de la isla a la lista de países patrocinadores del terrorismo como último gesto, tendrá en la administración Biden la necesidad de retomar los estímulos bilaterales que marcaron el cierre del mandato de Obama. Esto no parece algo próximo a suceder. 

De la revolución a la realidad

Entre 1959 y el cierre de 1980, la Revolución impulsó un proceso de desestratificación social, entre cuyas evidencias destaca la eliminación de la propiedad privada y la formación de un sector de propiedad estatal (que hacia 1988 daba cuenta del 96% de todo el empleo nacional); la disminución de la pequeña propiedad y la caída sostenida de la desigualdad de ingresos y de la pobreza.  

Este modelo encontraría una contundente interrupción para el cierre del siglo XX. Uno de los ejes por considerar responde al “Período Especial”, eufemismo utilizado por Fidel Castro quien tras el apogeo de la República sobre finales de 1980, presenciaría la contracción más severa en la historia del país.

El súbito colapso de la URSS, la erosión de diversos procesos de intercambio e integración entre las naciones socialistas a través del Consejo de Asistencia Económica Mutua (Comecon), así como la intensificación de las políticas norteamericanas orientadas al embargo económico sobre la isla serían algunos de los ejes que determinarían el futuro financiero castrense.

Sobre octubre de 1960 y como respuesta a las expropiaciones de las compañías y propiedades de ciudadanos estadounidenses en la isla se impone el embargo económico de los EE.UU. sobre Cuba. 

Para gestionar esta crisis se introdujeron algunas novedades para el socialismo cubano como los incentivos para la atracción de capital extranjero y formación de empresas mixtas (especialmente en el sector turístico); la ampliación del pequeño sector privado urbano (los “cuentapropistas”) y la autorización del envío de remesas desde el exterior.

Desde 1990 en adelante y tras la mencionada contracción del comercio exterior nacional, comenzó a circular el peso cubano convertible (CUC) como resultante a la pérdida de la funcionalidad como medio de pago y depósito de valor de la histórica moneda nacional, el peso cubano (CUP).  

En ese marco, se fijaron dos tipos de cambio diferentes: uno para la población y otro para el sector empresarial. El primero en una equivalencia de 24 CUP por CUC, para lo cual se establecieron casas de cambio a lo largo de la isla. El segundo se ancló al tipo de cambio que prevalecía entre el dólar y el CUP, es decir, 1 dólar = 1 CUC =1 CUP.

Para 1996, el Congreso norteamericano aprobó la Helms-Burton Act, una ley mediante la cual se eliminó la posibilidad de hacer negocios con la isla por parte de los ciudadanos y filiales extranjeras de compañías, impidiendo comerciar por valores superiores a 700 millones de dólares anuales. El embargo tiene la excepción en alimentos y medicamentos, bienes que deben pagarse por adelantado y en efectivo. 

En adición a que las estrategias castrenses para enfrentar la crisis impactaron en todos los indicadores de inclusión cubanos, lo cierto es que hasta 2004 se garantizó que se emitieran CUC que tuvieran respaldo en el dólar, con posterioridad a esa fecha, esa convertibilidad dejó de existir y el CUC se convirtió en una moneda sobre emitida.

Esta práctica dio inicio a un sostenido proceso de distorsión empresarial/nacional de las cuentas públicas, privilegiando durante décadas, propósitos contrarios a los declarados oficialmente.

En la década del 2000 el dólar fue eliminado de la circulación nacional, así como de las transacciones empresariales, manteniendo solo el CUP y el CUC en ese proceso. Sin embargo, desde hace varios años, se ha sostenido la necesidad de avanzar hacia la unificación monetaria y cambiaria, algo reflejado en el documento Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución destinados a la actualización del modelo económico y social cubano.

El “día cero”: ¿para quién?

El 10 de diciembre del 2020 y ante la expectativa acumulada por décadas de buena parte del país, el por entonces primer secretario el Partido Comunista Cubano, Raúl Castro y el presidente en funciones de la República, Miguel Díaz Canel, anunciaron la unificación monetaria y la fijación de una tasa de cambio única en la isla, a razón de 24 CUP por dólar.

En esta línea es que también se avanzó con un paquete de reformas sobre el crecimiento del fondo salarial, el pago de impuestos sobre ingresos personales, los productos que mantendrán subsidios, el costo de la canasta básica de referencia y las nuevas tarifas de servicios básicos, entre otros puntos.

Además de que esta devaluación de 24 veces del cambio oficial para aquellas empresas estatales dará inicio a un forzado proceso de “transparencia” sobre lo que estuvieron haciendo, algo advertido por Jorge Marino Murillo, miembro del Buró Político del Partido y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, quien anunció que a estas empresas se les dará un año para poner en orden sus cuentas antes de terminar con los subsidios.

Es decir que las empresas que se beneficiaron del acceso a dólares baratos durante décadas recibirán ayuda del Gobierno durante un año para retrasar los despidos masivos, al tiempo que la Isla entrará en la era de la moneda única con un tipo de cambio sobrevaluado (para el cierre del 2020 el dólar se vendía entre 35 y 40 pesos cubanos).

Vale recordar que a la mayoría de los cubanos que trabajan para el Estado se les paga en CUP. Se necesitan 24 pesos para comprar un CUP al tipo de cambio oficial. En otras palabras, los trabajadores del creciente sector privado del país, a la mayoría de los cuales se les paga en CUC, ganan siete veces lo que ganan los empleados estatales.

Osea que, considerando la estructuración del mercado laboral cubano, las tareas de ordenamiento anunciadas por Díaz Canel parecen necesariamente obligar a una resignificación de la fuerza laboral excedente. 

En este sentido, si bien la creación de nuevos empleos resulta el paso obligado en dicha dirección, los interrogantes surgen a partir de la capacidad del Gobierno en poder, bajo un contexto económico e internacional fuertemente recesivo, lograr llevar a cabo esa práctica. Y llegó lo impensado, el hartazgo. 

Cuba y la democracia

Cuba y su sistema de Gobierno transita una fuerte crisis de legitimidad, no solo porque no crece, sino porque transita uno de los deterioros más marcados de su economía en las últimas décadas. 

A partir de esto surge como inevitable un planteo algo incómodo y es que si el Gobierno no da voz ni voto a la ciudadanía, sí, en cambio, tiene que garantizar una suerte de identidad y optimismo económico similar, al menos desde su planteo, al del caso chino. 

De hecho, es lógico pensar que ese es el espejo sobre el que se mira el PCC, que por fuera de la lógica discursiva, no está mirando hacia América Latina sino sobre aquellos modelos que no tienen en el carácter democrático participativo un interés o una demanda percibida.

Esto es relevante en cuanto el Gobierno no entiende un compromiso tácito con la democracia pero sí, como integrante de las Naciones Unidas, debiera contemplarlo para con los compromisos humanos. Es desde este plano que desde el año 1992 la Asamblea General de la ONU aprueba sistemáticamente la “necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los EE.UU.”.

El respeto sobre la libertad de expresión y la empatía sobre el agotamiento ciudadano debieran ser compromisos ineludibles para cualquier Gobierno que valore promover y se jacte de respetar estos principios. 

Como señala Marisela Betancourt, no basta con la narrativa épica que pide sacrificios diarios por la revolución y tampoco es suficiente con la pérdida de libertades individuales para sentir y pensar en colectivo, sino que es condición necesaria también la ausencia de cansancio.

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales

En el marco de este 22 de abril, día internacional de la Tierra e inicio de la cumbre que de manera virtual Joe Biden encabezará por las próximas dos jornadas, es que la variable medioambiental y sus urgencias vuelve a estar en agenda. 

En esta nota con la intención de pensar uno de los abundantes casos que desde la ya desgastada lógica “nuevas normas, viejas prácticas” ilustra como el bitcoin, un bien muchas veces pensado como intangible, en verdad concentra en la actualidad uno de los impactos más palpables sobre el planeta y su destrucción 3.0.

Para arrancar definimos brevemente tres conceptos que quizás ya manejes pero que son importantes para entender esta relación medioambiente – bitcoin: 

1.Huella de carbono: es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que produce el ser humano tanto al fabricar un producto como al realizar sus actividades diarias.  La huella es nuestro paso por el planeta y se expresa en toneladas de CO2 emitidas. Cómo nos alimentamos, dónde hacemos las compras, nuestro consumo energético y los medios de transporte, todo eso, en este eje. 

2. Bitcoin: podemos pensarlo como un nuevo tipo de red de pago global. Nuevo en términos comparados con empresas como MasterCard, no tanto si la referencia en PayPal. A contramano de estos casos, algunas diferencias.

Primero, bitcoin está completamente descentralizado. La red MasterCard es propiedad y está operada por MasterCard Inc. Pero no existe Bitcoin Inc. Más allá de un Satoshi Nakamoto (presunto seudónimo) que apareció en 2008 o Gavin Andresen que es el desarrollador visible desde entonces, no hay Bitcoin Inc. En cambio, miles de computadoras en todo el  planeta procesan transacciones sin intermediarios institucionales. 

En segundo término, los pagos con MasterCard y PayPal están referidos sobre monedas convencionales como el dólar. La red Bitcoin, en cambio, dispone de su propia unidad de valor la cual fluctúa frente a otras monedas de la misma manera que el peso puede hacerlo frente a la divisa norteamericana. 

3. Minar: bitcoin se basa en la tecnología blockchain o cadena de bloques que la podemos pensar como una base de datos compartida de transacciones, con operaciones que tienen que ser confirmadas y cifradas. 

La red está protegida por usuarios llamados “mineros” que usan computadoras para verificar transacciones, que muchas veces trabajan bajo el estímulo de bitcoins como recompensa y que básicamente las computadoras desde las que trabajan consumen enormes cantidades de electricidad.

Esto porque como podes ver acá no son computadoras como desde la que programas un mail o miras Netflix sino que, entre otras bondades, requieren de tecnología ASIC (aplicación específica integrada de circuitos de chips, en castellano) que permiten minar con mayor velocidad y eficiencia. 

Osea que como concepto general podemos pensar que el algoritmo de bitcoin y su funcionamiento exige cantidades enormes de energía para validar las transacciones.

Con estos tres conceptos en la cabeza pasemos al contexto y en buena medida la amenaza (ya bastante tangible) que bitcoin y sus formas genera:

A medida que el precio de Bitcoin se disparó, para tener referencia durante el 2020 su valor se quintuplicó estando actualmente 1 criptomoneda valuada por debajo de los US$ 60.000, también lo hizo la cantidad de energía que se consume. Según la Universidad de Cambridge y el centro de monitoreo de estas prácticas, la minería de bitcoin utiliza un 80% más de energía que a principios de 2020.

Y a medida que Bitcoin se vuelve más popular, Elon Musk mediante (se llegó al punto de que exista una plataforma que te avisa cuando tuitea usando la palabrita mágica), más recursos consume su ecosistema y mayor es el impacto.  

La ecuación es simple: más valor, más competencia; más competencia, más mineros, más mineros; más consumo eléctrico. El resultado, negativo. 

En números

Una transacción de bitcoin es el equivalente a la huella de carbono de 735.121 transacciones de Visa o 55.280 horas de visualización de YouTube, según reporta la Blockchain Society, un grupo de estudio de la Universidad de Amsterdam que creó un índice de consumo de energía al respecto.

China, si bien prohibió el comercio de criptomonedas en el año 2019 por vincularlo al lavado de dinero, permite minar, concentrando cerca del 80% de las operaciones globales ¿El impacto? El consumo energético es tal que corre el riesgo de no poder atender sus compromisos en materia climática dado que el 40% de las minas funcionan con carbón, algo que altera el compromiso de Beijing de convertirse en carbono neutral para 2060. 

Nuevamente la Universidad de Cambridge marca que la cantidad de electricidad consumida por la red Bitcoin en un año podría alimentar todas las teteras utilizadas para hervir agua durante 25 años en el Reino Unido o bien satisfacer las necesidades energéticas de la Universidad por 647 años. 

Marca Gzero media que la minería reporta el 0,6% del consumo eléctrico global con una huella de carbono similar a la de Nueva Zelanda y un uso anual superior al de la Argentina. 

El mundo post Trump

Después del paso de Donald Trump por la Presidencia en la que, además de muchísimas regulaciones ambientales derogadas, retiró al país del acuerdo climático de París, Estados Unidos bajo la administración Biden está volviendo a comprometerse con la acción climática.

El titular de la Casa Blanca será anfitrión de una cumbre climática virtual para conmemorar el día internacional de la Tierra y donde, entre otras cosas, va a profundizar el pedido sobre China e India de adherirse a un nuevo plan para frenar el cambio climático.

Vale recordar que China es el mayor contaminador del mundo aunque con un atendible redireccionamiento hacia la energía solar y eólica. India, en cambio, no ve con muy buenos ojos las exigencias de aquellas potencias que contaminaron su camino hacia la riqueza y ahora exigen desde ese lugar. 

Pero como te cuento en esta nota, el Acuerdo de París da cuenta de que la dicotomía entre naciones desarrolladas y en desarrollo no se corresponde con la realidad.

Los países se encuentran en varias formas de desarrollo pero de ninguna manera una categoría puede tener, por caso, a la Argentina y China como pares en sus responsabilidades y obligaciones. 

Más concretamente, no existe una forma creíble de abordar el cambio climático que no implique una participación sustancial de todos los países con altas emisiones del mundo, incluidos China, Brasil y otras naciones en ascenso. India es el caso. 

París, bitcoins y las urgencias 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) calcula en su informe anual de “brecha de emisiones” que, solo en la década de 2020, la diferencia entre lo que los países se han comprometido y lo que es necesario para limitar el calentamiento a 2 grados está entre 13.000 a 15.000 millones de toneladas de dióxido de carbono de diferencia.

Como apunta Noah Sachs en su estudio “El Acuerdo de París en 2020: ¿descompostura o ruptura?”, el tratado actualmente se encuentra en grave peligro de ingresar en un espiral descendente, en buena medida por lo que puede ofrecer: transparencia y persuasión moral, dos commodities bastante devaluados por estos tiempos. 

Volviendo a los bitcoin y para cerrar. El caso de esta criptomoneda es el síntoma de un problema bastante más profundo que encuadra a una nueva forma de mesurar el valor en el siglo XXI. Eso no va a cambiar pero quizás sí lo hagan los controles que puedan implementarse al respecto. 

El Reino de Suecia tiene un impuesto al carbono superior a 100 euros por tonelada métrica de CO2, algo que limita esta práctica bajo esa fuente de energía.

Como marca este artículo del New York Times, figuran nuevas formas de realizar transacciones de bitcoin más ecológicas. Por ejemplo, los usuarios podrían realizar hacerlo por lotes en algo llamado Lightning Network, un canal de pago entre dos usuarios que usaría menos energía para procesar transacciones. Las alternativas sobran y el mundo demanda nuevas prácticas, rápido. 

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales

Ceder poder para (intentar) reforzar la figura presidencial parece ser una práctica adjunta al sistema político brasilero y sus formas. 

En un país donde las tensiones pueden ilustrar rupturas en cuestión de horas, Jair Bolsonaro experimentó en la antesala al 31 de marzo, aniversario del Golpe de 1964 sobre la Presidencia de João Goulart, la mayor metamorfosis política desde que asumiera funciones el 1 de enero de 2019. 

La reforma ministerial ocurrida, en principio, en las últimas 24 horas; la historia reciente de Bolsonaro en el Palacio de Planalto; el impacto de una pandemia que hoy mata en Brasil como en ningún otro lugar del mundo y los dilemas simbólicos de un sistema internacional sin Donald Trump, en esta nota. 

¿Qué pasó ayer?

En un contexto esencialmente marcado por el coronavirus y su variable sanitaria, Brasil comenzó la última semana de marzo haciendo acuse de recibo político de los desmanejos de la pandemia. 

En lo que puede pensarse como la mayor crisis de quien en octubre de 2018 fuera el segundo candidato más votado en la historia del país, en primer término se resolvió la salida de dos ministros del Gabinete nacional en forma de renuncia. 

Por la mañana, el canciller brasilero Ernesto Araújo, dimitió como ministro de Relaciones Exteriores, algo esperado tras jornadas en las que las dos Cámaras del Congreso, así como diferentes representantes del poder económico nacional y más de 300 diplomáticos en forma de carta, promovieron la salida del parlante de Bolsonaro ante el mundo. 

Horas después, el titular de Defensa, el general Fernando Azevedo, hizo lo propio aunque sin dar cuenta de algún motivo concreto. Lo inesperado de esta renuncia está en el timing y no en la relación por demás tensa  que supo mantener con un jefe de Estado contrario a promover los beneficios del aislamiento social y el uso de tapabocas en la antesala a esta nueva ola de contagios. 

Cosechadas las dos salidas, Bolsonaro inició lo que es la remodelación política más extensa de su Gabinete, con la partida de los titulares de la Casa Civil, Justicia, la Secretaría de Gobierno y la Abogacía del Estado.

El nuevo encargado del Palacio Itamaraty será el embajador Carlos França; Walter Braga Netto llega a Defensa; Justicia queda en manos de un comisario de la Policía Anderson Torres, quien reemplazará a André Mendonça; Flávia Arruda llega a la Secretaría de Gobierno y Luis Eduardo Ramos fue trasladado a la jefatura del Gabinete de la Presidencia.

¿De dónde venimos?

El 21 de febrero no fue una fecha más para Bolsonaro, quien si bien durante tres décadas fue un diputado de poca monta, logró una suerte de redención con intereses en esa jornada, alcanzando su mayor victoria política detrás de lo que fueron las elecciones de 2018. 

El presidente logró imponer su agenda en la elección de dos aliados (con lo flexible de este concepto en la política en general y en Brasil en particular) al frente de las Cámaras del Congreso, eje que entre otras cosas puso en pausa las peticiones de juicio político que asoman en su contra. 

En esto resalta la figura del titular de Diputados, Arthur Lira, un empresario agropecuario que tendrá el poder de admitir o no las peticiones de destitución que se acumulan contra el jefe de Estado brasilero. 

Lira es el principal referente del centrão o gran centro, una mezcla de partidos que lo único que tienen en común es su permanencia en el poder y la capacidad de incidir en los cortocircuitos presidenciales del gigante del Sur como el que transitara Dilma Rousseff en el 2016.

En las últimas jornadas Lira y el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, se reunieron con empresarios y representantes de diferentes grupos del poder económico y financiero nacional para pedir cambios en el Gobierno. Algunas semanas después, hubo respuesta. 

La pandemia y Bolsonaro

La Fundación Oswaldo Cruz, un instituto de investigación del sector público, advirtió sobre el pasado 23 de marzo que el sistema de salud está en un estado de “colapso” para los pacientes con casos severos de Covid-19.

En 25 de los 27 estados más del 80% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas, dieciocho tienen escasez de medicamentos como los bloqueadores neuromusculares, seis tienen suministros de oxígeno peligrosamente bajos y el Foro Nacional de Gobernadores advierte que la escasez amenaza con provocar “un colapso dentro del colapso”.

El escenario de crisis no es nuevo pero sí fue intensificado con la variante P.1 de Manaos, lo que derivó en una trágica aceleración de la curva de contagios y consecuentemente de la propia a las más de 310.000 muertes registradas al momento. 

La guerra de vacunas declaradas contra el gobernador de San Pablo João Doria (hoy amenazado de muerte en varias oportunidades), el evidente fracaso de la gestión de la cartera de Salud evidenciada en reiterados cambios al frente del ministerio y los desajustes económicos explican la pronta erosión en el margen de maniobra de Bolsonaro y su equipo.

Las colas para conseguir una cama en Cuidados Intensivos y la rémora propia a la vacunación como resultado de una negociación problemática con diferentes laboratorios aglutinaron la visión del mundo representado en Araújo con el desinterés en la salud pública tantas veces celebrado por el jefe de Estado. 

El mundo post Trump

La llegada de Araújo a la Cancillería brasilera supuso una ruptura radical con la tradicional diplomacia brasileña, anclada en el diálogo y el respeto por el multilateralismo.

En cambio, arribó a Itamaraty un “cruzado” que como resalta Alejandro Frenkel, planteó un alineamiento con Estados Unidos como parte de una empresa contra la decadencia moral de occidente y desde la cual definió a Trump como un salvador de la globalización, un sistema calificado como «anti-humano y anticristiano», basado en el «marxismo cultural» y propiciado por Europa, la ONU y China.

El arribo de Araújo estuvo en buena medida amparado desde lo moral con la presencia de Trump al frente de la Casa Blanca. Pero la traumática salida del ex mandatario exhibió con creces los costos de una lectura antagónica a las necesidades del presente. 

Marca Oliver Stuenkel que la elección de Biden complicó una ventaja única y a menudo pasada por alto de la que disfrutaba Bolsonaro en el ámbito de la política exterior: con Trump actuando como el disruptor en jefe y absorbiendo la mayor parte de la atención del mundo, Bolsonaro podría arremeter contra el globalismo sin pagar mucho precio.

“Esto puede parecer un tema menor, pero la política exterior radical de Bolsonaro ha sido crucial para satisfacer a una parte importante de su electorado que votó por el congresista de siete mandatos esperando una ruptura completa con el pasado”, apunta. 

Es en el frente de la política exterior donde Bolsonaro busca implementar una agenda disruptiva, enfrentando algunas de las limitaciones constitucionales que se aplican a la política interna, donde el Congreso y la Corte Suprema plantean obstáculos a la radicalización.5

La política, los militares y Brasil

Despedido por motivos políticos, el general Fernando Azevedo reunió a los comandantes de las Fuerzas Armadas en la oficina de Defensa poco después de regresar del Palacio de Planalto. 

El diálogo podría resultar en un acuerdo: la puesta a disposición de todos los cargos de manera conjunta, es decir, del Ejército (Edson Leal Pujol), la Marina (Ilques Barbosa) y la Aeronáutica (Antônio Carlos Bermudez). 

Restará ver si Braga Netto, flamante ministro pero viejo conocido convence a las cúpulas de evitar mayores turbulencias en el Ejecutivo nacional. 

En esto, el ministro saliente escribió una carta de nueve renglones en los que concentra con una contundencia notable la realidad política brasilera. En la declaración marca que su paso por el Gabinete bolsonarista tuvo como objetivo “preservar a las Fuerzas Armadas como instituciones del Estado”.

Lo cierto es que a pesar de los más de 20 años de dictadura entre 1964 y 1985, las Fuerzas Armadas brasileras no sufrieron el desprestigio que sí pasó por ejemplo en la Argentina. 

Esto en parte al carácter menos represivo, al crecimiento conocido como el milagro económico y en buena medida a la falta de memoria para con los 434 muertos y desaparecidos.

Además de esto pesó y pesa mucho la lectura de los militares sobre la transición democrática donde se habla de un gran acuerdo nacional, que implicó una ley de amnistía a cambio de una convocatoria a elecciones sin proscripciones.

Y si bien no deja de sorprender que la impunidad de torturas, desapariciones y asesinatos haya quedado marcada por una Ley sí nos dejan entender la cuestión militar, porque no fue que solamente evitaron el juicio a personas, sino que además desligaron de responsabilidad jurídica a las instituciones militares.

Es por esto que el artículo 142 de la Constitución se le dio a las Fuerzas Armadas el papel de garantes de algo tan raro como es “la ley y el orden”, algo que si bien pasó hace 35 años sigue estando más presente que nunca

El proceso de militarización del gobierno de Bolsonaro y el acuerdo con el Comando Sur de los Estados Unidos muestra el retorno de las Fuerzas Armadas a la conducción política del Estado y el aumento de su influencia en las relaciones exteriores, restará por ver si un aniversario siempre sensible como el de este 31 de marzo vendrá solo con tensiones o también habrá rupturas. 

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales

Un día como hoy pero del año 1991 Carlos Menem; Luis Alberto Lacalle; Fernando Collor de Mello y Andrés Rodríguez firmaban en Asunción el Tratado homónimo que institucionalizaría la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), incorporando a la iniciativa argentino-brasilera promovida algunos años atrás la membresía plena de Uruguay y Paraguay. 

Tres décadas más tarde el pequeño pero siempre selecto grupo de analistas internacionales de la Argentina reeditan tendencias nacionales y se dividen frente a esta instancia de integración entre aquellos que ven en el MERCOSUR un aguantadero anónimo perdido en la irrelevancia y quienes lo entienden como la mejor herramienta frente a un mundo que cada vez ofrece menos oportunidades. 

En esta nota te planteo una tercera posición anclada, precisamente, en tres grandes ejes: el primero va a espantar a ambas posturas descritas en el párrafo anterior y es la de explicar, al menos brevemente, qué es esto del MERCOSUR y cuáles son sus ejes fundantes; en segundo lugar le voy a dar la razón a los críticos del bloque para en último término, borocotización mediante, hacer lo propio con sus promotores. 

El MERCOSUR: sabemos quien “lo hizo” pero ¿qué hace?

En modo pocas palabras podes pensar al Mercado Común del Sur como un proceso de integración regional que inicialmente y de manera plena lo integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en tanto que posteriormente se incorporó a la República de Venezuela, así como al Estado Plurinacional de Bolivia. 

Sobre estos últimos dos casos algunas consideraciones. El país caribeño se encuentra suspendido en conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia, el cual menciona las sanciones resultantes si se observara la “ruptura del orden democrático” de un Estado integrante del bloque.  

El caso de Bolivia es diferente. El país se encuentra en proceso de adhesión al bloque, es decir, es Estado Asociado pero no Parte, teniendo desde el año 2015 pendiente su ratificación como integrante pleno del MERCOSUR, demora incluida en el listado que los críticos del espacio remarcan en negrita y subrayado. 

Pero antes de eso también es importante que sepas que en general los proyectos de integración suelen ser sintomáticos de los tiempos de época en que surgen. En este caso, el inicio de la última década del siglo XX estuvieron enmarcados en la figura del regionalismo abierto, dando prioridad a las variables económico-comercial por sobre el resto. 

Osea que desde su creación el MERCOSUR tuvo como objetivo principal desarrollar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración de estas cuatro economías nacionales al mercado internacional.

Entonces, la realidad es que, si bien sería injusto pensar a esta experiencia solo desde la variable económica-comercial, injusto porque la propuesta supone ejes orientados a la educación, el transporte, la agricultura, los derechos humanos y la salud, entre otros, lo cierto es que sus objetivos fundantes apuntaron y siguen apuntando en esa dirección. 

De hecho, si leemos el Tratado de Asunción que hoy celebra el aniversario de su firma, el artículo 1° de los 24 totales nos da una idea bastante clara de este estado de situación bajo los cuatro apéndices del proyecto: 

1. La libre circulación de bienes y servicios a través de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias 
2. El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones
3. La coordinación de políticas macroeconómicas entre los Estados 
4. El compromiso de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.

Con este ABC del MERCOSUR pasemos entonces a ver las dos lecturas anticipadas, teniendo en agenda que ambos enfoques tienen en la complementación y no es la disyuntiva la mejor alternativa de críticas y desafíos posible. 

Un MERCOSUR irrelevante 

Los 30 años desde la firma del Tratado de Asunción son una ocasión inevitable y justa para reflexionar sobre esta experiencia de integración que verdaderamente corre el riesgo de la irrelevancia. El riesgo es claro y sencillo: el mayor atributo del MERCOSUR 30 años después sigue estando en su potencial y no en su presente. 

En la idea de que aun con altibajos, el bloque es el mejor camino para proyectar a la región bajo un espacio estratégico e histórico integrado y frente a un sistema internacional cada vez más competitivo que además exhibe los equilibrios básicos del orden social y mundial post guerra fría, nuevamente en transición. 

Pero lo cierto es que la falta de resultados en los pilares del Acuerdo antes visto también permiten y hacen necesario pensar los que a mi criterio son los cuatro grandes obstáculos (los optimistas dirán desafíos) del MERCOSUR: 

1. Ausencia de políticas de largo alcance: En sintonía con las tendencias presidencialistas y de coyuntura propias a la región, en materia de integración no se logran trascender las eventualidades de los cuadros políticos de turno. 

Esto es visible también en la perspectiva disyuntiva que los gobiernos suelen tener en las intensidades otorgadas a los proyectos de integración, privilegiando ciertos perfiles integracionistas en desmedro de otros. 

2. El tiempo: El letargo tanto en la concreción de medidas así como en la adopción de lo convenido en el marco legal interno de cada país suele incidir negativamente en el alcance de un proceso de integración efectivo. 

Esto muchas veces impacta en una lectura errónea del sistema internacional y los desafíos que su propia dinámica refiere.

3. El carácter intergubernamental: La incapacidad de trascender la estructura entre Gobiernos e incorporar de manera efectiva a los actores de la sociedad civil.

Si bien los proyectos de integración no necesariamente deberían ser un parque de diversiones sí tienen que promoverse como un espacio de visibilidad y alcance para el pleno de la ciudadanía y no para los poco afortunados que disponen de un auto modelo 2015 en adelante con su Patente Única. 

4. La desconfianza previa: En un doble sentido. Por un lado, entre los Estados miembro y la reticencia a ceder posiciones frente a un potencial bien común. De otro lado, la distorsión entre lo retórico o prometido con el desarrollo efectivo de políticas genera un descreimiento generalizado en la efectividad de ciertos espacios de integración.

Siendo que el mundo hoy es muy diferente al de 30 años atrás: emergió China, se impuso la digitalización, se reconfiguró el poder mundial y se debilitó el sistema multilateral de comercio, entre las infinidades a las que podríamos hacer mención, habría que pensar de qué manera reorientar algo que solo parece escrito en piedra para no cumplirse. 

Un MERCOSUR de oportunidades

El bloque puede ser una plataforma para la proyección internacional, eso está claro. El volumen y la relevancia de los cuatro países juntos despiertan el interés de las grandes potencias del sistema internacional, siendo China el caso que mayor interés y novedad reciente respecta. 

Desde una perspectiva integracionista, el principal desafío pareciera ser el poder conjugar una estrategia conjunta desde Estados parte en la que se prioricen temas como la ampliación de la oferta exportadora y la generación de mayor productividad.

Con las asimetrías de Brasil con el resto y las de Argentina para con Uruguay y Paraguay, pero el MERCOSUR no deja de representar la quinta economía del mundo, poseer una de las más importantes reservas de agua dulce del planeta como el Acuífero Guaraní, así como una inmensidad de recursos energéticos, tanto renovables como no renovables.

Entre el poder y el ser está la grandísima distancia entre lo retórico y lo sustantivo. Quedará por verse si, esa unidad y diversidad tantas veces ponderada logra en un contexto de tanta incertidumbre incorporar ya no promesas sino resultados y en ello una mejor calidad de vida para las cerca de 300.000.000 de personas que integran este espacio. 

El año 2020 fue un punto de inflexión para el regionalismo latinoamericano, teniendo su momento de menor expresión política en una coyuntura en que se lo necesitó y mucho. El MERCOSUR no se encuentra exento de este vaciamiento y deberá tomar nota de este aniversario para reorientar su presente pero fundamentalmente su futuro, la irrelevancia aparece en el camino, los cambios debieran ser el Norte. 

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales

Exhaustos, políticamente dispersos y tras una campaña atípica acorde a los tiempos de época, Ecuador puso en marcha el calendario electoral latinoamericano de un 2021 que va a contar con elecciones presidenciales en Perú, Chile, Honduras y Nicaragua, así como departamentales y municipales en Bolivia y Paraguay, respectivamente, además de las legislativas en nuestro país y México. 

Este domingo 7 de febrero algo más de 13.000.000 de ecuatorianos de entre 18 y 65 años van a ir a las urnas para elegir un nuevo binomio presidencial, los 137 miembros de la Asamblea Nacional y 5 representantes del Parlamento Andino. 

Lógicamente las miradas estarán puestas en las candidaturas presidenciales que por un lado darán cierre al penoso paso de Lenín Moreno por el Palacio de Carondelet, al tiempo que abrirán el interrogante sobre los modelos de país para una Nación que si previo al arribo de la pandemia proyectaba un escenario más que sombrío, tiene y tendrá en los próximos años perspectivas económicas y consecuentemente sociales por demás complejas. 

El protagonismo de los órganos electorales como síntoma del desorden institucional de época, la dispersión partidaria evidenciada en sus 16 candidatos a la Presidencia, el factor Correa como (al menos hasta este llamado) único espasmo de continuidad política nacional y los dilemas tras el tránsito de Moreno por el Ejecutivo, en esta nota. 

1

Correa, la pandemia y la campaña

La campaña presidencial del Ecuador tuvo inicio ni más ni menos que el día 31 de diciembre del 2020, estando desde esa primera jornada lógicamente marcada por una pandemia en la cual se profundizó el peso que las redes sociales han sabido acumular en las últimas décadas.

Esto bajo la omnipresencia de Rafael Correa quien tras sugerir su candidatura como vicepresidente, finalmente vio sus aspiraciones de regresar al país (en 2017 se radicó en Bélgica, de donde es oriunda su mujer) erosionadas por la ratificación en tercera instancia de su condena a 8 años de prisión y 25 de inhabilitación política tras ser encontrado culpable, junto a otros 15 ex funcionarios, de haber formado una red delictiva para obtener aportes de campaña a cambio de contratos públicos.

Según el Ministerio Fiscal, la red delictiva operó entre 2012 y 2016 y movió más de siete millones de dólares, a través de intercambios de favores entre las autoridades y contratistas del Estado. A cambio de la financiación ilegal, los empresarios recibían grandes proyectos de infraestructura. 

En adición a este punto quedó en evidencia la altísima fragmentación partidaria que el Ecuador transitó durante buena parte de su historia política. División que entró en pausa durante el período correista pero que tras la salida de quien estuviera al frente del Palacio de Carondelet entre 2007 y 2017 volvió con creces ¿El resultado? 16 candidatos a Presidente. 

Como bien explica Ospina Peralta, la razón es fácil de comprender. El desbande del partido que dominó el escenario electoral ecuatoriano por una década alienta el cálculo de que casi cualquiera puede ganar las elecciones en medio de la confusión.

La campaña, sus formas y protagonistas alentaron a un ciclo electoral al ritmo de las tendencias donde el bullicio de temáticas como la pena de muerte o la castración química desestimó los dilemas y perspectivas que la pandemia y sus efectos multidimensionales significan al Ecuador. 

2

16 candidatos, 3 aspirantes

No mencionar el pleno de los candidatos a la Presidencia en una nota que titula “las elecciones que se vienen, explicadas” sonar contradictorio pero lo cierto es que, atentos a la mencionada dispersión partidaria, si bien hay 16 anotados, los aspirantes a asumir funciones el próximo 24 de mayo son 3 (el listado completo y sus perfiles lo podes ver acá): Guillermo Lasso, Andrés Araúz y Yaku Pérez. 

Lasso, banquero, perdedor del ballotage del año 2017 frente a Lenín Moreno y representante de un modelo empresarial crítico al correísmo y su atrofia estatal, busca desde la reducción de impuestos, la inversión extranjera, y el petróleo y la minería como motores económicos, recomponer la imagen de Ecuador ante el sistema internacional. 

Al extremo de la polarización a Lasso figura Andrés Aráuz, economista, ex funcionario nacional y quien con 35 años se presenta como el delfín de Rafael Correa. El discurso de Aráuz es bien concreto y se basa en su eslogan “Recuperar el futuro”, es decir que sus promesas las considera viables porque ya tuvieron lugar durante las dos administraciones de su mentor político. 

En este llamado la novedad pasa porque la polarización la rompe o dobla la candidatura de Yaku Pérez, una alternativa que evidencia el peso político que ha ido ganando el movimiento indígena en las últimas décadas. 

La agenda de Pérez surge de las revueltas sociales que tuvieron lugar en octubre de 2019 con la sanción de impuestos a los grandes grupos económicos y la ejecución de lo que la Constitución de Montecristi incorporó como el concepto de sumak kawsay o “buen vivir”, que apunta a una mayor armonía y respeto hacia la naturaleza.

Entonces, Aráuz, Lasso y Pérez: ¿pueden ganar este domingo? Objetivamente, es muy difícil que eso ocurra. Los 13 que restan no tendrán chances pero participan y para evitar ir a segunda vuelta alguno de los candidatos debería llegar al menos a un 40% de los votos, sacando a su vez un diferencial de 10% con su inmediato perseguidor. 

Para rastrear una victoria en primera vuelta no hay que irse muy lejos. En 2013 Rafael Correa renovó su mandato con un 57% de los votos. Pero cerca en el tiempo pero lejos de la realidad todo indico que habrá un ballotage programado para el 11/4 (misma fecha en que Perú y Chile van a las urnas). 

3

La dispersión y sus dilemas

Hablábamos hace algunos párrafos de la dispersión de este llamado. Nuevamente Ospina Peralta desde Nueva Sociedad lo ilustra con la realidad del presente. Para las elecciones de este domingo 7 de febrero la coalición de izquierdas opositoras al gobierno de Correa, que presentó dos candidaturas unitarias en 2013 y 2017, se encuentra ahora dispersa en cinco candidaturas diferentes. 

El mismo panorama de dispersión se constata entre los pedazos que todavía se mueven del antiguo Alianza País: al menos cuatro candidaturas encabezadas o promovidas por antiguos funcionarios del correísmo.

Es por eso que con una buena dosis de criterio podemos plantear que a partir del año 2007 con la elección de Correa  y la reforma constitucional impulsada para 2008 se inicio un tránsito de reforma en las pautas de comportamiento electoral existentes desde la vuelta a la democracia sobre finales de los setenta.  

Así, podemos señalar como primera característica del sistema político democrático del Ecuador una consolidada fragmentación de la representación política, expresada fundamentalmente en el alto número de partidos y organizaciones políticas que en cada llamado electoral pueden alcanzar un lugar en la Asamblea Nacional. 

Es ese mismo sistema de partidos el que se fue convirtiendo cada vez con mayor fuerza en múltiples sistemas subnacionales de partidos, algo que en parte se explica a partir de la existencia de espacios intrarregionales claramente diferenciados en términos económicos, sociales y culturales, así como del diseño institucional del sistema político que traduce estas diferencias en clivajes.

En esa línea es posible advertir un marcado desequilibrio entre los poderes del Estado, con claro predominio del Poder Ejecutivo nacional sobre el legislativo en términos constitucionales aunque con la carencia de un correlato en el plano político, lo que explica la reiteración de ejecutivos constitucionalmente fuertes pero políticamente débiles. 

Estas características se traducen en el Ecuador de la democracia: bloqueo político permanente ocasionado por las pugnas de poder entre Legislativo y Ejecutivo, prácticas clientelares generalizadas y la constitución del Gobierno central como asignatario de recursos y potencial foco de conflicto distributivo. 

Así, desde el fin de la dictadura, estas condiciones llevaron a la configuración de dos tipos de problemas simultáneos y simbióticos: las crisis de representación y de gobernabilidad. 

4

Volver a ser el “jaguar latinoamericano”

Lejos en el tiempo, demasiado para los apenas cinco o seis años transitados, quedó la idea de pensar en el Ecuador del “milagro económico”, ese que a tasas de crecimiento por encima de la media regional se lo pensaba como el “jaguar latinoamericano”. 

Lo cierto es que el estancamiento sobre finales del segundo mandato de Rafael Correa, la fragilidad política de origen presente en el ascenso del actual presidente Lenín Moreno y la incapacidad de desarrollar un programa económico que pueda sostener los compromisos heredados son algunas de las variables que permiten entender el estado de situación actual.

A pesar de esta realidad, el desafío que plantea el manejo de desigualdades ampliadas a partir del surgimiento de nuevas capacidades requeridas por el mercado laboral internacional merece la atención de las políticas venideras que apunten en esta dirección. 

La persistencia del modelo de reprimarización de la economía en base al extractivismo de los recursos naturales del país impone a su vez la necesidad de repensar nuevos escenarios de decisión contrarior a perpetuar la desigualdad y  persistir sobre el castigo socioambiental.

En un escenario donde la crisis de representación y gobernabilidad continúa profundizándose de la mano de los desacoples económicos propios y ajenos a la pandemia, este domingo Ecuador va a dar un primer paso ante las urgencias de repensar un (o tres) modelo (s) de país.

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales

El presente informe se propone realizar un breve recorrido por la política económica de la República de Cuba. Específicamente sobre sus recientes anuncios en materia monetaria a partir de las reformas contempladas en la denominada “Tarea ordenamiento” y la fijación de una tasa de cambio única en la isla a razón de 24 pesos cubanos por dólar.

Con tal propósito es que, en primer término, se hará mención de los antecedentes históricos recientes, así como las implicancias y distorsiones que derivaron en el estado de situación actual y que pretende comenzar a corregirse bajo el cese en la circulación del Peso Convertible Cubano (CUC).

En segundo lugar, serán desarrollados los anuncios que el día 10 de diciembre del año 2020 fueron introducidos por el primer secretario el Partido Comunista Cubano, Raúl Castro y desagregados por el presidente en funciones de la República, Miguel Díaz Canel.

A partir de ello y tomando como referencia la reflexión del propio jefe de Estado caribeño quien en el informe en cuestión resaltó que el proceso de unificación “no está exento de riesgos” es que se reflexionará en torno a las expectativas y dilemas que las políticas que comenzaron a implementarse desde este 1 de enero de 2021 representan en el devenir de las arcas cubanas.

Cuba y los 1990: entre el colapso soviético y la dualidad monetaria

Desde una perspectiva económica, las últimas décadas y la “normalización” en la vida diaria para los algo más de 11 millones de cubanos que residen en la isla de un sistema que admitió el uso legal de dos monedas nacionales simultáneamente, genera una serie de interrogantes para lograr comprender cómo se llegó a dicho escenario.

Entre 1959 y el cierre de 1980, la Revolución Cubana impulsó un proceso de “desestratificación social”, entre cuyas evidencias destacan la eliminación de la propiedad privada capitalista y la formación de un sector de propiedad estatal (que hacia 1988 daba cuenta del 96% de todo el empleo nacional); la disminución de la pequeña propiedad y la caída sostenida de la desigualdad de ingresos y de la pobreza (Espina, 2020).  

No obstante, este modelo encontraría una contundente interrupción para el cierre del siglo XX. Uno de los ejes por considerar responde al “Período Especial”, eufemismo utilizado desde el por entonces presidente Fidel Castro quien tras el apogeo de la República sobre finales de la década de los 1980, precedería la contracción más severa en la historia del país.

El súbito colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (de ahora en adelante URSS) y la erosión de diversos procesos de intercambio e integración entre las naciones socialistas a través del Consejo de Asistencia Económica Mutua (Comecon), así como la intensificación de las políticas norteamericanas orientadas al embargo económico sobre la Isla serían algunos de los ejes que determinarían el futuro financiero castrense.

Por caso, para el cierre de la década de 1980, la ex URSS representó más del 80% del comercio total de Cuba, incluido el 70% de la manufactura, el 86% de las materias primas y el 98% (CEPAL, 1997).

Elementos vitales para el funcionamiento diario del sector industrial se perdieron casi en su totalidad y completamente sin previo aviso, al tiempo que la agroindustria experimentó una merma en sus exportaciones, por ejemplo, bajo el azúcar, piedra angular de la agricultura isleña, que disminuyó más del 82% en el transcurso de los primeros tres años de la crisis (CEPAL, 1997).

Así, incluso los sectores que tradicionalmente garantizaban un ingreso nacional estable y un estímulo económico se contrajeron simultánea y prácticamente de inmediato. Con una diversificación relativamente pequeña más allá de estas áreas, toda la economía sufrió a partir de una parálisis general que representó para los primeros cuatro años de la recesión, una reducción del producto interno bruto cercano al 35% en términos reales, en tanto que el déficit se mantuvo cerca del 25% (Posada, 2011).

Es a partir de ello que a partir de 1990 y bajo el estado de situación de un país “descolgado” del mercado internacional, tomó inicio una crisis donde como consecuencia de la falta de recursos y sostenibilidad económica, así también como resultado de la preferencia casi absoluta por mecanismos de universalidad, ajenos a complementos más focalizados, las políticas sociales pierden su capacidad de inclusión y amparo, erosionando en ello su alcance para atender la diversidad y las vulnerabilidades particulares (Espina, 2020).

Reformas e implicancias

Para gestionar esta crisis se introdujeron algunas novedades para el socialismo cubano como los incentivos para la atracción de capital extranjero y formación de empresas mixtas (especialmente en el sector turístico); la ampliación del pequeño sector privado urbano (los “cuentapropistas”); la entrega en usufructo de tierras estatales cultivables y la autorización del envío de remesas desde el exterior.

Desde 1990 en adelante y tras la mencionada contracción del comercio exterior nacional, comenzó a circular el peso cubano convertible (de ahora en adelante CUC) como resultante a la pérdida de la funcionalidad como medio de pago y depósito de valor de la histórica moneda nacional, el peso cubano (CUP).  

Vale mencionar que el valor de la moneda nacional hasta entonces vigente (CUP) con respecto al dólar cayó tremendamente. Durante el peor tramo de la crisis en 1993, un peso cubano equivalía a solo un centavo estadounidense, mientras que había comprado veinte veces esa cantidad en 1989 (Posada, 2011)

El CUC comenzó a circular en 1994 en una red de tiendas recaudadoras de divisas, instaurada desde 1993, año en que se autorizó la tenencia de divisas en Cuba y se dio inicio a la repentina convivencia del CUP, el CUC y el dólar.

En ese marco, se fijaron dos tipos de cambio diferentes: uno para la población y otro para el sector empresarial. El primero se ha mantenido estable en los últimos años en una equivalencia de 24 CUP por CUC, para lo cual se establecieron casas de cambio a lo largo de la isla. El segundo se ancló al tipo de cambio que prevalecía entre el dólar y el CUP, es decir, 1 dólar = 1 CUC =1 CUP.

Ahora bien, en adición a que las estrategias castrenses para enfrentar la crisis impactaron en todos los indicadores de inclusión cubanos, lo cierto es que hasta 2004 se garantizó que se emitieran CUC que tuvieran respaldo en el dólar, o sea que por cada CUC en circulación existía un dólar que lo respaldaba. Con posterioridad a esa fecha, esa convertibilidad dejó de existir y el CUC se convirtió en una moneda sobreemitida (Posada, 2011).

Esta práctica dio inicio a un sostenido proceso de distorsión empresarial/nacional de las cuentas públicas, privilegiando durante décadas, propósitos contrarios a los declarados oficialmente.

Cuando se contrastan los objetivos de política económica desde la reforma planteada en adelante, se repite la voluntad de promover exportaciones y sustituir importaciones. Sin embargo, el tipo de cambio fijado resulta un instrumento de política que impulsa efectos contrarios.

Por caso, ello ha generado que las actividades de exportación requieran cíclicamente de subsidios, ya que al calcular sus ingresos y gastos mediante el tipo de cambio 1 dólar=1 CUP, sus costos pueden resultar significativamente más altos que sus ingresos, con lo cual demandan el apoyo desde el presupuesto del Estado. Del mismo modo, resulta que, de manera artificial, es más rentable comprar alimentos en el extranjero que bien pueden producirse en Cuba (Posada, 2011).

En la década de 2000, el dólar fue eliminado de la circulación nacional, así como de las transacciones empresariales, manteniendo solo el CUP y el CUC en ese proceso. Sin embargo, desde hace varios años, se ha sostenido la necesidad de avanzar hacia la unificación monetaria y cambiaria, y este propósito quedó reflejado en el documento Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución destinados a la actualización del modelo económico y social cubano.

Con estos antecedentes, podemos entrar en el momento actual de reforma anunciada por el presidente Miguel Díaz Canel, orientada a mejorar el manejo de la crisis interna continuada, que nace en los años 90 y contiene periodos de mejoría y penurias hasta hoy, a la vez que propone rescatar una vía de desarrollo y sustentabilidad económica para el proyecto socialista (Espina, 2020).

Los anuncios y el “día cero” para la economía cubana

El día 10 de diciembre del año 2020 y ante la expectativa acumulada por décadas de buena parte del país, el primer secretario el Partido Comunista Cubano, Raúl Castro y el presidente en funciones de la República, Miguel Díaz Canel, anunciaron la unificación monetaria y la fijación de una tasa de cambio única en la isla, a razón de 24 CUP por dólar.

En esta línea es que también se avanzó con un paquete de reformas sobre el crecimiento del fondo salarial, el pago de impuestos sobre ingresos personales, los productos que mantendrán subsidios, el costo de la canasta básica de referencia y las nuevas tarifas de servicios básicos, entre otros puntos.

Advirtiendo que el proceso “no está exento de riesgos, siendo uno de los principales una inflación superior a la diseñada”, Díaz Canel resaltó que, por un lado, la medida tiene como propósito enderezar las distorsiones macroeconómicas acumuladas durante décadas por una política igualitarista que fomentó los subsidios, pero que se llevó en eso a la productividad y consintió la ineficiencia empresarial.

No obstante, también se esperan algunas consecuencias que el régimen tratará de moderar hasta donde pueda. De hecho, el déficit en las cuentas públicas se ha disparado y la liquidez monetaria en manos de la población ha crecido 10 puntos porcentuales desde 2013, un síntoma claro de inflación reprimida.

Además de que esta devaluación de 24 veces del cambio oficial para aquellas empresas estatales dará inicio a un forzado proceso de “transparencia” sobre lo que estuvieron haciendo, algo advertido por Jorge Marino Murillo, miembro del Buró Político del Partido y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, quien anunció que a estas empresas se les dará un año para poner en orden sus cuentas antes de terminar con los subsidios.

Es decir que las empresas que se beneficiaron del acceso a dólares baratos durante décadas recibirán ayuda del Gobierno durante un año para retrasar los despidos masivos, al tiempo que la Isla entrará en la era de la moneda única con un tipo de cambio sobrevaluado (para el cierre del 2020 el dólar se vendía entre 35 y 40 pesos cubanos.

Es por ello que el sector privado se convierte más que nunca en una soga de salvación para absorber gran parte de esta mano de obra, si las reformas salen adelante. De alguna manera puede considerarse que la discontinuación del CUC tiene como objetivo hacer que el sector público se comporte más como el privado y brindar a las empresas privadas una mejor oportunidad de competir.

Vale recordar que a la mayoría de los cubanos que trabajan para el estado se les paga en CUP. Se necesitan 24 pesos para comprar un CUP al tipo de cambio oficial. Los trabajadores del creciente sector privado del país, a la mayoría de los cuales se les paga en CUC, ganan siete veces lo que ganan los empleados estatales.

En este sentido, por fuera de las distorsiones sociopolíticas que esto pueda representar, lo cierto es que las empresas y los consumidores ahora usarán solo CUP, inicialmente al tipo de cambio oficial. Con ello las pensiones y los salarios estatales se quintuplicarán. Pero la inflación, que ya es alta, parece irremediablemente destinada a aumentar. Ahora bien, ¿cuáles son las expectativas en este sentido?

Expectativas y dilemas del “día cero”

Como fuera mencionado en el anterior apartado, la unificación monetaria en la República de Cuba presume una serie de impactos de gran trascendencia, en lo específico sobre el sector empresarial de la isla y consecuentemente en la capacidad del Gobierno para administrar recursos sobredimensionados durante varias décadas.

Es esperable que la devaluación en el tipo de cambio beneficie a aquellas empresas orientadas a la exportación, en tanto las que destinen su producción al mercado nacional en CUP y desde un alto componente importado experimenten un aumento de costos, algo que irá de la mano del incremento salarial demandado por la mano de obra.

Si bien el plazo fijado por parte del Gobierno cubano para el subsidio estatal mientras logran este redireccionamiento es de un año, posiblemente muchas de estas empresas una vez finalizado el 2021 aún necesitarán de este estímulo.

Según pronunció la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, en el presupuesto de 2021 existe una reserva de 18.000 millones de pesos para apoyar a empresas que no logren en el arranque del ordenamiento monetario cubrir con sus ingresos el total de sus gastos, en tanto los casos serán analizados puntualmente por un comité que preside el Ministerio de Economía (Cruz, 2020).

Considerando la estructuración del mercado laboral cubano, las tareas de ordenamiento anunciadas por Díaz Canel parecen necesariamente obligar a una resignificación de la fuerza laboral excedente. En este sentido, si bien la creación de nuevos empleos resulta el paso obligado en dicha dirección, los interrogantes surgen a partir de la capacidad del Gobierno en poder, bajo un contexto económico e internacional fuertemente recesivo, lograr llevas a cabo esa práctica.

Junto a esto deberá poder diagramarse e implementarse una estrategia de exportación flexible a las demandas del mercado internacional. Si bien la devaluación se presenta como un instrumento correcto para promover exportaciones, es importante tener conciencia de que la necesaria expansión y diversificación productiva de Cuba no va a producirse solamente con modificaciones del tipo de cambio (Cruz, 2020).

Como fuera mencionado con anterioridad, un eje fundante del ordenamiento monetario buscado será el lograr contener el inevitable proceso inflacionario. En adición a los riesgos advertidos por el presidente de la isla, lo cierto es que el escenario de incremento del efectivo en circulación y una parte de la economía funcionando por fuera de la regulación directa de precios promovida desde el Estado hace dificultoso lograr alcanzar este objetivo.

Es esperable que el costo de la vida aumente, lo cual tendrá su correlato en el nivel de precios y que probablemente se profundice en el sector informal de la economía, el cual, junto al sector privado, ha sido el mayor generador de empleo en la última década de la isla.

Las expectativas y dilemas sobre el “día cero” de la economía cubana no pueden dejar de contemplarse en el marco de la pandemia del Covid-19 y las implicancias que presupone para la región en general pero así también para un país particularmente sensible a la disponibilidad de divisas propias de las importaciones realizadas.

En adición a este punto, entre los principales socios comerciales de Cuba, solo China tiene una predicción de crecimiento positivo para 2020, y es de 1,2%. Venezuela y España (primero y cuarto socios comerciales) se encuentran entre los más afectados. En el caso de Venezuela, con el efecto añadido del colapso de los precios del petróleo (Torres, 2020).

Otro impacto en este sentido se observa sobre el turismo, actividad fundamental para la isla en términos macro, pero así también para muchos hogares y pequeños negocios. La prolongación del cierre de las fronteras y el impacto de una potencial segunda ola de contagios es una gran amenaza, como lo pueden ser los cambios permanentes en los hábitos de viaje.

Lo cierto es que Cuba ingresó a esta fase recesiva global con grandes vulnerabilidades que no pudieron resolverse en la última década de reformas y en buena medida agravadas por la presión de los Estados Unidos, quien, tras la Presidencia de Donald Trump y la reincorporación de la isla a la lista de países patrocinadores del terrorismo como último gesto, tendrá en la administración Biden la posibilidad y necesidad de retomar los estímulos bilaterales que marcaron el cierre del mandato de Obama.

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales

En lo que se presenta como una reedición constante de la inestabilidad política peruana, sobre el cierre del día domingo el Congreso de la República desestimó la posibilidad de que Rocío Silva Santisteban, a partir de asumir como cabeza de la Mesa Directiva, pudiera responder, al menos por algunos días, semanas o meses, quién está a cargo de la Presidencia en el Perú. 

Tras la destitución de Martín Vizcarra y la pronta renuncia de Manuel Merino como interino, la Nación Andina busca su tercer jefe de Estado en menos de una semana de cara a las elecciones generales programadas para el domingo 11 de abril del año próximo.

Lo que pasó en los últimos días, la erosión de toda la cúpula ejecutiva elegida para el período presidencial aún vigente y fundamentalmente, por qué nada de esto es sorpresa, en esta nota. 

Los últimos días

El presidente interino de Perú, Manuel Merino, quien asumió el cargo el martes 11 de noviembre tras la destitución del por entonces mandatario nacional, Martín Vizcarra, renunció en el día de ayer antes de ser destituido por el Congreso de la República. 

Su pronta salida del Ejecutivo tuvo lugar tras una semana de fuertes protestas en las calles consagrada con un centenar de heridos y, de momento, dos manifestantes asesinados: Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 22 y 24 años de edad, respectivamente. 

A partir de esto fue que las bancadas parlamentarias comenzaron un proceso de negociación para decidir quién asumirá como Presidente, el tercero en menos de una semana, al menos de manera transitoria. 

Al cierre del plazo dispuesto por ley fue que se presentó ante la Oficialía Mayor del Congreso una nueva lista para postular a la Mesa Directiva encabezada por la legisladora Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) acompañada por el representante del Partido Morado, Francisco Sagasti, para la primera vicepresidencia del Parlamento.

Pero (vamos a ver mucho de esto), finalmente Silva Santisteban no alcanzó los 60 votos necesarios en la primera votación y de momento el Ejecutivo peruano, así como su futuro político/social, permanece indefinido. 

Lo que nos lleva a la pregunta: ¿cómo pasó que el país tenga, en el mejor de los casos, tres Presidentes en una semana?

Las últimas semanas

El pasado martes 10 de noviembre a exactamente 152 días de las elecciones generales programadas para el domingo 11 de abril del año próximo, el Congreso de la República decidió, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, dar un nuevo ejemplo sobre su desinterés por la estabilidad de las instituciones nacionales, destituyendo al Presidente en funciones, Martín Vizcarra.

Bajo la figura constitucional de “incapacidad moral permanente”, algo que ya veremos abunda en el Perú (al menos para el Legislativo), la cúpula presidencial electa sobre el cierre del año 2016 con el 50,16% de los votos quedó desintegrada en su totalidad. 

Primero el Presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski; luego la vicepresidenta segunda, Mercedes Aráoz; y finalmente, el propio Vizcarra (quien además de vicepresidente primero se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones y luego, de manera simultánea, como embajador en Canadá) darían cuenta de manera exprés de la erosión plena que la representatividad política peruana transita desde hace décadas. 

¿Por qué se destituyó a Vizcarra? Te contaba sobre la figura de “incapacidad moral”, la cual responde a una moción de vacancia (un pedido de destitución) anclado en la denuncia de que el por entonces mandatario recibió la suma de 2.3 millones de nuevos soles a cambio de otorgar dos contratos de obras públicas cuando era gobernador del departamento de Moquegua (2011 – 2014).

Osea que si la pregunta es si el Congreso destituyó al jefe de Estado en funciones a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales por una denuncia cuya resolución y tratamiento recién está por comenzar (y lógicamente no hay veredicto) la respuesta es sí. 

De hecho, siguiendo con la dinámica de los jornales, 53 días antes de su destitución, Martín Vizcarra asistió al Legislativo para pronunciarse sobre otra moción de vacancia sobre su cargo. 

El 18 de septiembre y a partir de una filtración de audios (algo que en las últimas décadas se presenta tan peruano como el pisco) en los que se lo acusaba de solicitar a funcionarias del Palacio de Gobierno que mintieran sobre la contratación de un cantante para un acto público, se votó por primera vez sobre la continuidad del ex gobernador al frente del Ejecutivo. 

En aquella oportunidad solo 32 legisladores votaron por la vacancia (un número bastante lejano a los 87 requeridos por ley) mientras que 78 la rechazaron y otros 15 se abstuvieron, dando un espejismo bastante corto e ingenuo de que la relación entre Vizcarra y la Cámara podría recomponerse.

¿Osea que estaba rota? Bueno, en septiembre del año pasado y haciendo uso de sus facultades constitucionales el Presidente disolvió el Congreso tras que éste le denegara la moción de confianza a su Gabinete. 

Además, en esa misma resolución adelantó elecciones para recomponer al Legislativo, ese mismo que además en un referéndum convocado por su persona eliminó la posibilidad de reelección para los parlamentarios y el rechazo a la bicameralidad. 

Se trató del primer referéndum de impacto constitucional desde el “autogolpe” de 1992, promovido por Alberto Fujimori quien convocó a la ciudadanía para preguntar si apoyaba o no su proyecto de una nueva Constitución, la cual fue aprobada y rige el Perú hasta el día de hoy.

Lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué Vizcarra fue el protagonista de este conflicto? 

El último año

Con el Palacio Legislativo como sede de los eventos, sobre el cierre del mes de septiembre de 2019 y a poco más de un año de haber entrado en funciones como jefe de Estado, Vizcarra anunció la disolución del Congreso de la República y convocó a elecciones anticipadas a realizarse el 26 de enero del 2020 para que la ciudadanía elija nuevos (o no) representantes.

En un mensaje transmitido a todo el país, Vizcarra marcó que su gestión había presentado la tercera cuestión de confianza (una figura desde la cual el Ejecutivo solicita al Legislativo apoyo respecto de una política específica o estructural) desde que él es Presidente, que la misma no fue apoyada y haciendo uso del artículo 134 de la Constitución, disolvería el Congreso.

Pero en simultáneo a este discurso, los congresistas opositores iniciaron un procedimiento por demás poco transparente para renovar a varios magistrados del Tribunal Constitucional y ampliar su cuota de influencia en la Alta Corte (podes leer más al respecto acá).

La cuestión que planteó Vizcarra y que le fue negada por la Cámara era precisamente para evitar esa maniobra. Entonces, primero designaron a 6 nuevos miembros de los 7 que integran el Tribunal y después, aprobaron la moción de confianza que antes se había negado.

A partir de esto es que se presentó, votó y aprobó una moción de suspensión contra Vizcarra por incapacidad temporal por “la ruptura del orden constitucional”. Minutos después la cadena de eventos siguió con la vicepresidenta primera, Mercedes Aráoz, quien lejos de espantarse, juró como Presidenta de la República.

En esa jornada Pedro Olaechea le tomó juramento a Aráoz ante la presencia de los 86 congresistas que apoyaron la iniciativa de lo que se supuso una presidencia interina en tanto la situación (nunca especificada) de Vizcarra terminara por resolverse. 

Ahora bien, las aspiraciones de siempre de Aráoz de poder ser Presidenta sea como fuera no duraron mucho y el apoyo de los comandantes generales del Ejército, la Marina y las Fuerza Aérea, así como el director general de la Policía Nacional, sobre Vizcarra y el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, permitieron sortear una de las tantas olas que la convulsionada política peruana ofrece casi semestralmente.

Lo que nos lleva a la pregunta: ¿qué tan nuevo es todo esto que estamos viendo en la política del país andino?

El Perú está jodido

Bonus andino. A la dimisión del ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski ocurrida el 23 de marzo de 2018 (salida marcada entre otras cosas por un indulto a Alberto Fujimori y la promesa de destitución del Congreso por, claro, incapacidad moral) y la consecuente asunción de Martín Vizcarra, se sumó algunos meses después la descomposición de casi la totalidad de la cúpula judicial peruana en menos de una semana.

A partir de la filtración de audios (sí, Perú) de conversaciones que evidenciaban el tráfico de influencias, sobornos y sentencias entre miembros del CNM, fiscales, magistrados y empresarios, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dimitió de su cargo el 19 de julio de 2018.

A su alejamiento se añadió la de los restantes miembros del CNM, así como la destitución del por entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi, reemplazado por Vicente Zeballos. A partir de ello, el Sistema Judicial peruano se declaró en estado de emergencia durante 90 días.

A partir de lo que venimos viendo podemos pensar que indistintamente del día, mes o año seleccionado, las variables que atravesaron y atraviesan al sistema político peruano no generan grandes rupturas en cuanto a las características propias del sistema político del país y las deficiencias que el mismo presenta.

La coyuntura política peruana se presenta como un inevitable resultado del propio sistema político que la genera. La inestabilidad política, la reciprocidad entre partidos políticos sin una base política sólida y un electorado volátil, la ineficacia estatal, la corrupción y el desencanto ciudadano se presentan como los aspectos que en cualquier período relativamente cercano a la historia describirían al sistema político del país.

En tal sentido es prioritario señalar que el destino de la gran mayoría de los presidentes que han pasado del año 1975 a la fecha ilustra la contundencia de esto: Francisco Morales condenado a cadena perpetua, Alberto Fujimori, si bien indultado, fue condenado a 25 años, Alejandro Toledo con orden de detención y extradición, Alan García investigado y terminó por suicidarse, Ollanta Humala primero detenido, actualmente acusado de varios hechos de corrupción y Pedro Kuczynski inhabilitado a abandonar el país.

Asoma entonces necesario el poder concretar una reforma que enfrente los problemas de representación, el rol de los partidos políticos y la responsabilidad de estos, las funciones del Congreso, la eficacia del Estado y la estabilidad de un sistema político que parece no haberse restablecido de manera eficaz tras el colapso a finales de 1990.

Para una mejor comprensión del sistema político y partidario peruano es necesario realizar una breve mención sobre el autogolpe del año 1992, escenario que termina por producir, como consecuencia de las presiones internacionales resultantes, la convocatoria a elecciones para lo que se llamó el Congreso Constituyente Democrático (CCD).

En un contexto donde el presidente Fujimori contaba con altos niveles de aprobación (a partir de una sustancial reducción de la inflación y la derrota de Sendero Luminoso), sumado a que los principales actores políticos de la oposición optaron por el abstencionismo llamando a viciar el voto, fue que, aunque por un margen estrecho, la elección del CCD otorgó una mayoría absoluta al fujimorismo.

El sistema político peruano en la actualidad presenta como diagnóstico un escenario marcado por la inestabilidad e imprevisibilidad, en el que hay un nivel de fragmentación y volatilidad excesivamente altos generando a su vez que los actores políticos desarrollen conductas oportunistas, y que estén caracterizados por el personalismo excesivo, la inexperiencia, improvisación y cortoplacismo.

Llama la atención la paradójica coexistencia entre, de un lado, las altas tasas de crecimiento económico sostenidas desde el año 2002 en adelante, y del otro, los altos niveles de insatisfacción con el sistema político y aumentos en la conflictividad social; siendo cada vez mayor también la incapacidad del Estado para redistribuir los beneficios del crecimiento y de la elite política para emprender las reformas institucionales necesarias para enfrentar este problema.

La proliferación de nuevos partidos de extremada precariedad ante cada escenario electoral, sumado a la debilidad y prácticamente ausencia de partidos tradicionales con representación política (con excepción del fujimorismo), generan un escenario donde la volatilidad del electorado tiene como correlato la desconfianza de este sobre los partidos políticos del país

En cuanto al Congreso de la República, este poder del Estado también refleja la debilidad de los partidos, que carecen de cohesión interna y una agenda parlamentaria, con lo que prolifera la improvisación, así como la volatilidad propia del Congreso, su conformación y sus niveles de aprobación entre la ciudadanía

Los resultados (resulta difícil denominarlos “avances”) obtenidos en los indicadores sociales, no pueden desentenderse de los insumos con los que el país cuenta a partir de un sostenido crecimiento económico en las últimas casi dos décadas.

Es por ello que los tomadores de decisiones del país deberán repensar el perfil de inserción económico-comercial peruano. Esto no solo ha dado cuenta de sus limitaciones, sino que además se presenta como fuertemente vulnerable a los vaivenes que el mercado internacional pueda tener para con los precios de los commodities y las consecuencias de tipo “dominó” que pueden significar por ejemplo para los sectores calificados como “emergentes”.

Al mismo tiempo, la estructura productiva inherente a este perfil presenta la profunda contradicción entre un país dependiente de la extracción y un sector laboral cuya composición mayoritaria no está incluida en la economía formal del país. Esto, sumado a la “convivencia” desde este sector con el capital internacional y los intereses desde aquí representados, presenta el camino desde el cual se construye la génesis de las desigualdades del país.

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales

Entre las múltiples y célebres frases atribuidas al ex secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger (1973 – 1977), resalta aquella que, en resonancia a lo marcado por Lord Palmerston promediando el siglo XIX, señala que “Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos permanentes, sólo intereses”. 

Con más de 225.000 muertes por coronavirus, una recesión económica histórica, los reclamos por la violencia racial más presentes que nunca y un país que sufre en carne propia los efectos del calentamiento global, la política exterior parece ser uno de los puntos más fuertes que la administración Trump pueda presentar.

Esencialmente desde lo político y discursivo, aunque también con algunos ejes concretos, lo cierto es que quien buscará ser reelecto en el cargo este martes 3 de noviembre no pudo plasmar en ninguno de los, finalmente dos, debates presidenciales el atribuido éxito a su resignificado “America First”. Veamos de qué trata.

Las promesas de Trump

Promediando el año 2016 y con las elecciones internas republicanas en disputa, el discurso del actual Presidente de los Estados Unidos daba los primeros indicios sobre los ejes que la política exterior y la mirada del mundo significaban para Trump. 

Con el rechazo al acuerdo Nuclear iraní y la fijación sobre los abusos que el país sufría por parte del sistema multilateral, el por entonces candidato ilustraba lo que el semanario londinense The Economist marcaría una vez confirmada su elección: la idea de una nueva dicotomía al momento de analizar las variables políticas y sociales que marcan el pulso de las principales potencias económicas del mundo.

Osea que frente al histórico entendimiento de los ejes izquierda – derecha como análisis de los partidos tradicionales y sus rasgos identitarios, se tomó como nuevo contrapunto de la coyuntura internacional: nacionalismo – aperturismo.

Es decir, que frente a un escenario político esencialmente marcado por el cosmopolitismo y sus beneficios, poco a poco el mundo asistirá al surgimiento y eventualmente gobierno de partidos con un creciente éxito electoral donde los valores comunes sostienen un discurso contrario a la inmigración, el libre comercio y atento a una mayor atención a la seguridad y defensa.

Muchas veces marcado como génesis de los populismos conservadores, estos espacios comparten un discurso excluyente de lo que se considera extranjero, una estructura jerárquica que se ve como natural donde el hombre blanco es el tomador de decisiones y con plataformas que promueven medidas contra la globalización y sus bondades.

El caso de Trump y su campaña presidencial repartió estas y otras banderas más, según su humor y necesidad, entre el Partido Demócrata, con Clinton a  la cabeza, los inmigrantes, Irán, China y Corea del Norte. 

Es con este antecedente que, previo a resultar electo y asumir funciones, Trump prometió una batería de medidas que tomaría desde el 20 de enero de 2017, fecha en la que además de convertirse en el 45° presidente de los Estados Unidos recordó en su discurso inaugural “de este día en adelante, una nueva visión va a gobernar nuestra tierra. De este día en adelante solo será América primero, América primero”.

A ver cómo le(s) fue en los “destacados”. 

La presidencia de Trump

En lo que se registró como su primera jornada laboral completa, el 23 de enero de 2017, Trump retiró a los Estados Unidos del acuerdo comercial de la Asociación Transpacífico (TPP), bandera de Barack Obama y expresión máxima del multilateralismo económico-comercial. 

Cuatro días más tarde, firmó una orden ejecutiva para impedir que personas tramitando la condición de refugiados, así como ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, puedan ingresar al país. 

Desde una retórica contraria al consenso y tendiente a la intimidación, el programa prometido se cumplió prontamente teniendo en ese primer año la erosión de tres de de los principales legados de su predecesor en el cargo: la salida del Acuerdo Nuclear con Irán, el retiro del Acuerdo de París contra el Cambio Climático y la retracción de los avances mantenidos en las relaciones con la República de Cuba. 

El segundo año al frente del país tuvo para el comienzo de abril una de las pocas políticas sostenidas en estos años. Lógicamente, una de conflictos. El 1 de ese mes China anunció la imposición de aranceles a productos estadounidenses en respuesta a las medidas tomadas por Washington sobre el acero y el aluminio (algo inicialmente económico pero finalmente redireccionado hacia lo político con los casos WeChat y TikTok).

Como preludio de los alcances efectivizados en plena campaña, ahora por la reelección, se dispuso reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel y trasladar la Embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. 

Vale recordar que en 1995 el Congreso de los Estados Unidos ordenó que la Embajada estuviera ubicada en Jerusalén. Durante más de dos décadas, todos los jefes de Estado, tanto republicanos como demócratas, han firmado una exención cada seis meses que les permite retrasar el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén por motivos de seguridad nacional.

Para el 12 de junio de 2018 y después de advertir que quizás Estados Unidos “deba destruir totalmente Corea del Norte”, Trump y su pragmatismo se reunieron se reunieron en Singapur con el líder norcoreano Kim Jong-un. 

El cierre de su segundo año tuvo como destacado, contra el consejo de buena parte de sus asesores militares, el anuncio de retirar las tropas norteamericanas de la República Árabe de Siria, noticia acompañada con la afirmación de que el Estado Islámico había sido derrotado. 

Por supuesto, todos estos alardes tienen incontables notas al pie, aunque también es cierto que hay algo de verdad en ellos. Por caso, la relación con Corea del Norte se encuentra en su punto de tensión más bajo en años, ISIS perdió su “califato” territorial y el renegociado acuerdo comercial con México y Canadá es nominalmente mejor para los trabajadores norteamericanos. 

Por su parte, el grupo terrorista, al menos desde la perspectiva ideológica permanece vigente, al tiempo que continúan organizando ataques en Afganistán, Irak, Siria, Egipto y África Occidental.

Pero la desescalada de las tensiones no fue así en el Golfo Pérsico. Tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas promovido por la administración Obama, el retorno de los históricos conflictos entre Irán y los Estados Unidos se estrenó con el retiro del Acuerdo Nuclear y se exacerbó con el asesinato del principal general de la República Islámica, Qassem Soleimani.

Los 4 años de Trump deja explicitada la búsqueda desde la política exterior norteamericana en reorientar sus compromisos estratégicos en Medio Oriente. Tras más de una década de presencias desmesuradas y costos semejantes, el retroceso de los Estados Unidos expone abiertamente a una región donde la ausencia de un sheriff, profundizará la carrera de los actores del área por ocupar ese asiento.

Lejos de la estabilidad, este redireccionamiento presenta en Irán un peligroso punto de intermitencia.

El retiro del Acuerdo no sólo interrumpe el alto producido sobre décadas de enfrentamiento entre ambas partes, sino que la contraposición entre Estados Unidos y sus aliados con el “eje de la resistencia” iraní genera un espacio de tierra fértil que no sólo profundiza las crisis humanitarias existentes en Yemen o Siria, sino que además añade el potencial escenario de enfrentamiento armado entre Irán con Israel y/o Arabia Saudita.

Una última mención para nuestra región. Como señala Juan Gabriel Tokatlian, resulta difícil encontrar desde la Segunda Guerra Mundial un presidente que haya tratado con más desdén, desinterés y desánimo a América Latina que Trump. 

El vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella apunta en este sentido que “salvo por la visita al G-20 de Buenos Aires, no ha visitado América Latina. No se ha interesado siquiera en un viaje a México o a Brasil, donde está Bolsonaro. No ha asistido a la Cumbre de las Américas de 2018 en Perú”. 

La pandemia

En adición al negacionismo propio y conocido del mandatario, el punto de inflexión de momento reside en la decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Los documentos internos filtrados por los principales medios del país dan cuenta de que a los altos funcionarios de la Casa Blanca les preocupaba que China estuviera encubriendo el virus.

Estados Unidos tuvo la oportunidad de formar una coalición junto  con la OMS y la comunidad internacional para presionar a Beijing por una mayor transparencia y cooperación. En cambio, Washington no hizo nada. 

Tras la retención sobre la financiación de la OMS, finalmente Trump anunció el retiro de la Organización algo que ilustra que en términos globales, algo particularmente sensible en términos de pandemia, es poco probable que Estados Unidos participe en esfuerzos para cooperar en problemas compartidos como el evitar el nacionalismo de las vacunas y contribuir a una redistribución equitativa y racional en términos epidemiológicos. 

El coronavirus evidencia que este país no sabe, no quiere o no puede presentarse como un líder global, capaz de aunar esfuerzos coordinados.  

Así las cosas, en caso de que este martes 3 de noviembre Donald Trump resulte reelecto al frente del país, Estados Unidos probablemente tenga en el 6 de julio del año próximo la ejecución de la retirada. 

La paz del final

Tras el fallido y casi utópico intento de alcanzar un “Nuevo plan de paz para Oriente Medio” (uno creería que un acuerdo de 50 páginas es algo escueto para siglos de desencuentros) la cercanía con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, permaneció vigente generando para sorpresa de muchos una serie de avances por demás relevantes. 

El viernes último el mandatario norteamericano anunció que Sudán se convirtió en el tercer país en normalizar las relaciones con Israel durante su administración.

En esencia el acuerdo parece un intercambio en el que Estados Unidos e Israel brindan apoyo financiero a Sudán a cambio de una normalización diplomática.

El anuncio sigue a los acuerdos negociados por la administración entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos en agosto, así como el caso de Bahrein el mes pasado. Antes de eso, el último acuerdo de paz que Israel había alcanzado con un país árabe fue con Jordania allá por 1994.

Pero el acuerdo con Sudán es posiblemente más significativo. Los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein no estaban en guerra con Israel cuando firmaron sus acuerdos; Sudán e Israel lo fueron.

Eso significa que si bien los dos primeros pactos fueron acuerdos de normalización, este con Sudán podría describirse con mayor precisión como un acuerdo de paz para un presidente que además no inició nuevas guerras.

Elecciones y perspectivas

Al menos frente al escenario electoral programado hacia el martes 3 de noviembre, el eje de la política exterior de los Estados Unidos parece estar centrado en la presencia China y los grados de dureza discursiva que los candidatos tendrán sobre la República Popular. 

Este asunto antecede a la elección propiamente dicha y ha moldeado, con aparente éxito discursivo, la plataforma electoral de Trump, llevando a más de un desprevenido a trasladar aumentos arancelarios y cierres retroactivos de consulados como parte de una nueva guerra fría cuando quizás de fría tenga poco y de interdependencia mucho. 

En esta línea es que se explaya Juan Gabriel Tokatlian quien marca que para el año 1979, el de mayor intercambio comercial entre Moscú y Washington, el mismo fue de 4.200 millones de dólares, en tanto que para el 2018, entre Estados Unidos y China, el caso dejó unos 63.000 millones, en adición a la incidencia para nada desestimable de la inversión recíproca.

De igual manera, la experiencia norteamericana da cuenta de que al interior del Estado, el eje de la política exterior, salvo a partir de una guerra explícita y reciente, pocas veces cobra mayor relevancia electoral.

Como mencionara Federico Merke en un webinar organizado desde AERIA, todo sugiere que hemos entrado en una etapa de las relaciones internacionales donde no hay una “razón de sistema”, sino una “razón de Estado”, en la que los incentivos para sostener un orden internacional liberal deben pensarse a partir de quienes son los “ganadores y perdedores” en este proceso. 

En sintonía con el proceso electoral y tras el fugaz nombramiento de la candidata del presidente Trump, Amy Coney Barrett, como nueva integrante de la Corte Suprema, la administración ha unido a 32 países en declarar que las mujeres no tienen un derecho intrínseco al aborto.

La Declaración del Consenso de Ginebra, que no recibió el apoyo de los históricos aliados de la Nación, solicita la protección sobre los “derechos inalienables” de las mujeres, moción co patrocinada por Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda.

Lo cierto es que si Trump perdiera las elecciones, sus cuatro años por la Casa Blanca son suficientes para significar un mundo en transición donde todos los pilares del liderazgo norteamericano creados tras la Segunda Guerra Mundial han sido cíclicamente rechazados. 

Todo sugiere que los redireccionamientos propios de esta nueva administración han sido exhaustivamente diagramados, en el mejor de los casos, por su Presidente, en tanto la política exterior del país parece haber estado atada a sus convicciones o reacciones. 

Algo que de momento nos lleva a resignificar al propio Kissinger y pensar que, quizás, Donald Trump no tenga amigos ni enemigos permanentes, sólo intereses.

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales